Según se denunció, alambraron veredas para emplearlas como camino de seguridad y ahora los vecinos deben circular por la calle. A cambio, pagará una multa de 80 mil pesos anuales durante 5 años y donar un terreno para la construcción de una plaza pública. Imputaciones e instrucción penal
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El Concejo Deliberante de Pilar convalidó por mayoría la ocupación de 3 mil metros cuadrados de veredas públicas por parte del country Mapuche.
La medida le dio un encuadre legal a una situación de hecho que se venía dando desde hace más de un año, cuando el consorcio de urbanización del country decidió alambrar buena parte de las veredas que circundan su perímetro para usarlas como camino de seguridad. Además instaló en ese espacio garitas y cámaras en lo que alguna vez fue la vereda pública.
Los empresarios y el Municipio llegaron a un acuerdo por el cual el barrio cerrado se queda con el espacio alambrado, a cambio pagarle al fisco municipal 80 mil pesos anuales durante los próximos 5 años. También deberán comprar un terreno para la realización de una plaza pública.
El caso mereció una denuncia penal por usurpación de inmueble que tramita en la UFI Nº 4 de Pilar, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, presentación que fue realizada por el ex candidato a intendente Gabriel Lagomarsino.
El 4 de noviembre, el secretario de esa fiscalía, Gabriel Hartmann, requirió al área de Catastro municipal que informe si existió alguna autorización para que el Mapuche “extendiera sus límites sobre el espacio públicas en las arterias Alem y Derqui”. La requisitoria fiscal nunca fue contestada por el Municipio.