La iniciativa crea una instancia prejudicial obligatoria en la Defensoría del Pueblo y un Registro Provincial de Prestamistas. También establece límites a las cobranzas y prevé quitas, reducción de tasas y ampliación de plazos para quienes no puedan afrontar sus compromisos.

La Cámpora quiere frenar el sobreendeudamiento: propone regular prestamistas y limitar las cuotas

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Un proyecto impulsado por La Cámpora en la Legislatura bonaerense busca establecer un nuevo régimen para prevenir y atender situaciones de sobreendeudamiento de los consumidores en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta que presentó Facundo Tignanelli apunta a ordenar las deudas de aquellas personas cuyos ingresos ya no resultan suficientes para afrontar regularmente sus obligaciones y plantea una batería de medidas para evitar que los compromisos continúen creciendo.

La iniciativa crea el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, cuyo objetivo es encauzar y resolver los casos de endeudamiento que comprometan la capacidad económica presente o futura de los bonaerenses. Entre sus finalidades también aparecen la reducción de la judicialización de los conflictos, la prevención de prácticas abusivas y una mayor fiscalización de quienes se dedican profesionalmente a prestar dinero o financiar consumos.

El proyecto considera como persona consumidora sobreendeudada a quien tenga domicilio real en la Provincia y se encuentre en una situación en la que cumplir con la totalidad de sus obligaciones resulte incompatible con su capacidad económica. Para determinar esa condición se deberán contemplar los ingresos, los gastos habituales, la composición familiar, la cantidad de deudas, los vencimientos, las tasas de interés y las garantías existentes, entre otros factores.

Una negociación obligatoria antes de llegar a la Justicia

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de una Instancia Prejudicial Obligatoria para la Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento, que funcionaría dentro de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El mecanismo sería obligatorio tanto para el consumidor como para sus acreedores. De esta manera, ningún acreedor podría iniciar una acción judicial para cobrar o ejecutar una deuda alcanzada por el régimen sin haber agotado previamente esa instancia de negociación.

La Defensoría tendría un rol clave: podría convocar a los acreedores, analizar las deudas, verificar liquidaciones, celebrar audiencias, formular propuestas de reestructuración y promover acuerdos. Además, estaría habilitada para homologar los convenios alcanzados entre las partes.

El procedimiento sería gratuito para el consumidor y permitiría concentrar todas las obligaciones en un único trámite. La intención es evitar que una persona llegue a acuerdos individuales que terminen haciendo imposible afrontar el resto de sus deudas.

El límite del 30% de los ingresos

Uno de los artículos que podría generar mayor impacto es el que establece que la suma de las cuotas mensuales derivadas de los acuerdos de reestructuración no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto de la persona deudora.

En el caso de trabajadores o personas con ingresos variables, la iniciativa plantea tomar un promedio razonable de los ingresos acreditados durante el período que determine la Defensoría. El organismo también deberá procurar una distribución equilibrada de la capacidad de pago entre los distintos acreedores.

Además, cualquier propuesta de regularización deberá contemplar al menos dos de tres alternativas: ampliación del plazo de pago, reducción de la tasa de interés o quita total o parcial del capital adeudado.

El proyecto también busca impedir que las tasas, cargos o mecanismos de actualización terminen haciendo imposible el cumplimiento del acuerdo. Para ello, establece que los intereses deberán guardar una relación razonable con la operación, el capital adeudado, las condiciones económicas y la capacidad de pago del consumidor.

Un registro para controlar a los prestamistas

Otro de los ejes de la propuesta es la creación de un Registro Provincial de Prestamistas, donde deberán inscribirse quienes otorguen de manera habitual o profesional préstamos de dinero, créditos personales, adelantos de fondos o financiamiento, incluyendo las operaciones realizadas mediante plataformas digitales y aplicaciones móviles.

La obligación alcanzaría incluso a quienes no tengan un establecimiento físico en territorio bonaerense cuando sus actividades tengan como destinatarios a personas domiciliadas en la Provincia. Las entidades financieras reguladas por el Banco Central quedarían exceptuadas de la inscripción, aunque continuarían alcanzadas por las demás disposiciones que correspondan.

El registro debería contar con información sobre los prestamistas, sus canales de comercialización, contratos, tasas, costo financiero total, gastos, comisiones y mecanismos de cobranza. La autoridad de aplicación tendría facultades para realizar inspecciones, controlar liquidaciones y verificar las tasas y cargos aplicados.

La iniciativa va un paso más allá: aquellos prestamistas obligados a registrarse que otorguen créditos sin cumplir con ese requisito perderían la posibilidad de reclamar judicialmente intereses, comisiones, gastos administrativos y otros cargos. En esos casos, el reclamo quedaría limitado al capital efectivamente entregado, descontando los pagos que ya hubiera realizado el deudor.

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