Bonaerenses endeudados: Diputados intenta cerrar un acuerdo antes de la próxima sesión
La Cámara baja reúne a dos comisiones para intentar unificar las iniciativas que buscan atender el sobreendeudamiento de las familias en la provincia. El debate se da en medio de la búsqueda de consensos entre oficialismo y oposición para destrabar la agenda legislativa.
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La Cámara de Diputados bonaerense reúne este viernes a las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y el Consumidor para intentar consensuar un proyecto común frente al crecimiento del sobreendeudamiento familiar. La discusión se da en medio de una búsqueda más amplia de acuerdos entre oficialismo y oposición para destrabar una Legislatura que llega al último tramo del año con numerosos proyectos pendientes.
El endeudamiento de las familias bonaerenses volverá este viernes al centro de la agenda legislativa. Desde las 10, las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y el Consumidor de la Cámara de Diputados se reunirán en un plenario convocado especialmente para intentar unificar las distintas iniciativas presentadas en los últimos meses y avanzar hacia un proyecto que pueda llegar al recinto en la sesión prevista para el próximo 29 de septiembre.
La convocatoria adquiere particular relevancia porque existen nueve proyectos que buscan dar respuesta a una problemática que atraviesa a millones de bonaerenses y que tiene como protagonistas tanto al sistema financiero tradicional como a las billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios de crédito. La intención de las autoridades de la Cámara baja es encontrar puntos de coincidencia entre esas propuestas y evitar que la multiplicidad de expedientes termine diluyendo la posibilidad de sancionar una herramienta concreta.
Entre las iniciativas que estarán sobre la mesa aparece la presentada por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, junto con la Defensoría del Pueblo bonaerense. El proyecto contempla procedimientos administrativos para los casos de sobreendeudamiento, mecanismos para proteger a los deudores frente a presiones de terceros, condiciones para la reestructuración de las obligaciones y la creación de un Registro Provincial de Prestamistas.
También existen propuestas de distintos sectores del oficialismo que ponen el foco en las cobranzas abusivas, la prevención del hostigamiento y la protección de los consumidores frente a prácticas crediticias consideradas abusivas. A eso se suma la iniciativa de Ricardo Lissalde para crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Bonaerenses en el ámbito del Banco Provincia, mientras que Juan Martín Malpeli impulsa regulaciones específicas para las operaciones de crédito, financiación y publicidad vinculadas al consumo.
La discusión tampoco queda circunscripta al peronismo ya que desde la oposición, Silvina Vaccarezza plantea modificaciones a la legislación de defensa del consumidor para reforzar la protección de sectores considerados hipervulnerables, mientras que otras iniciativas buscan establecer mecanismos generales para prevenir, mitigar y registrar las situaciones de sobreendeudamiento.
El trasfondo de la discusión está marcado por una realidad que ya comenzó a ocupar un lugar central en la agenda política y social bonaerense. Un informe del Centro de Economía Política Argentina contabilizó en julio más de 2,2 millones de personas con deudas en situación irregular en la Provincia, que representan el 37,4 por ciento de los deudores morosos del país. La morosidad alcanza niveles particularmente elevados en las billeteras virtuales y proveedores no financieros de crédito.
La reunión de este viernes llega, además, apenas 48 horas después de un encuentro que reunió a legisladores de distintos bloques en La Plata y que tuvo como uno de sus objetivos ordenar la agenda pendiente de la Legislatura. Oficialismo y oposición acordaron allí acelerar el tratamiento de proyectos que cuentan con media sanción unánime y priorizar aquellos expedientes que están cerca de perder estado parlamentario.
En esa cumbre también aparecieron asuntos de mayor sensibilidad política, como la reforma del sistema electoral, las vacantes judiciales y la cobertura de cargos en la Suprema Corte bonaerense. La idea planteada por los distintos espacios fue evitar que los temas pendientes se acumulen hasta 2027, cuando la actividad legislativa estará atravesada por el calendario electoral.
