El diputado Horacio Piemonte y el senador Daniel Expósito, ambos de la Coalición Cívica, presentarán una denuncia penal contra el Gobierno provincial por el caso de una fábrica recuperada cuyo dueño solicitó al Estado una indemnización de 101 millones, que fue otorgada, cuando tiempo atrás la Fiscalía del Estado la había tasado en 26 millones
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La reciente rúbrica de un decreto por el cual el Gobernador otorgó al empresario Ignacio Wasserman 101 millones de pesos como indemnización por la toma de su fábrica –una empresa metalúrgica de Vicente López- por parte de sus trabajadores, desató la polémica debido a que la Fiscalía del Estado había tasado a la empresa en apenas 26 millones.
El caso comenzó a gestarse en 2003, cuando el dueño de la empresa solicitó al Estado una indemnización por 102 millones de pesos por la toma de su fábrica, la cual fue desestimada. En esa ocasión, la Fiscalía del Estado tasó a la empresa en 26 millones de pesos.
El 26 de julio, el gobernador Scioli firmó el decreto autorizando el pago de la indemnización a la empresa, por 101 millones de pesos, para lo cual dispuso de una partida especial en el actual ejercicio del presupuesto. El decreto lleva el N°1.234 y también fue rubricado por el ministro de la Producción, Martín Ferré.
“Vamos a presentar una denuncia penal para que la Justicia investigue los decretos que firmó el Gobernador en los que habilitó el pago”, afirma Horacio Piemonte, que junto a Daniel Expósito son los autores de la denuncia.
“Por un lado está el tema del pago: el dueño presentó el pedido de indemnización por 102 millones y la Fiscalía de Estado la tasó en 26. Al día de hoy salio un decreto del Gobernador habilitando una orden de pago por 101 millones, prácticamente concediendo lo que pedía el dueño y contradiciendo el informe del perito de la Fiscalía”, explica.
Hay más. Según Piemonte, el valor de mercado no superaría hoy 15 millones de pesos; “no se podría vender por más”, analiza.
El segundo punto tiene que ver con que la decisión del gobierno de Scioli, que habría sido avalada por la Fiscalía de Estado pese a su dictamen anterior. “Contradice todo lo que viene diciendo el Gobierno y la Fiscalía en los últimos años para casos de expropiaciones y expropiaciones inversas –el caso en que dueños no pueden usar sus fábricas porque pertenecen a empresas recuperadas-, que todos los pedidos han sido rechazados”.
Los motivos esgrimidos hasta aquí son dos: el Estado dice que no es correcto que se reclame a él, puesto que la expropiación no está de ninguna manera dentro de un marco legal. Correspondería, entonces, que la empresa iniciara acciones legales contra los trabajadores. El segundo motivo es más ordinario: falta de fondos.
Piemonte estima que con 50 millones de pesos podrían cubrirse las indemnizaciones de todas las fábricas recuperadas de la Provincia. En ese punto, el entuerto de la metalúrgica hace más ruido aún.
En cuanto a la denuncia, Piemonte puntualiza: “estamos pidiendo que se investigue porque nuestra presunción es que hay un fraude al Estado y entendemos que hay hechos de corrupción en el medio, así que es imposible que se pague un sobreprecio semejante por algo que no se viene haciendo en 10 años. No se puede pasar de no poner un peso a poner 100 millones por encima de lo tasado. Hay que investigar un fraude contra el Estado, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público”.