25 de septiembre de 2010
MEGAOBRA DEL DELTA
Entre el estilo millonario y una Provincia que omite
Aunque la jueza Arroyo Salgado estudia ordenar el cese de obras, el Ejecutivo bonaerense aún analiza el impacto ambiental y no considera que deba intervenir. El multimillonario proyecto de Colony Park recaudará 270 millones de dólares sólo por venta de terrenos. A la par, crecen gruesas acusaciones por daño ecológico y usurpación ante la Justicia Federal.
El multimillonario proyecto de Colony Park recolectará una onerosa suma sólo por la venta de los terrenos, y aunque la Justicia analiza frenar la ejecución de los trabajos, desde la provincia de Buenos Aires se sigue estudiando el impacto ambiental.
El proyecto “La Isla” tiene entre sus planes el emplazamiento de un country con ubicación privilegiada, el cual está desde hace tiempo en la mira porque los informes ambientales realizados detectaron graves daños ecológicos.
La jueza Arroyo Salgado solicitó la semana pasada a la constructora del empresario Gabriel Schwartz, toda la documentación que habilita las obras para construir este exclusivo “country flotante”.
Asimismo, exigió los estudios de impacto ambiental que nunca fueron aprobados por el ente de control medioambiental bonaerense, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS).
La semana próxima vence el plazo otorgado a Colony Park para que presente esos informes. De no hacerlo, Arroyo Salgado tendrá la posibilidad de hacer uso de la fuerza pública e interrumpir las obras.
La magistrada está a cargo en la querella que los isleños realizaron por "usurpación", "daños por estrago" y grave daño ecológico contra Colony Park. Los habitantes de la isla, en la demanda, también piden que se declare "ilegal" la venta a Colony Park por 30.000 pesos de las 400 héctareas.
Tras el pedido de la fiscal, Arroyo Salgado también requirió a la OPDS los informes de control ambiental que realizó en el lugar desde 2006.
Los informes de los años 2008 y 2009, habrían constatado que "se modificó el ecosistema", la "geomorfología" de la flora y fauna autóctonas, así como se observó la elevación del terreno, lo que transformaría a la isla en un "tapón" ante las crecidas fluviales.
Por esos informes, la OPDS no le otorgó a Colony Park la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para seguir adelante con las obras, pero igual continuaron.
Desde 2006, sólo la municipalidad de Tigre labró actas de paralización de obra y de contravención por más de 100.000 pesos. Más que eso no pudo hacer, debido a que el daño ecológico no prevé penas de prisión en la Argentina.
Actualmente, la investigación de impacto ambiental desarrollada por la Provincia de Buenos Aires se halla en estudio y hasta tanto no se cuente con un informe técnico, se advierte desde el poder provincial, que es prematuro hablar de daños ambientales.