La justicia archivó la causa contra el concejal Tarragona por falta de pruebas
La Fiscalía de Moreno-General Rodríguez consideró que la presentación no aportó datos concretos ni indicios suficientes para sostener una investigación penal. El expediente quedó archivado hasta que aparezcan nuevas pruebas.
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La Justicia de Moreno-General Rodríguez archivó la investigación contra el concejal de General Rodríguez, Javier Tarragona, a raíz de una denuncia que lo vinculaba con una presunta red de narcotráfico y con la supuesta elaboración y comercialización de cocaína.
La resolución corresponde al expediente en el que se investigaba una posible infracción a la Ley de Estupefacientes. El fiscal interviniente concluyó que no existían elementos suficientes para relacionar al edil con los delitos denunciados y ordenó archivar las actuaciones.
La causa había comenzado a partir de una denuncia presentada por Nicolás Rappazzo, quien se identificó como secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de la Municipalidad de General Rodríguez. Según consta en el expediente, el funcionario había trasladado a la Fiscalía información recibida de un vecino que pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.
De acuerdo con ese relato, Tarragona habría estado vinculado con una asociación ilícita, la comercialización de estupefacientes y una estructura dedicada al narcotráfico en el distrito. La presentación también hacía referencia a una presunta “cocina” de cocaína y a supuestos vínculos con personas relacionadas con la venta de drogas en General Rodríguez.
Sin embargo, al momento de ratificar la denuncia ante la Justicia, Rappazzo no habría sumado información adicional ni elementos distintos de los incluidos en la presentación original. La Fiscalía remarcó que el expediente tampoco contaba con datos concretos que permitieran orientar la investigación hacia personas, lugares o hechos determinados.
Las dudas de la Fiscalía sobre la denuncia
Uno de los principales argumentos para disponer el archivo estuvo relacionado con la falta de precisión de la acusación. El fiscal señaló que no se había establecido un período concreto en el que supuestamente se hubieran cometido los delitos, ni se habían aportado nombres, apellidos o apodos de eventuales integrantes de la presunta organización criminal.
La misma dificultad apareció en relación con la supuesta cocina de cocaína. Según la resolución, no se presentó información que permitiera acreditar su existencia ni determinar dónde estaría ubicada.
En ese marco, la Fiscalía sostuvo que contar únicamente con el número de teléfono de Tarragona o con información sobre sus eventuales ingresos a un barrio privado no alcanzaba para justificar medidas de persecución penal. Para los investigadores, esos datos necesitaban ser contrastados con otros elementos objetivos que permitieran establecer algún vínculo con los delitos denunciados.
Incluso, la resolución cuestionó la posibilidad de avanzar sobre el contenido del teléfono celular del concejal sin contar previamente con elementos que justificaran esa medida. El fiscal calificó esa alternativa como una “caza de brujas” y advirtió que implicaría buscar información sin saber previamente qué hecho concreto se pretende corroborar.
La Fiscalía, por su parte, realizó distintas averiguaciones para determinar si existían investigaciones previas o antecedentes vinculados al concejal. En ese marco, recibió información de la Fiscalía General Departamental y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que no registraron vinculaciones de Tarragona con investigaciones relacionadas con narcomenudeo o narcotráfico.
Otro de los aspectos destacados por el fiscal fue la rápida exposición pública que tuvo la denuncia. La resolución señala que el caso adquirió “inmediata repercusión mediática y estado público” en forma prácticamente simultánea con su llegada a la Fiscalía.
Para el investigador, esa difusión resultó especialmente problemática debido a la naturaleza de los delitos denunciados, ya que el avance de este tipo de investigaciones requiere preservar determinado nivel de reserva. Según sostuvo, la publicidad de la acusación podía convertirse en un obstáculo para una pesquisa eficiente.
Finalmente, la Fiscalía entendió que la denuncia podía ser considerada válida como punto de partida para abrir una investigación, pero que por sí sola no tenía valor suficiente para acreditar los hechos denunciados. La ausencia de lugares precisos, modalidades, posibles integrantes de la organización y otros datos que permitieran realizar cruces o verificaciones terminó sellando la suerte del expediente.
