19 de diciembre de 2010
¿QUIÉN SE HACE CARGO?
Necesidad y usurpaciones, cóctel añejo y explosivo
La toma de terrenos en la provincia de Buenos Aires no comporta una problemática de tiempos actuales, por el contrario, viene de arrastre y agigantándose debido al incremento de la cantidad de habitantes que no posee un espacio propio donde vivir. Las cifras oficiales ya cuentan un millón de bonaerenses inmersos en esta franja
Más allá de Villa Soldati, Villa Lugano o Quilmes, a lo largo del año, las ocupaciones de terreno se sucedieron a lo largo de la provincia.
Desde el gobierno provincial cuantificaron la situación: alrededor de un millón de bonaerenses presentan problemas habitacionales. Del total, 300 mil necesitarían una vivienda pura porque su casa actual es irrecuperable. Mientras que 700 mil que pueden ampliar, refaccionar o mejorar algún ambiente y con eso resolverían su problema. Todo esto siempre bajo la órbita de las estadísticas de los organismos estatales, con lo que ello implica y con números fueron tomados en septiembre, habiendo posibilidades de aumento de la demanda.
Varios son los programas del gobierno nacional y provincial creados para subsidiar la construcción de barrios. El Plan Federal es uno de ellos, y varias son las localidades bonaerenses beneficiarias del mismo. Sin embargo, muchas de las tareas debieron ser postergadas e incluso suspendidas, a causa de los retrasos en los pagos por parte del gobierno K. Esta situación claramente deja en una incómoda posición a los intendentes municipales que deben responder ante los adjudicatarios.
Con esta falta de respuesta, varias son las familias que, ante la desesperación, optan por la usurpación. Uno de los casos que más repercusiones ha tenido, al respecto, es el de Balcarce, donde viviendas del mencionado plan fueron usurpadas dejando a los adjudicatarios solo con la promesa de un hogar propio.
Incluso la Justicia, ante una presentación judicial del responsable de la constructora, Daniel Fernández, dictaminó que no hubo usurpación ya que no hubo violencia en la ocupación de las moradas, ya que los vecinos que ingresaron allí lo hicieron engañando al sereno.
En Tandil, por ejemplo, 50 familias ingresaron a las casas aún en construcción del Barrio Smata. Tras haber intentado solucionar el problema de diversas maneras, el Intendente Miguel Lunghi decidió la intervención de la Justicia. Sin embargo, no fue el único caso que debió enfrentar la localidad, ya que con anterioridad fueron ocupadas viviendas del Plan Federal, lo que derivó incluso en una carta documento al Gobierno Nacional, ya que la ocupación se produjo a causa de un parate en las obras, motivada por la falta de partidas.
Otras localidades como Coronel Pringles, debieron suspender sus actividades por la ausencia de fondos e incluso los empleados de construcción fueron despedidos.
Sin embargo, otra fue la suerte de barrios en construcción de Chacabuco, Adolfo Alsina, La Plata, Pergamino, Bahía Blanca y Mar del Plata, entre tantas otras, donde los respectivos intendentes deben aún afrontar los inconvenientes con los vecinos que han decidido ocupar por falta de respuesta a sus reclamos, y con aquellos otros que ya habían recibido la promesa de recibir un techo.
En el último tiempo, dos casos más se dispararon en la provincia de Buenos Aires. En San Pedro, por ejemplo, los vecinos ocuparon 7 terrenos, pidiendo respuestas a un reclamo de larga data. El intendente, Pablo Guacone, denunció que por detrás había "intentos desestabilizadores" y hasta pidió la intervención del gobernador Daniel Scioli y el Ministro del Interior Florencio Randazzo.
En tanto, se multiplicaron las tomas de terrenos en Quilmes, y aunque también hablan de organización política, el problema es mucho más complejo que la simple "operación". El Jefe comunal, “Barba” Gutiérrez expresa ánimos de negociación pero por ahora no logró resolver la problemática.
En total, las cifras oficiales hablaban al principio de 2010 de más de 2.500 viviendas ocupadas de manera ilegal, al menos correspondientes a planes estatales. Fuera de éstos, la situación es desesperante, y ante urgente demanda, las respuestas parecen atinar sólo a gestar enfrentamientos entre pares sociales, y evidenciando más que nunca la ausencia del Estado. O más grave aún, queriendo esquivar la pasividad, fogonean a las fuerzas de seguridad para “reinstalar el orden”, generando verdaderos hechos represivos.