Millonario contrato entre Educación y Seguridad para proteger las Aulas Talleres
El convenio, por casi $1.500 millones que se efectuó por Contratación Directa, garantiza Policía Adicional en las aulas que recorren barrios populares bonaerenses.
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La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires autorizó una contratación por casi 1.500 millones de pesos para brindar seguridad a las Aulas Talleres Móviles que recorren distintas regiones educativas bonaerenses.
Se trata de la Contratación Directa por Excepción N° 10/26. El acuerdo se celebró con el Ministerio de Seguridad provincial para la prestación del servicio bajo la modalidad de Policía Adicional (Pol.AD), y regirá desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de este año.
La contratación fue solicitada por la Subdirección de Experiencias Educativas en Barrios Populares (Docente), dependiente de la Dirección de Políticas Socioeducativas, con el objetivo de resguardar el funcionamiento de las Aulas Talleres Móviles en su recorrido por las regiones educativas de la Provincia.
Según el texto oficial, el servicio contempla un total de 309.120 horas semestrales distribuidas en catorce objetivos. El costo se fijó en base a un arancel horario de $4.799,90 correspondiente a la Categoría 1, lo que arroja un presupuesto total de $1.483.745.088, equivalentes a 884.761,53 Unidades de Contratación.
La resolución establece además que la administración provincial podrá ampliar el servicio hasta en un 100% o reducirlo hasta en un 50%, según las necesidades que surjan durante la vigencia del contrato. La Subdirección de Experiencias Educativas en Barrios Populares quedó designada como la unidad encargada de administrar la relación contractual con el Ministerio de Seguridad.
El gasto se imputó al Presupuesto General 2026, en el marco de la Ley N° 15.557, y la gestión quedó bajo la responsabilidad del funcionario que la propició, incluyendo la razonabilidad de los precios pagados. La medida cuenta con dictamen de la Asesoría General de Gobierno, informe de la Contaduría General de la Provincia y vista de la Fiscalía de Estado.
