5 de noviembre de 2010
COVELIA JUEGA SUCIO
Una bolsa de problemas
Concejales de la CC y el PJ denuncian irregularidades en el contrato. Afirman que no habría existido una competencia leal en la licitación, al amparo de Díaz Pérez. Silencio oficial ante un convenio que insume el 30% del presupuesto municipal y ya lleva 160 millones de pesos abonados
Desde 2002, en tiempos de gobierno de Manuel Quindimil, Covelia S.A. presta servicios de recolección de residuos en Lanús. Actualmente es un negocio que año a año le reporta a la firma 80 millones de pesos, sumados a 160 ya abonados, que, según los denunciantes, “nunca tendrían que haberse pagado”.
Un manto de sospechas cubre al vínculo entablado por la empresa y el intendente, Darío Díaz Pérez. Según apuntan los de-nunciantes, el contrato estaría viciado de origen porque no cumple con uno de los principios básicos para que una licitación sea válida, que es el de igualdad de los oferentes. Es decir, no habría existido una competencia perfecta en las mismas condiciones para Covelia y CLIBA, el otro oferente.
Las denuncias son a raíz de que el pliego original de licitación determinaba una zona experimental para la separación de origen de los residuos, mediante el emplazamiento de volquetes. Ese punto constaba en la licitación, y correspondía que fuera cotizado por las empresas participantes. Al abrirse las ofertas económicas, el municipio llamó a una mejora, un recurso contemplado únicamente para situaciones de empate entre dos oferentes, la cual no existió en este caso. Esta oportunidad fue aprovechada por Covelia, que presentó una nueva oferta que contenía algunas modificaciones.
“Lo que hace esta firma es decir que, como está prestando el servicio y tiene experiencia y la concesión, hace una bonificación del 3% de lo que ofrece por día. Cotiza esta zona experimental como recolección común, por lo tanto, nunca se llevó a cabo la separación de origen”, explicó a La Tecla el concejal Mariano Amore (CC).
El Tribunal de Cuentas de la Provincia tomó nota de esto y notificó a la comuna sobre las irregularidades detectadas en el proceso. “Lo que dice el Tribunal es que allí se modificó el pliego, porque lo que hizo Covelia fue bonificar el 3% para que le sa-quen algo que está en las bases y condiciones, cuya incidencia en el costo era del 15%; por lo tanto, se le está dando plata a la em-presa. Si CLIBA impugnaba, esto no pasaba, pero no impugnó”, agregó el edil.
Primeras consecuencias
La postura del bloque opositor se centra, primero, en probar la ilegalidad del vínculo que insume el 30% del presupuesto municipal. Luego se manejan instancias alternativas, como una comisión investigadora o avanzar por la Justicia, a través del Contencioso Administrativo, en caso de que no se quiera anular la relación entre las partes.
No sólo la Coalición Cívica está embarcada en este proceso. Omar López, concejal del PJ, clava el ojo en un punto particular de la prestación desarrollada entre el municipio y Covelia: la superposición del servicio.
Concretamente, el edil denuncia que se habrían efectuado dos convenios idénticos para una misma función, en un corto pe-ríodo de tiempo. “Se hizo un contrato de recolección de residuos domiciliarios en todo el partido de Lanús y a los cuatro me-ses se hace un contrato a la misma empresa de camiones para recolección de residuos domiciliarios; es una irregularidad bastante significativa”, resaltó López.
Conjuntamente se enmarca como una regularidad en la gestión el mecanismo de no favorecer la competencia perfecta entre las empresas. “Otra cuestión es no tener bien especificada la utilización de los oferentes que figuran dentro del municipio. Esto está cargado, y vos tenés siempre dos empresas o tres empresas y tres licitaciones que se reparten”, indicó el representante justicialista.
Asimismo, denuncian incumplimientos en el desarrollo del servicio, que bloques opositores califican como “deficitario”.
En tanto, la responsabilidad primaria no sólo se le endilga al poder comunal, sino también a la comisión preadjudicadora, que fue la que determinó la mejora de oferta y “vulneró todo el proceso licitatorio”, según palabras de Mariano Amore.
Al igual que revista La Tecla, los legisladores de Lanús no encuentran todavía respuesta alguna del intendente, Darío Díaz Pérez, ni del presidente del HCD, José Luis Pallares. Según imputan, “hacen mutis por el foro”, al igual que los concejales de oficialismo. “Dicen que se basaron en la ley de Obras Públicas, y ésa es una burrada, porque esto no es obra pública, sino un servicio”, sentenció Omar López.
VER NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN Nº 387 DE REVISTA LA TECLA