7 de octubre de 2010
PRESUPUESTO 2011
La oposición muestra los dientes para hacerse sentir
En la discusión de la Ley de Leyes, diferentes bloques intentarán posicionarse políticamente. Pretenden
quitarle al Ejecutivo la facultad de reasignar partidas y que no integre al IPS a la Administarción Central. Son puntos clave para el oficialismo. Interesante tire y afloje
Si se empezara por el final, debería decirse que solamente una catástrofe política, demasiado ajena a los usos y costumbres de una oposición mansa, privaría a Daniel Scioli de contar con su presupuesto 2011. También debiera esperarse un cambio de actitud drástico como para imaginar que la Ley de Leyes, cuyas puntadas finales se dan en el ministerio de Economía, sufriría sustanciales modificaciones en la Legislatura. Pero el oficialismo afrontará arduas negociaciones para no tener que ceder en aspectos clave, frente a una oposición decidida a marcar la cancha en la previa al año electoral.
Restricciones a las facultades especiales que permiten libre reasignación de partidas, despegar al Instituto de Previsión Social (IPS) del ítem de Administración General, y poner sobre el tapete el endeudamiento y el déficit, forman el combo con el que los legisladores no oficialistas esperan la llegada del presupuesto. Saben que será difícil imponer condiciones a endeudamiento y déficit, pero creen factible quedarse con la victoria en los otros planteos.
En el Ejecutivo esperan conservar tanto los superpoderes como la caja del IPS dentro del presupuesto general. Tienen otras armas para negociar, secretas, y disponibles para ser usadas en el momento preciso.
La oposición necesita hacer valer su número en conjunto. Reconocen los propios legisladores que la actual dispersión debe dejarse de lado si la intención es ganar alguna de estas batallas.
“Debemos hacernos notar, imponer alguna vez un tema como lo ha hecho la oposición en el Congreso Nacional, y esta es la oportunidad”, asevera a La Tecla uno de los impulsores del recorte a las disponibilidades presupuestarias.
“Políticamente es el momento adecuado para hacer sentir el poder político de la oposición en la Legislatura”, agrega otro legislador del arco más alejado al peronismo.
El gobierno provincial precisa del apoyo de otros sectores. Debe conseguir los dos tercios en ambas cámaras para el tratamiento de un presupuesto con endeudamiento. Desde esa perspectiva, algo deberá ceder, pero no querrá entregar puntos sensibles, capaces de complicar la gestión en un año con demasiadas cosas en juego.
El ministro Alejandro Arlía trata primero de cerrar todo con los legisladores oficialistas, a quienes luego les tocará la responsabilidad de consensuar la votación final. De todos modos, en las usinas legislativas se motoriza la factibilidad de un acompañamiento del peronismo a alguna iniciativa fogoneada públicamente por otros bloques, concretamente, el límite a la reasignación de partidas.
Si bien no hay una regla escrita, este año la Ley de Leyes ingresará por el Senado (en 2009 fue por Diputados), y eso podría facilitar las cosas para el sciolismo. En rigor, aunque tampoco en la Cámara alta el Frente para la Victoria tenga mayoría propia, alcanzar los acuerdos suele ser menos complejo que en Diputados, donde el número es mayor y los bloques, más numerosos y complejos. Además, es en la Cámara baja donde la ofensiva parece estar más preparada (al menos, conversada entre diferentes bancadas).
La estrategia de los legisladores de la calle 53 puede verse seriamente afectada si se encuentran con un presupuesto aprobado en el Senado sin los cambios que pretenden impulsar. En ese sentido, desde un sector de la oposición se asegura que “hay sincronismo entre los legisladores de ambas cámaras, e ingrese por donde ingrese se pondrán en discusión los temas que pretendemos discutir”. La historia permite dudar de esas precisiones. Y hay bloques que demuestran carecer de ese sincronismo.
Facultades delegadas
Recientemente, cuando se discutió la ampliación presupuestaria, en la Cámara de Diputados se anticipó la discusión que ahora toma cada vez más cuerpo. Desde la oposición intensificaron los cuestionamientos a la actual redacción de la ley 13.767 -de Administarción Financiera-, que en su artículo 37 da poderes plenos al Gobernador para cambiar partidas presupuestarias.
De inmediato se reflotó un proyecto del año pasado del diputado Abel Buil (GEN-PS); y Jorge Macri (Unión-PRO) también pidió cambios. El legislador Orlando Yans (Unión-PRO) propuso modificaciones a la norma, pero en otros artículos, aunque con el sentido de darle al Poder Legislativo un mayor control. En tanto, la senadora Malena Baro (UCR) se hizo eco en la Cámara alta.
Los proyectos difieren en cuanto a los límites de esas restricciones. Mientras Buil va por la máxima de recortar toda posibilidad de cambios de partidas sin habilitación legislativa, Macri establece la pauta de informes, y Baro pretende librar solamente un cinco por ciento del presupuesto para que el Gobernador pueda modificar especificaciones presupuestarias, con la limitación de prohibir pasajes de gasto de capital a gasto corriente.
Hasta el propio Buil reconoce que en la búsqueda de consenso deberá cederse desde todos lados, y fundamentalmente en la inflexibilidad planteada en su presentación. Desde todos los bloques de la oposición se coincidió en “poner freno a la distribución de partidas, porque si no el presupuesto termina siendo un dibujo que luego se puede modificar libremente”. También hay coincidencia en dejar un porcentaje liberado. El promedio en el cual podrían cerrar sería del veinte por ciento de disponibilidad sobre el presupuesto general.
De alguna manera, esta apertura y el no ir por todo podría ser la puerta a una negociación con la cual la oposición saldría a mostrar una victoria, pero el oficialismo no obtendría una derrota, sino la devolución de algunas facultades a la Legislatura.
Hay quienes pretenden tratar la modificación al texto de la norma de Administración Financiera antes de la votación de la llamada ley madre. “El presupuesto va a venir con la reasignación de partidas, por eso es necesario quitarlas del medio antes de la votación”, espeta un diputado.
Los tiempos, y principalmente la composición de la comisión de Presupuesto e Impuestos, hacen prever como improbable este acontecimiento. “Se va a discutir todo con la ley de Presupuesto, es una ley que permite modificar otras, por lo tanto, no tiene sentido discutir esto antes”, esbozan desde el oficialismo de ambas cámaras. Incluso en el Senado aseveran no conocer realmente estas intenciones de la oposición, más allá del mencionado proyecto de Baro.
Poner al IPS dentro del presupuesto de Administración General es una picardía del sciolismo que la oposición pretende desactivar (ver recuadro). Aun cuando sea prenda de negociación, antes de ceder un cambio en la consideración de la Caja de los jubilados bonaerenses, el gobierno buscará otras alternativas para el consenso. Y en ese aspecto, a priori, vuelve a surgir el tema de los superpoderes. Porque hay, como ya se dijo, un elemento esencial para avanzar en tal sentido: un buen número de oficialistas en la Legislatura ve con simpatía el recorte de facultades.
Sacarle la libre disposición de los fondos al Gobernador significa darle al parlamento provincial un elemento político clave en un año electoral. No solamente para los opositores. “Al oficialismo legislativo también le sirve esta iniciativa para tener un poco agarrado al gobierno”, se suele decir del otro lado de la vereda partidaria, donde se agrega: “No hay que olvidarse de que muchos muchachos el año que viene también se juegan mucho, tanto en sus distritos como para renovar su banca”.
A regañadientes, algunos confidentes del Frente para la Victoria aceptan la teoría como una realidad lógica en los tiempos presentes.
El presupuesto está casi a punto, a horas de salir del horno. Pero el momento más caliente de su preparación todavía está por llegar. Sea como fuere, bajo el actual panorama, es inevitable que alguna de las partes deba ceder algo.
Lea la nota completa en la edición de esta semana de La Tecla.