11 de octubre de 2025
LA TECLA PATAGONIA
En Río Negro, las esquirlas del narcoescándalo golpean la gestión de Alberto Weretilneck
El mandatario se vio obligado a explicar sus vínculos con Fred Machado, a quien reconoció haber recibido en la gobernación; y con Claudio Ciccarelli a quien dijo que nombraron como adscripto en la Legislatura aunque no cumplía funciones específicas. En las últimas horas, se sumó la denuncia de un periodista que asegura haber sido despedido de su puesto en el estado por exponer las relaciones del Gobernador en los medios
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se encuentra en el centro de un creciente escándalo por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido recientemente por la Policía Federal Argentina en el marco de un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.
Las explicaciones ofrecidas por el mandatario provincial han sido calificadas como insuficientes por opositores y analistas, mientras que el despido del periodista Luciano Barroso por exponer estos lazos en medios nacionales ha generado acusaciones de censura y persecución en el gobierno rionegrino.
Machado, un empresario viedmense con negocios en minería y otros sectores, fue trasladado de su residencia en Viedma el pasado miércoles como paso inicial para su extradición. Las investigaciones en EE.UU. lo vinculan a una red de narcotráfico, y en Argentina se han revelado conexiones políticas que incluyen aportes a campañas electorales y reuniones con figuras destacadas.
Weretilneck rompió su silencio inicial sobre el caso el jueves, reconociendo haberse reunido con Machado hace algunos años, pero negando cualquier relación política, personal o de otra naturaleza. "Nunca hubo una relación política ni personal ni de ninguna característica", afirmó el gobernador en declaraciones públicas, al tiempo que desvío las acusaciones hacia la familia Soria, vinculándolos con el narcotráfico en un intento por desviar la atención.
Sin embargo, las explicaciones se complican con el rol de Claudio Ciccarelli, primo de Machado, quien hasta la semana pasada ocupaba un cargo en el bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura provincial. Weretilneck admitió que Ciccarelli realizaba "tareas privadas" para él, lo que implica un uso irregular de fondos públicos y lo califica como un "ñoqui" –un empleado fantasma que cobra sin cumplir funciones oficiales–.
Esta revelación ha intensificado las críticas, ya que Ciccarelli también aparece ligado a negocios mineros autorizados por el gobierno provincial y a préstamos bancarios controvertidos. Opositores como el peronismo han exigido explicaciones en la Legislatura, cuestionando si estos vínculos facilitaron operaciones ilícitas en la provincia.
Las implicancias del escándalo van más allá de Río Negro, salpicando a figuras nacionales como el economista José Luis Espert, quien reconoció haber recibido contribuciones de Machado para su campaña presidencial de 2019, y a la candidata libertaria Lorena Villaverde, investigada por tráfico de cocaína y vinculada a Ciccarelli. Analistas políticos señalan que estos lazos podrían erosionar la confianza en el gobierno provincial, especialmente en un contexto de elecciones y creciente preocupación por la "narcopolítica" en la región. La izquierda y otros sectores opositores han denunciado que el caso revela una trama de corrupción que une poder político con actividades ilícitas, exigiendo investigaciones independientes.
En medio de esta tormenta, el periodista local Luciano Barroso fue despedido de su puesto en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), donde trabajaba en el área de prensa desde abril de 2021. Barroso, quien colaboraba con medios nacionales había entrevistado a Machado horas antes de su detención y expuesto sus conexiones políticas en reportajes de alto impacto.
El despido, notificado este miércoles sin justificaciones claras, fue calificado por Barroso como una represalia: "Me despidieron sin motivo alguno ni explicación. Nadie me informó nada sobre esto".
Fuentes oficiales alegaron "abandono de tareas en horario de trabajo", pero el periodista lo refutó, afirmando que su cobertura se realizaba fuera del horario laboral. Este episodio ha sido denunciado como un acto de censura, intensificando las acusaciones de persecución contra el gobierno de Weretilneck y generando solidaridad en el gremio periodístico.