Concejales piden la separación de funcionarios. Es por haber abonado a la empresa encargada de remolcar vehículos en infracción los pagos mensuales de 2009 con el contrato ya vencido. Las sumas mensuales eran de 20 mil pesos y el total pagado con el convenio extinto llegó a 188 mil pesos
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Los vínculos de ATGE Honderd Consulting S.R.L. con la localidad de Moreno se remontan al año 1999, cuando se implementó el servicio de estacionamiento medido.
A los tres años, el convenio resultó modificado, y la firma quedó a cargo de la remoción de automotores en la vía pública por diversas infracciones de tránsito. Como retribución percibiría el 3% del monto total de las multas aplicadas. En 2009, en promedio, el pago ascendía a unos 20 mil pesos mensuales.
El expediente N° 29.181/09 ingresó al Concejo Deliberante el 20 de noviembre del mismo año. En éste, el ejecutivo solicitaba la extensión del contrato que unía al distrito con la empresa, ya que el acuerdo con la municipalidad había vencido en febrero del 2009. “El convenio se prorrogó de facto”, denunció Marcelo Argentino, concejal Frente CC. “La Subsecretaría de Legal y Técnica el 15 de diciembre de 2008 advierte que finalizaba el vínculo, y recién el 12 noviembre de 2009 acompaña el pedido del acto de prórroga”, apuntó.
Diez meses después de extinguida la relación llegó el proyecto de ordenanza ante los ediles para que avalaran su extensión, pero mientras tanto, según denuncian, desde la comuna se siguió abonando hasta octubre la prestación del servicio público sin ningún respaldo legal, figurando ocho pagos por un monto total de 188 mil pesos.
La Comisión de Asuntos Legales inició la investigación de las irregularidades detectadas, por las cancelaciones parciales realizadas sobre un contrato caduco. Convocó al secretario de Economía, Marcelo Martinelli, quién llegó acompañado por la contadora municipal Marcela Stile. Los funcionarios explicaron un “abono legítimo”, pero no conformaron a los concejales.
Posteriormente, la mira se posó en la secretaria de Gobierno, Patricia Jorge. Su citación gestó dos posturas en el Concejo: seis que votaron a favor de la interpelación y los restantes argumentaron que la irregularidad en el expediente estaba “más que demostrada”. La funcionaria no concurrió del miércoles 1º de septiembre.
La imputación de la totalidad de los legisladores destaca la injerencia “evidente” de las secretarías de Economía y Gobierno. Los dictámenes rechazaron la ordenanza para la extensión del vínculo contractual, indicaron la nulidad de los pagos, y solicitaron a la Honorable Tribunal de Cuentas y a la UFI de Delitos Complejos de Mercedes, que investigue la posible comisión de un ilícito, “recomendando” la separación de sus cargos.
Hoy, el secretario de Economía, Marcelo Martinelli, continúa en el cargo; la contadora Marcela Stile renunció (por otro motivo) ; y la secretaria de gobierno, Patricia Jorge dimitió y asumió como concejal, función en la que estaba licenciada.
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