Así lo señaló a La Tecla en Vivo (Cadena Río FM 88.7), el prestigioso abogado constitucionalista Félix Loñ. Además, afirmó que el gobierno nacional “tiene una ignorancia de la Constitución que es realmente sorprendente”, y que el matrimonio presidencial confunde las cosas por su “alarmante autoritarismo”
Compartir
En 1995 el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz, comandado por ese entonces por Néstor Kirchner, intervino sobre el Poder Judicial para echar a Eduardo Sosa, un procurador provincial que investigaba el derrotero de más de 1.000 millones de dólares que desparecieron del gobierno kirchnerista de entonces sin conocerse el destino o el curso que se le dio al mismo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia instigando al Ejecutivo provincial a reponer al doctor Sosa en su cargo, motivó una andanada de acusaciones por parte del oficialismo contra el máximo tribunal, al que se le imputó el querer “desestabilizar la provincia”.
En diálogo con La Tecla en Vivo (Cadena Río FM 88.7), el Doctor Félix Loñ, uno de los abogados constitucionalistas más importantes del país, señaló no recordar “un hecho de esta naturaleza, de desobedecer un fallo de la corte. Es un alzamiento contra un poder del estado”.
La indignación de la eminencia judicial lo llevó a aseverar que “el gobierno tiene una ignorancia de la Constitución que es realmente sorprendente. Desde la revolución de Mayo siempre existió una vocación de conformar una nación. El propio himno nacional argentino dice ‘y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud’. Siempre hubo una vocación de formar una nación”.
El intento de la oposición por intervenir la provincia sureña, a través de un proyecto presentado por la diputada Margarita Stolbizer, es algo que “la constitución prevé la intervención a las Provincias, no es un invento de la oposición. Las provincias pueden hacer su constitución de acuerdo al sistema representativo republicano y de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y también deben asegurar, bajo estas condiciones, que el Gobierno Federal garantice a las Provincias el goce de sus instituciones. Es decir que el constitucionalismo provincial es un constitucionalismo que se encuentra condicionado por la Constitución nacional”.
“La división de poderes consiste en que los tres grandes departamentos ejercen funciones que son exclusivas. Cuando la corte dicta una sentencia interpretando las normas y dice que hay que reponer al Doctor Sosa porque fue ilegalmente cesanteado, hay que reponerlo en el cargo y esto no se puede discutir”, remarcó Loñ.
Finalmente, el abogado constitucionalista criticó duramente al Ejecutivo, porque “acá el gobierno confunde las cosas, como consecuencia de su ya evidente y alarmante autoritarismo, y hace lo que le parece. Hay que hacer lo que le parece al PEN, por eso presiona a la corte con la ley de medios y le solicita que dicte una norma afín a los criterios del PEN”.
“Estamos en una situación de extrema gravedad institucional, con un gobernador que se alza contra otro poder del estado y un Gobierno nacional que lo avala”, concluyó Loñ.