15 de noviembre de 2010
ACORRALADO POR LA JUSTICIA
Hugo Moyano, ¿cerca de chocar el camión?
El titular de la CGT quedó más cerca del juicio oral y público en una causa en la que está acusado por los presuntos delitos de "calumnias a injurias", por descalificar a un ex perseguido político que denunció sus supuestos vínculos con la Triple A. Al mismo tiempo, el juez Bonadio recibió hoy las pericias que demuestran que son “apócrifos” los troqueles de un medicamento presentados por la Obra Social de Choferes de Camiones en el marco de la causa “la mafia de los medicamentos”
Hugo Moyano, a quien todos señalan como el principal foco de conflicto que deberá resolver la oposición en caso de llegar al poder en 2011, acumula reveses judiciales por distintas causas. La pregunta por "quién le pondrá el cascabel a Moyano" parece tener, finalmente, alguna respuesta.
La primera de las denuncias contra Moyano fue formulada por Carlos Enrique Petroni, un ex dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en los '70 que se sintió agraviado cuando el líder de los camioneros lo habría descalificado en base a una solicitada.
Petroni denunció ante el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga los crímenes atribuidos a la Triple A, y en uno de los "juicios por la verdad" que lleva adelante un tribunal marplatense, que Moyano tuvo en su juventud relación cercana con dos agrupaciones vinculadas con la organización paramilitar de ultraderecha: la Concentración Nacional Universitaria Peronista (CNU) y la Juventud Sindical Peronista (JSP).
Cuando en 2008 esos relatos trascendieron a la prensa, un hermano de Petroni, Fernando Héctor, firmó una solicitada publicada en el diario Clarín y presuntamente pagada por el sindicato de Camioneros, desmintiendo tales supuestos vínculos.
Sobre esa solicitada se basó Moyano durante un seminario en la Biblioteca Nacional para negar sus supuestos vínculos que la banda que lideraba José López Rega: "El hermano dijo que el testigo está enfermo, así que no se puede tener en cuenta lo que dijo".
Fuentes judiciales revelaron a DyN que dos recursos interpuestos por Moyano en las últimas semanas fueron rechazados por la Justicia, lo que dejó al proceso -que ya está en "etapa de plenario"- en condiciones de celebrar el juicio oral.
El abogado de Moyano, el ex juez Daniel Llermanos, apeló una decisión judicial de mantener abierta la causa, pero ello fue rechazado porque debió formular el pedido ante la Cámara Nacional de Casación Penal y lo hizo ante otro tribunal.
También planteó una "caducidad de instancia" porque, arguyó, la causa no tuvo impulso por la querella entre febrero y mayo de este año, pero el argumento tampoco fue aceptado porque en ese lapso el expediente estuvo a estudio del juez y, por consiguiente, no hubo paralización.
Por otra parte, el juez federal Claudio Bonadio recibió hoy las pericias que demuestran que son “apócrifos” los troqueles de un medicamento presentados por la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) ante la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud para cobrar reintegros por tratamientos médicos complejos.
Se trata de un estudio scopométrico realizado por el Instituto Nacional de Alimentos y Medicamentos (INADE), con la colaboración de la Gendarmería Nacional, que determinó que son “troqueles apócrifos” los correspondientes a un medicamento, ERBITUX, para enfermos oncológicos con cáncer de colon, en sus variantes de 50 y 100 mililitros. En cambio, los de 20 mililitros que se peritaron son auténticos, según confirmaron los voceros consultados.
La causa fue iniciada por el dirigente sindical Juan “Pata” Medina. A principios de noviembre, el líder de camioneros Hugo Moyano había sufrido otro revés cuando la Cámara Federal confirmó la validez de la pericia encomendada por Bonadío para investigar si OSCHOCA cobró reintegros indebidos del Ministerio de Salud de la Nación.
Ante esta resolución, nuevamente el abogado del secretario general de la CGT, Daniel Llermanos, planteó en su momento la nulidad de la decisión del juez Bonadío sobre la orden de la pericia, al cuestionar que no se le hubiese permitido estar presente en la declaración testimonial de la experta María Butti.
Luego, los camaristas federales Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron que Bonadío “ha ordenado una medida de prueba con arreglo a sus facultades discrecionales como director de la pesquisa y a los objetivos concretos que la ley establece para la instrucción”.