“No está vigente la Ley de Emergencia Económica en la provincia de Buenos Aires” señaló el titular del Bloque de senadores de la UCR, Carlos Fernández. Fue en respuesta a las afirmaciones del titular de la Cámara alta
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El radicalismo tomó partida en la interna bonaerense, al menos, en lo que respecta a la controversia por la existencia de la emergencia económica en la provincia. El titular del Bloque de senadores de la UCR, Carlos Fernández, planteó esta tarde que no está en curso, en contraposición a la postura del vicegobernador Gabriel Mariotto.
Fernández explicó que “la ley 12.858 por la cual la provincia adhirió a la ley de emergencia nacional (ley 25.561) no se encuentra vigente actualmente porque expresamente esta establecido en su articulado que la misma existiría mientras haya emergencia provincial, dispuesto oportunamente por la Ley 12.727, emergencia que fuera prorrogada por un año y que posteriormente la Suprema Corte de Justicia determinó su inexistencia en un fallo a mediados del 2003”.
“Independientemente de lo expuesto y de un debate absolutamente estéril dentro del oficialismo, el aguinaldo sigue sin pagarse y ninguna ley de emergencia hará aparecer el dinero para pagarle a los trabajadores”, expresó.
“Exigimos que no nos tomen de rehenes a los bonaerenses para una lucha interna y que el ajuste no se produzca por el lado de los más débiles. El simple acuerdo entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires puede habilitar varias vías para solucionar este problema en forma inmediata”, sostuvo Carlos Fernández.
SALIDAS DEL RADICALISMO
Fernández planteó una serie de alternativas con las que se podría solucionar el problema financiero que adujo el sciolismo para fragmentar el pago de los aguinaldos. Por un lado, planteó la posibilidad de “utilizar el excedente de recursos que genera el incremento del precio de la soja”.
A su vez, también propuso “pagar los intereses y diferir el pago de capital de los BODEN 2012 aprovechando la existencia de un mercado financiero internacional súper líquido”.
La tercera opción que aportó Fernández fue la de “generar un fideicomiso que ofrezca como garantía, en primer lugar la coparticipación de las distintas provincias y como respaldo adicional, los 16.800 millones de pesos invertidos en acciones de empresas privadas y los 21.400 millones de pesos colocados a plazo fijo en el Banco Nación y en distintas instituciones bancarias por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional lo que permitiría obtener tasas razón”
