22 de diciembre de 2010
SEGURIDAD
Navidad, paquete de leyes y guantazos ciegos
El cierre del año y el inicio del próximo electoral cargó de urgencias y responsabilidades al ministerio de Seguridad y Justicia provincial. Con el intento de conducir una crisis que flanquea la gestión, Ricardo Casal presentó ante el Senado un proyecto con cinco leyes para ser tratado en “extraordinarias”. Los planteos de cada punto con su correspondiente contrapunto
Seguridad y Justicia se ha ido tornando a través del tiempo y por la fuerzas de las problemáticas sucedidas en una verdadera cuestión de Estado. Con un sentido ya literal y sin el teoricismo que a los representantes políticos les gusta entonar.
Primero la Provincia, ahora la Nación y hoy, otra vez Provincia. Las gestiones buscan accionar y resolver en un tiempo especial del año, centralmente porque ya no hay mucho hilo en el carretel político ni legislativo. Y eso es lo llamativo. O no.
Los Gendarmes en el Conurbano (política compartida por Nación y Provincia) son una muestre evidente de ello. Seis mil efectivos dispuestos para “custodiar” las zonas más calientes y conflictivas de GBA, parece ser el Plan A para borrar progresivamente o “dar la sensación de” que se planificó realmente dar la lucha para reducir la andanada de hechos consumados que afectaron y afectan socialmente.
Ahora, con los reflejos ciegos del boxeador que pega un guantazo cuando le madura knockout, Ricardo Casal se tomó un tiempo, justo cuando arrecian las fiestas y el imaginario social se corre de las problemáticas descriptas, para presentar ante la Cámara alta bonaerense una “batería” de medidas con el mandato de ser aprobado en lo posible en sesiones “extraordinarias”.
Las cinco iniciativas urdidas del Ejecutivo provincial apuntan a diversos escenarios, pero principalmente intentan torcer el destino de una gestión cansada de correr detrás de los hechos.
Uno de los puntos, propone mejorar las condiciones de encarcelamiento y los regímenes de salidas transitorias y libertad condicional. Este nódulo está atravesado por una sentencia de la Corte Suprema, del año 2005, que había condenado a la Provincia por el estado de superpoblación, violencia e insalubridad de sus cárceles y comisarías, y había establecido estándares mínimos sobre condiciones de detención y prisión preventiva.
El gris en este marco pasará por ponerle coto al escenario de hacinamiento gestado en la mayoría de los penales provinciales, finiquitar el maniqueo del “dos por uno” donde las penas no se cumplen efectivamente tirando por tierra los fallos judiciales, y ejercer realmente un control directo –tanto policía como el Servicio Penitenciario- sobre las salidas sin control a discreción.
La segunda medida esbozada buscará favorecer la reinserción laboral de los liberados, con un cupo laboral del 2% en la administración pública, con la adhesión de los municipios. Esto traería beneficios para los empleadores privados que contraten a liberados, que serán del 50% de las remuneraciones nominales que perciban como pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos. También otorgaría ventajas en los puntajes de las licitaciones a las empresas que tomen ex presidiarios.
El escenario a develar en este punto será especificar con precisión quirúrgica
de qué tipo y cómo serán las compensaciones a los privados. Sin un marco regulatorio, sería más ventajoso para todo el mercado contratar a un ex convicto aprovechando las prerrogativas de la exención impositiva.
El tercer objetivo del proyecto será la creación de un cuerpo de investigadores judiciales. En este aspecto, debe analizarse desde qué rama llegarán pero principalmente desde que línea serán formados y capacitados. Es decir, si se continúa la bajada actual desde el manual institucional de la policía, se podría seguir reproduciendo el mismo estado de situación que hoy erosiona a la gestión.
La protección de testigos bajo reserva de identidad es una medida novedosa. No obstante, tuvo que producirse la desaparición Julio López, para tomar nota que el aparato represivo se mantiene intacto, y, debido a las purgas policiales constantes, con mano de obra desocupada especializada. Esta iniciativa se lee como un modo de atacar la consecuencia y no la causa, “como correr detrás de los hechos”.
El último punto destaca la descentralización del Tribunal de Casación Penal, con cinco salas más, que pasarán de ser seis a once. Cinco estarán en La Plata con competencia territorial de los departamentos judiciales de La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón y Quilmes.
El gris en este plano pasará por crear también a la par una nueva burocracia, nuevos organismos que pueden continuar con el debilitamiento del atestado sistema judicial bonaerense.
Entre el pan dulce y las sesiones relámpago, la Provincia intentará aprobar este paquete de medidas, que algunos esperan cobre existencia y no se quede en la categoría de “paquete”. Urgencias y más necesidades. La Cartera muestra acción en un tiempo donde la pasividad política y legislativa empieza a ganar terreno. Los tiempos electorales que arrecian y en el medio, un guantazo ciego en la penumbra del día a día.