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Martes, 17 noviembre 2026
Argentina
LEGISLATURA

El lobby hace sus apuestas: hoy se define si avanza la ley o gana la banca

La Legislatura bonaerense tendrá este martes una reunión clave, después del faltazo masivo que impidió tratar el proyecto contra la ludopatía. Siete compañías, una recaudación que podría superar los $700 mil millones y una interna entre La Cámpora y el gobierno de Kicillof atraviesan la discusión.

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El negocio de las apuestas online vuelve a estar en el centro de la escena política bonaerense. Este martes, a las 10 de la mañana, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados intentará avanzar con un proyecto que promete ponerles límites a las plataformas digitales y obligarlas a desembolsar cifras millonarias. Pero la pregunta es si esta vez los legisladores aparecerán.

El jueves pasado, de los nueve integrantes de la comisión solamente asistieron dos: Micaela Olivetto, de La Cámpora y presidenta del cuerpo, y Roberto Vázquez, del Frente Renovador. La reunión se cayó por falta de quórum y quedaron abiertas las sospechas sobre un supuesto lobby empresario para impedir el avance de la iniciativa.

Las versiones sobre llamados políticos y empresariales a distintos diputados comenzaron a circular con fuerza. Sin embargo, hasta el momento no se conocen pruebas públicas que permitan confirmar esas presiones.

El lobby hace sus apuestas: hoy se define si avanza la ley o gana la banca

Lo concreto es que el proyecto afecta intereses económicos importantes y que la discusión terminó desatando una pelea que involucra a oficialistas, opositores y al propio gobierno de Axel Kicillof.

Siete empresas y un negocio millonario

En la provincia de Buenos Aires hay siete plataformas autorizadas para operar apuestas online: Betano, Bet365, Betsson, BetWarrior, Bplay, Sportbet y Stake.

Detrás de estas marcas aparecen compañías internacionales asociadas con operadores locales, entre ellos empresarios históricos del juego, grupos vinculados a casinos y firmas con una fuerte presencia en el negocio de los bingos. Uno de los nombres que aparece en este entramado es Daniel Mautone, vinculado a operaciones locales de apuestas y con una extensa trayectoria en el sector.

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Como si las sospechas de presiones empresariales no fueran suficientes, el gobierno provincial abrió otro frente de conflicto.

El proyecto impulsado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto contempla controles sobre la identidad de los jugadores, restricciones publicitarias, mecanismos para prevenir la ludopatía y mayores herramientas contra el juego clandestino. Pero el punto que concentra la mayor discusión es económico.

La iniciativa obliga a las empresas a aportar recursos equivalentes al 100% de sus inversiones en publicidad, promoción y patrocinio. De ese dinero, el 70% se distribuiría entre los municipios y el 30% se destinaría al Ministerio de Salud bonaerense.

Además, establece una contribución mensual equivalente al 3% de los premios pagados, a cargo de las operadoras, destinada a financiar clubes de barrio, entidades de bien público y becas deportivas.

Tignanelli sostuvo públicamente que este último mecanismo permitiría obtener más de $700 mil millones, una estimación que todavía requiere respaldo en información económica detallada de las licenciatarias. Una cifra que ayuda a entender por qué la discusión ya dejó de ser exclusivamente sanitaria.

El lobby bajo sospecha y los diputados que faltaron

La ausencia masiva del jueves pasado hizo estallar la polémica. Además de Olivetto y Vázquez, los otros siete integrantes de la comisión no participaron. Entre ellos estuvieron Fernando Rovello, del PRO; Diego Garciarena, de la UCR; Francisco Adorni, de La Libertad Avanza; Fabián Luayza, de Nuevos Aires; y los oficialistas Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez. Esta última había comunicado previamente que no asistiría.

Tignanelli fue contundente al denunciar los intereses que, según su interpretación, están detrás de las demoras. Aseguró que los legisladores deberán definir a quién representan y apuntó contra las siete empresas que manejan el negocio legal de las apuestas.

La respuesta llegó desde el PRO. Fernando Rovello cuestionó especialmente la creación de un fondo de más de $700 mil millones que, según advirtió, podría convertirse en una caja política manejada por La Cámpora.

Desde el kirchnerismo rechazaron esa interpretación y aseguraron que el dinero tendría una asignación directa para clubes y deportistas. El radicalismo, por su parte, planteó modificaciones para que los recursos se distribuyan entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Así, detrás del debate sobre la ludopatía aparecen diferencias concretas respecto de quién paga, cuánto se recauda, quién controla y cómo se distribuye el dinero.

Kicillof también entró en la pelea

Como si las sospechas de presiones empresariales no fueran suficientes, el gobierno provincial abrió otro frente de conflicto.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó que el proyecto se hubiera presentado sin consultar previamente al Ejecutivo. Si bien acompañó los objetivos de prevención, reclamó que los aspectos económicos fueran discutidos en la Comisión de Presupuesto.

La respuesta de Tignanelli no tardó en llegar. El diputado aseguró que el texto fue conversado permanentemente con el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, y que también participaron funcionarios del Ministerio de Salud. La diferencia no es menor.

El Ejecutivo pretende avanzar con una alícuota del 2% sobre determinados premios de apuestas online, mecanismo cuya aplicación encontró obstáculos judiciales y que ahora busca incorporar al Presupuesto 2027.

Tignanelli sostiene que ese sistema recauda sobre los apostadores, mientras que su propuesta obliga a las empresas a aportar parte de sus utilidades. Además, asegura que los recursos previstos por el Gobierno representarían apenas el 10% de lo que permitiría recaudar su iniciativa. Bianco, por su parte, negó que el Ejecutivo hubiera intervenido para provocar la falta de quórum del jueves pasado.

La discusión dejó al descubierto otra interna entre La Cámpora y el kicillofismo, esta vez alrededor de un negocio que mueve cifras millonarias y cuya regulación sigue sin encontrar consenso político.

¿Qué puede pasar hoy?

La comisión fue convocada nuevamente para las 10, en la sala 30 de la Legislatura, con posibilidad de participación remota.

En el orden del día figuran cinco expedientes vinculados con las apuestas digitales. El principal es el régimen integral impulsado por Tignanelli y Olivetto. El primer desafío será conseguir el quórum que faltó la semana pasada.

Si logran reunir los legisladores necesarios y alcanzan un acuerdo, podrán avanzar con el dictamen, un paso indispensable para que el proyecto continúe su recorrido por otras comisiones antes de llegar al recinto. Pero también existe la posibilidad de que reaparezcan las diferencias sobre el destino de los fondos y se exijan nuevas modificaciones.

La UCR reclama cambios en la distribución de los recursos, el PRO cuestiona el fondo millonario y el Ejecutivo pretende que las cuestiones presupuestarias sean discutidas en otra comisión.

Un tercer escenario es que, nuevamente, las ausencias impidan avanzar. De ocurrir, las acusaciones políticas se profundizarían y el proyecto podría quedar aún más comprometido por la cercanía del cierre del período ordinario.

En definitiva, la reunión de hoy servirá para medir algo más que el respaldo a una ley contra la ludopatía. También pondrá a prueba cuánto pesan los intereses económicos, las disputas partidarias y la voluntad política de regular un negocio que sigue creciendo.

Porque si hay algo que quedó claro es que todos dicen querer combatir las apuestas problemáticas, pero cuando llega el momento de discutir quién debe pagar los costos y quién administrará los recursos, los acuerdos desaparecen.

Hoy se verá si la Legislatura consigue avanzar con la regulación o si, una vez más, las apuestas online terminan ganando tiempo.

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