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Lunes, 14 septiembre 2026
Argentina
ECONOMIA

Superávit y motosierra: el recorte se acentúa en Provincia y crecen los reclamos

Un informe del Centro de Economía Política dio cuenta de las variables afectadas para lograr la estabilidad de las cuentas públicas. Cómo se sintió el impacto en Provincia y qué es lo que se reclama

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Según un informe del Centro de Economía Política (CEPA), en los primeros cinco meses de 2024, de cada $100 ajustados, más de la mitad lo explican los recortes en jubilaciones ($31,5) y obra pública ($23,2). Le siguen los subsidios, que aportaron 12,8%, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 10,7% y prestaciones sociales con 9,4% entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.

Asimismo se puntualizó que, el gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fue de $ 1,1 billones. Este gasto venía bajando en el año, pero este mes volvió a crecer: se destina 5 veces más a los intereses de deuda que a las universidades, y 17 veces más que lo que se transfiere a las provincias. 

Superávit y motosierra: el recorte se acentúa en Provincia y crecen los reclamos

Cabe destacar y según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en mayo de este año llegaron al territorio bonaerense $1.099.800.332,53 millones en concepto de coparticipación nacional y el año pasado en el mismo mes la transferencia fue de $240.826.387,8 millones.

Esa diferencia de $773.630.528,93‬ millones implicó que los recursos federales crecieran un 321% en la comparación interanual. Sin embargo el monto resulta insuficiente para las autoridades bonaerenses.

Cabe recordar que, según informó el Gobierno bonaerense, la deuda total de la administración nacional asciende a más de $6 billones y comprende transferencias de ANSES a la caja provincial, del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, de Incentivo Docente (FONID) y de Compensación del Transporte Público de Pasajeros. Además, incluye saldos de obras de infraestructura comprometidas; retrasos o discontinuidad de programas como FINES, Conectar Igualdad y Potenciar Trabajo; y otras deudas vinculadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA).

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