29 de diciembre de 2010
INSEGURIDAD BONAERENSE
Sueño pesado que sale caro
Los últimos años de la gestión reflejan, desde la calle y desde los números, anuncios de arena y proyecciones vacías. Ministros que pasan y choques con Nación por el territorio. Hechos consumados, mandatos consumidos
Despoblar las cárceles, generar alcaldías para descomprimir las comisarías, quirúrgica prevención y limpiar la fuerza son estrofas de un casete gastado y manipulado. “Tapar con un dedo el sol” puede ser la etiqueta que rotule los años transcurridos en el manejo de la seguridad y la justicia de la Provincia.
Entre el breve lapso de Juan José Álvarez en el área (en 2001 y 2003) y la sustitución de Raúl Rivara, ministro de la Cartera durante el período de gobernador de Felipe Solá, pasaron León Arslanián (que cumplió funciones entre 2004 y 2007, por una imposición del presidente Néstor Kirchner a Solá, desbordado tras el asesinato de Axel Blumberg), Carlos Stornelli (que condujo en 2009, con 75 delitos denunciados por hora en la provincia de Buenos Aires) y el ahora encargado, Ricardo Casal, ligado a la alta exposición pos hechos consumados.
La dinámica de estos años fue marcada por la explosión de sucesos violentos, pero principalmente por las descargas de los ex funcionarios hacia los actuales y de éstos hacia los “viejos”, enrostrándose los males habidos en el dominio de las políticas. Los más encendidos fueron los protagonizados por Arslanián y Stornelli, mandatos apurados por las estadísticas judiciales: durante la primera mitad de 2004 hubo 148.488 delitos, mientras que en el mismo período en 2009 se produjeron 324.249.
Siguiendo fielmente la línea editorial de la Nación, de reunir Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, la Provincia optó para el ensamble ministerial por la figura de Ricardo Casal, en ese momento funcionario máximo de Justicia. El argumento fue que era “más proclive a los consensos” que el saliente Carlos Stornelli, socavado por el caso Pomar y la escasa conexión con los intendentes y miembros del gabinete sciolista.
Ya con Casal en la conducción, el sol no asomó. Sus caballitos de batalla para impresionar fueron las transformaciones en los penales bonaerenses y la creación de alcaldías para descomprimir la superpoblación de las comisarías. No obstante, la huella que quiso dejar sólo encontró barro, quedando preso entre las paredes de sus aseveraciones y cifras elocuentes: hay 192% más de detenidos de los que el sistema está en condiciones de soportar, con 15.600 plazas contra casi 30 mil privados de su libertad; y en las dependencias policiales, según datos de 2009 y 2010, se anidan más de 4 mil reclusos, con un desborde del 300% de la capacidad en algunas departamentales del Conurbano.
El contrapunto a estos excesos, es decir, una irrisoria operatividad, tampoco le acarrean aire a la gestión. El caso Piparo y el golpe al blindado en la Panamericana se adosan al ataque de un grupo comando a una seccional de Glew, en Almirante Brown. Once detenidos fueron liberados, algunos con un prontuario “pesado”, ante la presencia de sólo cuatro efectivos encargados de la custodia de 29 reclusos.
Sin “mea culpa” y la pulseada “arriba”
La cuestión de la seguridad se ha tornado así en un tema de Estado, pero no por la urgencia demandada por los hechos, sino por la andanada de estiletazos asestados entre Provincia y Nación.
Los cambios gestados en el ámbito nacional, con el desdoblamiento ministerial y la designación de Nilda Garré en Seguridad, trajeron aparejada la decisión del Ejecutivo nacional de pisar la cancha bonaerense para marcar límites. Sin embargo, ambas esferas se cerraron en un denominador común: el vacío de las conducciones que siempre llegan tarde.
El nuevo capítulo de la puja por la territorialidad de los poderes y las fuerzas se escribió con los cuatro gendarmes atacados a balazos en Lanús, horas después de que Cristina Fernández lanzó, en La Matanza, el plan de seguridad con 6 mil efectivos. Programa destinado a reforzar tareas de control en las rutas y estaciones de trenes bonaerenses en zonas “calientes”, como el barrio Ejército de los Andes (Fuer-te Apache) y la villa La Cava.
Desde el ministerio que conduce ahora Garré mantienen la hipótesis de que la Bonaerense está detrás de los ataques. El lanzamiento del Operativo Independencia y el posible coto de presuntos delitos encubiertos por mafias policiales serían las causas de la agresión. “Alguien mandó el mensaje para que no se metan en su territorio”, aseguraron.
Con el correr de los días, en el ministerio de Seguridad se engendró la idea de la operación política, ya que, según señalan, las pistas conducirían a pensar en un aviso de policías bonaerenses contra el uso de los gendarmes en su territorio. Esa idea se apoyaría en la forma en que resutaron heridos: fuentes nacionales relataron que los disparos no fueron hechos “al bulto”, ya que las descargas buscaron impactar en las partes no protegidas por los chalecos antibalas. También se destacó el conocimiento sobre tiro, el uso de armas 9 mm -como las reglamentarias policiales- y disparos realizados desde varias posiciones.
Es que el Operativo Centinela puede ser leído como una provocación al peso específico de la Bonaerense. Además, en el armado primario de la estrategia la Fuerza no tuvo participación, hasta que el gobernador Daniel Scioli consiguió introducirla en la organización de las planillas de patrullaje de la Gendarmería.
A la par, los gendarmes no querían mantener vínculo alguno con los bonaerenses. Experiencias negativas de años anteriores, en operativos de menor escala en el Gran Buenos Aires, resultó el argumento esgrimido. Sin embargo, se construyó una mesa de coordinación operativa.
“A nosotros no nos quedan dudas de que algún sector de la Policía Bonaerense mandó el mensaje de lo que puede pasar si los gendarmes se meten mucho en su territorio”, ventiló una fuente de la seguridad del Estado.
Por ahora, en el ministerio de Seguridad entienden que les “tiraron” los primeros heridos. Desde la cartera bonaerense indicaron que se trató de una desafortunada coincidencia, y días después, negaron el ataque, cargando las tintas sobre el accionar conjunto de las fuerzas.
Como reacción a lo que consideran un ataque provocado para intimidar, la Gendarmería recibió la orden de no esperar hasta el 1° de enero para desplegarse, y desarrollar esta semana operaciones sorpresivas a criterio táctico (ver nota de análisis relacionada: “La Bonaerense, el nuevo objetivo de Garré” -página 50-).
La pelota circula sin control de un bando hacia otro. De víctimas y victimarios. Las gestiones desensillan antes de cabalgar. El sueño pesado arrastra fantasmas ya convertidos en una radiografía social.