El sistema carcelario de la Provincia atraviesa uno de sus peores momentos, que se agrava con la actual crisis económica desde el cambio de gobierno en la Nación. No obstante, es una problemática que atraviesa a diferentes gestiones y colores políticos que hubo en la administración bonaerense.
Superpoblación y problemas de infraestructura se convirtieron en un combo letal, donde se pone la mirada sobre el accionar de los funcionarios de los distintos poderes del Estado. Asimismo, la situación se ve agravada ante el avance del narcotráfico en todo el país y que tiene su epicentro del conflicto en Santa Fe, una provincia que limita con el territorio bonaerense.
En la actualidad hay 54 cárceles, 4 alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y 1 unidad de tránsito, que contabilizan un total de 74 establecimientos, organizados en 12 complejos penitenciarios en todo el territorio provincial. Estos números se transformaron en insuficientes al tomar en cuenta el crecimiento de internos del Servicio Penitenciario y la consecuente falencia de políticas gubernamentales respecto a la prevención del delito, como así también en el avance de legislaciones penales en las que deberían avanzar el ámbito legislativo y el judicial.
En cuestión de cantidad de internos, las unidades más complicadas son las que se ubican en el complejo de Florencio Varela. Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, expuestos por la Comisión Provincial por la Memoria, en la unidad 42 de ese distrito se registra una superpoblación del 301%; en la unidad 31 del 248% y en la 23 del 217%. También en la cárcel 43 de La Matanza hay una superpoblación estimada en el 249%.
Estos problemas se ven agravados por los diversos inconvenientes edilicios y estructurales que se registran en diferentes penitenciarías bonaerenses. En tal sentido, el gobierno conducido por Axel Kicillof avanza en la extensión de un plan destinado a alojar a los detenidos que aguardan su resolución judicial.
El proyecto de obras que anunció el gobernador prevé completar 12 mil nuevas plazas en cárceles y alcaidías, en distintos municipios bonaerenses. El objetivo es que cada distrito cuente con su propia alcaldía para poder alojar a quienes esperan una resolución judicial y, de esta manera, descomprimir el hacinamiento existente. A estos desafíos se enfrenta el nuevo ministro Juan Martín Mena, quien debe continuar el desarrollo y la ejecución del plan de infraestructura más ambicioso de los últimos 200 años del Servicio Penitenciario Bonaerense. La situación es extremadamente compleja, y se agravó notablemente con la decisión del gobierno nacional de hacer un corte abrupto de la continuidad de las obras.
Más allá de las falencias en el sistema carcelario, las organizaciones de derechos humanos también ponen la mirada en la falta de iniciativas legislativas en materia punitiva, carcelaria, además de cuestionar el lento accionar del Poder Judicial respecto a la situación procesal de los detenidos, que crece año a año.
Estas deficiencias se ven agravadas por las medidas de ajuste y recortes adoptadas desde el pasado 10 de diciembre por el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, y que afecta de manera indirecta a las arcas provinciales. Para agravar el cuadro, el incremento de precios tuvo un impacto profundo en la redeterminación de precios de diferentes obras que lleva adelante la Provincia, como así también en cuestiones de asistencia alimentaria, que pega en la provisión de alimentos a las distintas unidades.
Estos inconvenientes, siempre latentes, se convirtieron en un combo preocupante y además en el principal desafío para las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires.
SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE
Un historial de problemáticas de larga data para la nueva gestión
Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no respondieron a las consultas realizadas por La Tecla respecto a las falencias en infraestructura y hacinamiento en las unidades carcelarias de la Provincia.
Cabe recordar que en el número 1076 de La Tecla, fuentes consultadas del SPB dieron cuenta de la problemática alimentaria en los diferentes penales. En este sentido, respondieron que la provisión de alimentos a las cárceles se llevaba a cabo de manera normal. Además, que el pago a los proveedores se rige de acuerdo a los pliegos previamente convenidos.
Con relación al costo de los alimentos provistos en las diferentes unidades a lo largo y ancho de la Provincia se puntualizó que, ante la escalada de la inflación, las empresas solicitaron la redeterminación de precios con la finalidad de mitigar el desfasaje producido por la alta suba de los últimos dos meses; en consecuencia, esos expedientes continúan los pasos que exige la administración bonaerense.
NAHUEL SOTELO
La mirada puesta en el sistema carcelario de Bukele en el Salvador
El diputado provincial Nahuel Sotelo (La Libertad Avanza) dialogó sobre el estado del servicio penitenciario en tierras bonaerense y trazó una comparativa con el modelo que se lleva adelante en El Salvador.
Al respecto, señaló que “estoy 100% de acuerdo con el modelo de Nayib Bukele. El tema de ese país es que se da desde el gobierno nacional, no desde una administración provincial o estatal como sería acá. De hecho, seguimos en diálogo con varias personas de El Salvador para ver qué cosas se pueden replicar, tanto en Nación como en Provincia, y que sea adaptable mejor a nuestras leyes. Pero la realidad es que hoy el sistema penitenciario bonaerense no es el mejor. Un ejemplo de eso es que en las cárceles hay sobrepoblación y parece políticamente incorrecto inaugurar cárceles y nadie lo quiere hacer”.
Sobre la realidad local, el legislador comentó que “en la provincia de Buenos Aires se necesita un gobierno que empiece a inaugurar cárceles, porque hay superpoblación y no se puede tener un control de los reos. En nuestro país durante mucho tiempo se le quitó el prestigio a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, por eso nadie respeta a la policía y nadie respeta, por supuesto, a los miembros del servicio penitenciario”. En esta línea cuestionó: “El tema del servicio penitenciario es un tema muy de fondo, donde hay que analizar absolutamente todo”.
MATIAS RANZINI
“Nunca tuvimos una información clara del avance de obras”
Matías Ranzini, diputado del Pro, alertó sobre las falencias en el Servicio Penitenciario, como así también la falta de respuestas de las autoridades gubernamentales. Al respecto señaló: “Vamos a citar a ministro de Justicia de la Provincia, porque necesitamos saber qué pasó con la ejecución de obras de las distintas alcaldías y unidades penitenciarias que por el 2020 fueron impulsadas por una ley que aprobamos. Sin embargo, no tuvimos nunca una información clara del avance de trabajos, de finalizaciones y cómo está la cuestión”.
Asimismo, agregó: “También queremos saber cuál es la postura del Gobierno de la provincia de Buenos Aires en cuanto al régimen interno de los penales, con respecto al uso de telefonía celular y redes sociales. Sobre este punto estamos viendo que hay una tendencia en el resto del país en volver a prohibir esos elementos, que son generadores de muchos delitos adentro de las cárceles. Hoy, la verdad, el uso de estos dispositivos no tendría razón de ser, pero también ya pasaron cuatro años desde la pandemia, y si bien hubo algún efecto positivo en algunos reclusos, también somos conscientes que hay una gran cantidad de estafas, de extorsiones y de manejo de distintas actividades ilícitas”.
En esta línea el legislador sostuvo que “lo que yo creo que se va a ver con el nuevo gobierno nacional es la diferencia en la política interna entre los penales federales de algunas provincias, como es el caso de la provincia Santa Fe, con la de Buenos Aires. Y a partir de ahí también se podrán sacar resultados”.
ROBERTO CIPRIANO
“No hay iniciativas para cambiar la política criminal“
El titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, hizo un pormenorizado análisis de las falencias en el Servicio Penitenciario. Al respecto, puntualizó que “la superpoblación es uno de los problemas estructurales, estamos cerca de las 60.000 personas detenidas en la Provincia, y sigue siendo un 90% a pesar que se han construido plazas penitenciarias. Pero, el nivel de construcción y el ritmo nunca alcanza la cantidad de personas que hay detenidas”.
Agregó que “este es un tema difícil de solucionar si no hay un cambio estructural de la política criminal, que es lo que no hay en la Provincia desde hace muchos años; no es sólo este gobierno. Hoy más de la mitad de los presos están en prisión preventiva, y si se sigue con esa política no hay forma de que eso se modifique, y tampoco resuelve el problema del delito. Tampoco hay iniciativas para cambiar la política criminal y ese es un problema”.
Respecto a la infraestructura comentó que “es un sistema que tiene cárceles que son del 1900. La 1 de Lisandro Olmos, la 6 de Dolores, la 1 de Sierra Chica y la de Mercedes, son cárceles viejísimas que tienen muchos problemas estructurales, y es muy difícil que esos lugares se mantengan habitables. Se siguen utilizando cárceles en muy mal estado, muy deterioradas, y las condiciones de alojamiento son realmente inhumanas”.
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