Luego que el jefe comunal, Camilo Etchevarren, denunciara al fiscal general Diego Esconda por no tomar medidas para evitar la comercialización de drogas, desde las entrañas municipales salieron a pegarle. Coletazos de un enfrentamiento sin sutura
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Dolores ve moverse el avispero político con mayor asiduidad desde que la designación definitiva del fiscal general dejó de ser un rumor para convertirse en una verdad inobjetable.
Ya en el inicio de la disputa, el intendente Etchevarren había salido con los tapones de punta a polarizar la escena y castigar a la autoridad judicial interina en el cargo, Diego Esconda, por no investigar la comercialización de drogas.
El Jefe sostuvo en ese momento que Esconda no había realizado operativos y que “no había hecho grandes esfuerzos” para combatir el avance de la problemática en el municipio de la Quinta.
"Todo el mundo sabe quién vende droga en Dolores y no ordena allanamientos", sentenció el pope que solicita el Jury de enjuiciamiento para el fiscal.
Ahora, recibió el rebote de su ráfaga desde el mismo Concejo Deliberante alentando el enfrentamiento político y judicial. Desde el Pro, el concejal Sebastián Tamagno cruzó al representante municipal sumando así un nuevo capítulo a este entuerto.
Sin guardarse nada, sembró dudas sobre las reales intenciones del mismo Etchevarren de querer combatir el flagelo de las drogas. "Lo primero que me viene a la memoria es que empezó haciendo apariciones periodísticas hace un tiempo sobre esto. Y pensamos que el error o la falacia más grande de quien se dice preocupado por este tema, como el intendente, es hacer lo que hace", indicó.
"Si realmente estuviera tan preocupado como dice estarlo por el problema de las adicciones, y si manifiesta saber que se han producido varias muertes de adolescente vinculadas al tema de drogas, hace mucho tiempo que tendría que haber bajado a patadas la puerta del gobernador”, cargó con todo el macrista.
“No queremos más que la Secretaría de Adicciones dependa del Ministerio de Desarrollo Humano, sino que vuelva a pertenecer al área de Salud", imputó el edil perteneciente a la tropa amarilla.
Hasta este el cruce, la información apuntaba que el ejecutivo tenía cercado el acuerdo con el bloque de Unión-PRO para aprobar el pliego que confirmaba el juicio a Esconda, sin embargo el guantazo evidencia la erosión del pacto y la aparición de un nuevo conflicto en puerta.