Presupuesto: la oposición presiona por más fondos y autonomía para manejar los recursos
Intendentes y legisladores de distintos espacios políticos coinciden en que los recursos previstos por Kicillof son insuficientes y cuestionan que el Fondo de Seguridad dependa del endeudamiento. El reclamo que gana fuerza es garantizar partidas, mejorar los montos y permitir que cada distrito decida cómo utilizarlas.
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La discusión por el Presupuesto 2027 y el endeudamiento bonaerense empieza a sumar una serie de planteos que atraviesan a buena parte del arco político: los municipios necesitan más recursos, previsibilidad financiera y, sobre todo, autonomía para decidir dónde destinarlos. Aunque existen diferencias sobre el destino específico del Fondo de Seguridad propuesto por Axel Kicillof, el reclamo que emerge desde los distritos apunta a modificar el esquema diseñado por el Ejecutivo y evitar que las transferencias queden condicionadas a la autorización y concreción de nueva deuda.
La propuesta oficial contempla la creación de un fondo para los municipios financiado con una porción del endeudamiento que busca habilitar la Provincia. Sin embargo, tanto desde el radicalismo como desde la Coalición Cívica y algunos sectores del PRO aparecieron cuestionamientos sobre el mecanismo de distribución, la afectación específica de los recursos y la falta de garantías respecto de cuándo llegarán a las arcas municipales.
Uno de los planteos más contundentes llegó desde la Legislatura. Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, consideró que el fondo debería ser de libre disponibilidad, de manera que cada intendente pueda determinar las prioridades de su distrito. "El Fondo no debería ser de seguridad, porque cada municipio debe tener libre disponibilidad y decidir por sí mismo en qué gasta sus recursos", sostuvo.
El legislador marplatense puso el foco en la delicada situación financiera que atraviesan las administraciones locales y advirtió que la partida prevista resulta insuficiente. "Me parece que es muy poquito, que es un fondo muy escuálido, es menos que el año pasado. Con una inflación del 30 o 35% anual, ya eso se licuó", cuestionó.
En esa línea, también reclamó una revisión de las partidas destinadas a Infraestructura, Educación y Salud, además de una pauta salarial más ambiciosa para los trabajadores estatales. Según advirtió, el proyecto presupuestario podría comprometer el financiamiento del IOMA y el IPS, con consecuencias sobre las prestaciones y los ingresos de los empleados públicos.
La posición de Garciarena sintetiza una preocupación que también aparece entre los intendentes: los municipios deben atender demandas cada vez más amplias con recursos que pierden capacidad de respuesta frente al aumento de los costos operativos.
Previsibilidad y libre disponibilidad, los reclamos de la oposición
Desde la Unión Cívica Radical, la presidenta del bloque, Alejandra Lordén, coincidió en que el fondo debe garantizar recursos para los distritos, pero cuestionó que su desembolso dependa exclusivamente de que la Provincia consiga financiamiento. "Debe existir un monto garantizado que les permita a los intendentes contar con previsibilidad para administrar y planificar sus gestiones", planteó.
La legisladora fue más allá y reclamó que los fondos sean de libre disponibilidad, con distribución automática y transparente, utilizando criterios objetivos como el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Para Lordén, no resulta razonable establecer una misma afectación para los 135 municipios cuando las necesidades de cada territorio son diferentes.
"Algunos necesitan afrontar el pago de salarios y aguinaldos, mientras que otros requieren inversiones en infraestructura u obras específicas. Las necesidades de un distrito del Conurbano no son las mismas que las de uno del interior", explicó.
En ese sentido, propuso que una parte de los recursos esté garantizada mediante Rentas Generales, tal como ocurrió con el fondo del año anterior, y que el porcentaje vinculado al endeudamiento funcione como un complemento. También reclamó que se establezcan fechas de pago y cuotas previsibles, para evitar que los intendentes deban administrar sus compromisos sin conocer cuándo recibirán las transferencias.
Desde la Coalición Cívica, Andrés De Leo también puso reparos sobre el mecanismo elegido por el Ejecutivo. El jefe del bloque consideró que "no es el mejor camino condicionar el Fondo de Seguridad al endeudamiento", porque genera incertidumbre sobre el monto y los plazos de percepción de los recursos.
Además, recordó que la experiencia de este año fue negativa para los municipios y advirtió que las políticas de seguridad necesitan disponibilidad periódica de fondos. Sobre la posibilidad de habilitar el uso libre de las partidas, sostuvo que es necesario escuchar a los referentes municipales y buscar alternativas que contemplen las distintas realidades territoriales.
De Leo evitó adelantar una posición definitiva sobre el Presupuesto, la Ley Impositiva y el endeudamiento. No obstante, anticipó que su espacio expresará diferencias durante el debate legislativo, aunque sin adoptar una postura dogmática frente a las herramientas que necesita el Ejecutivo.
Los intendentes también quieren decidir dónde gastar
El reclamo legislativo encuentra un correlato directo en los municipios. Javier Andrés, intendente radical de Adolfo Alsina, consideró que cualquier transferencia adicional será bienvenida, aunque preferiría que los recursos no dependan de la toma de deuda provincial.
"Sería bueno que cada municipio pueda decidir cómo utilizar esos fondos, porque las necesidades no son iguales en todos lados", señaló. El jefe comunal también puso sobre la mesa los gastos que deben afrontar los distritos para sostener el funcionamiento de la seguridad provincial: combustible, mantenimiento y reparaciones de móviles policiales.
Según explicó, esos costos aumentaron por encima de los ingresos municipales y obligan a los intendentes a destinar recursos propios a una responsabilidad que excede sus competencias. Por eso, aun cuando los fondos tengan una afectación específica, la posibilidad de disponer de ellos con autonomía aparece como una herramienta para ordenar las cuentas locales.
Una postura parcialmente diferente expresó el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, del PRO. El jefe comunal respaldó que exista un Fondo de Seguridad y que los recursos estén destinados específicamente a esa área, aunque puso una condición central: que lleguen en tiempo y forma y que los municipios tengan margen para decidir cómo utilizarlos.
"Que se cree un Fondo de Seguridad atado al endeudamiento y que sea todo destinado a seguridad y que los municipios podamos usar a nuestro mejor saber y entender de lo que pasa, bienvenido sea. El tema es que lo liberen en tiempo y forma", manifestó.
Matzkin explicó que la prevención del delito es una prioridad de su gestión y que Zárate destina el 12% de su presupuesto municipal a esa tarea. Sin embargo, advirtió que esa erogación podría destinarse a otras necesidades, como el arreglo de calles, si existiera una estrategia integral de seguridad por parte de la Provincia.
El intendente también marcó una diferencia entre los distritos que tienen una fuerte estructura de prevención y aquellos que no cuentan con la misma obligación ni capacidad de gasto. En ese sentido, consideró que el fondo no alcanza para compensar los recursos que los municipios destinan a cubrir las falencias del sistema provincial.
La discusión por la deuda suma otro frente
En el extremo opuesto del planteo oficial se ubicó Francisco Adorni, legislador de La Libertad Avanza y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, quien rechazó directamente que la seguridad municipal quede atada a la autorización de nuevo endeudamiento.
"La seguridad de los bonaerenses no puede depender de que Kicillof consiga deuda. Si la seguridad es una prioridad, tiene que estar en el Presupuesto con recursos genuinos, no colgada de un préstamo", afirmó. Para el diputado libertario, vincular el fondo con el financiamiento constituye una herramienta para conseguir el acompañamiento de los intendentes al endeudamiento provincial.
A diferencia de los planteos radicales, Adorni defendió que los recursos tengan una afectación exclusiva a seguridad y propuso que la distribución se realice de acuerdo con indicadores de delito, en lugar de utilizar el CUD. También reclamó que cada municipio publique el destino de las partidas recibidas.
El legislador cuestionó, además, la magnitud de los recursos previstos. Según sus cálculos, el 8% de un endeudamiento de hasta 1.000 millones de dólares representaría un máximo de 80 millones de dólares para los 135 municipios, un promedio inferior a los 600.000 dólares por distrito. También advirtió que el fondo contempla equipamiento e infraestructura, pero no resuelve gastos de personal ni logística.
Así, mientras el oficialismo busca avanzar con el Presupuesto y conseguir autorización para tomar deuda, los planteos opositores y municipales anticipan una negociación que tendrá varios frentes abiertos. El monto del fondo, su financiamiento, los criterios de distribución y la posibilidad de utilizar los recursos sin restricciones aparecen entre los puntos que deberán discutirse.
Por encima de las diferencias partidarias, hay una coincidencia que atraviesa buena parte de las declaraciones: los intendentes quieren contar con más plata y saber cuándo estará disponible. Pero, fundamentalmente, pretenden dejar de recibir partidas atadas a decisiones tomadas en La Plata y tener mayor margen para resolver las urgencias de sus propios territorios.
La discusión, por lo tanto, no se limita a cuánto dinero está dispuesto a transferir Kicillof. También pone en juego quién decide sobre esos recursos y qué grado de autonomía tendrán los municipios para administrar sus cuentas en un contexto de restricciones fiscales y crecientes demandas sociales.