En un fallo que sienta precedente, un juzgado dispuso que las casas de préstamos brinden información clara y según los parámetros del BCRA para evitar que la gente tome créditos sin entender bien las condiciones, o directamente en base a cálculos falsos.

Un municipio logró que la Justicia prohíba los créditos engañosos: “Es muy obsceno”

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En un fallo que sienta precedente y podría replicarse en otras jurisdicciones, un juzgado de Morón dictó una medida cautelar para impedir que las entidades de crédito brinden información engañosa y capten a vecinos del distrito que no entienden las condiciones exactas de los préstamos, o que directamente deciden en base a cálculos falsos.

La decisión del juez Marcelo Gradín fue la respuesta a una presentación del municipio que gobierna Lucas Ghi y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), presidida por María José Lubertino, contra ocho empresas dedicadas a los préstamos personales.

En su fallo, el magistrado advierte específicamente sobre la necesidad de “prevenir situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre sectores que recurren al crédito no bancario y que pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad”.

Lucas Ghi

Entre las maniobras que el juez, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de Morón, dispuso prohibir explícitamente se encuentran el cálculo de las tasas según métodos diferentes de lo establecido por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la publicación del costo financiero sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), que, por supuesto, el tomador del préstamo debe pagar.

Incluso se detectó que algunas compañías tienen simuladores de cuotas en línea, en los cuales los usuarios pueden introducir el monto del préstamo a pedir y el plazo y conocer el monto de cada cuota... pero el monto real que se les termina cobrando es significativamente superior, dijo a La Tecla Martín Miani, responsable del área de Defensa del Usuario y el Consumidor del municipio.

El reclamo de la Municipalidad moronense y de la ACDH se basó en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que define los derechos de los consumidores, incluyendo “una información adecuada y veraz”, y la Ley de Defensa del Consumidor, que en su artículo 4º establece que “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”.

Un contexto difícil
Sobre la crisis, la desinformación

La resolución del juez Gradín, que abre la puerta a presentaciones similares en otros distritos, se da en un contexto de auge de la morosidad entre las familias y de preocupación por el sobreendeudamiento.

“En el caso en estudio, adquiere central importancia resaltar que el universo de personas que requieren de un financiamiento por fuera de los bancos, resultan ser justamente aquellas que no califican para la operatoria bancaria, y a la sazón son jubilados, personas sin ingreso en blanco, lo que los transforma en sectores vulnerables, que requieren especial tutela”, observó el magistrado en su decisión.

También puntualizó que “quienes se encuentran en esa situación transitan por un vórtice descendente, que los sumerge en la desesperación, y que para salir siguen endeudándose, sin reparar en los nuevos, y más gravosos requisitos exigidos para un nuevo crédito”.

Varios estudios de campo y encuestas reflejan el crecimiento de las deudas y también de las dificultades para cancelarlas. También se evidencia que el carácter del endeudamiento tiene que ver con la precariedad de los ingresos: por ejemplo, un trabajo de la filial porteña del Movimiento Evita y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) determinó que, en los barrios populares de la Capital Federal, el 73% de los préstamos se tomaron para comprar alimentos.

En este contexto, proliferan las ofertas de créditos bancarios y de fintech y préstamos a sola firma, a veces con datos que inducen al error y capturan a los ciudadanos en situaciones de deuda muy difíciles de solventar. El fallo apunta a resolver este factor agravante.

Por mail, WhatsApp y SMS
“Detectamos casos de hostigamiento”

El intendente Ghi tomó la iniciativa de ir contra las empresas luego de detectar estas realidades al lanzar un programa de abordaje del sobreendeudamiento, explicó Miani.

Martín Miani

De hecho, la presentación también incluía un apartado sobre el hostigamiento a los deudores, ya que la Municipalidad recabó denuncias de vecinos que aportaron copias de correos electrónicos y mensajes de texto y de WhatsApp en los que las compañías presionaban para apurar el pago, advirtiéndoles, por ejemplo, que les iban a sacar los muebles de sus casas.

El juez Gradín declinó pronunciarse sobre ese aspecto, pero Miani dijo que la comuna apelará la decisión. “Vamos a tratar de resolver ambas cosas a través del mismo juzgado”, puntualizó.

Morón es el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en presentar un recurso de este tipo, y podría servir como antecedente para que otros hagan lo mismo.

“Ojalá que esto se replique, porque es muy ostensible y muy obsceno lo que está pasando”, dijo el funcionario moronense. “Las empresas cruzaron muchos límites”.

El tema va más allá de los abusos de estas compañías al dar información engañosa: Miani dijo que se observa también un desconocimiento de los mecanismos de crédito y lo que implican en parte de la población.

“Hay que tener en cuenta que muchos préstamos se toman por una necesidad imperiosa. A nivel nacional, un 61% de los créditos son para pagar comida y un 15% para abonar los servicios públicos. Nosotros creamos un programa de educación financiera, con una charla que estamos llevando a sindicatos, comedores y merenderos y otros lugares de todo el distrito”, subrayó.

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