Las iniciativas libertarias plasmadas en el decreto de necesidad y urgencia y en la llamada “Ley Ómnibus”, dos normas que anunció el presidente Javier Milei, que proponen cambios en más de 1.000 artículos y derogaciones en cerca de medio millar de leyes y normativas, generaron en su mayoría, rechazo de la dirigencia política de la Patagonia. Hay varias cuestiones de las normas que impactan directamente en esta región, lo que provocó la reacción del arco político, sobre todo en la relacionado a la pesca donde fueron los propios gobernadores los que se rebelaron y alzaron la voz, consiguiendo un compromiso para revisar los cambios que se querían poner en marcha.
Pero no solamente las modificaciones a la Ley de Pesca son resistidas. Hay un paquete de medidas de incidencia directa en suelo patagónico que también cosechas críticas. Primero, la derogación de la llamada Ley de Tierras que limitaba de alguna manera la adquisición por parte de extranjeros; luego la derogación de la ley de Protección de Bosques Nativos y Glaciares; también los cambios en la Ley del Manejo del Fuego; la privatización de empresas de origen público, el caso más resonante en el sur es el de YCRT, la mítica empresa de carbón; la desregulación en el sector energético, que implicaría un cambio total de paradigma; y la pérdida de bancas en el Congreso nacional, entre otras.
La Tecla Patagonia dialogó con referentes políticos regionales con experiencia en estas áreas, para ver cuál sería el impacto concreto de estas modificaciones.
Enero de locos
La expectativa del Ejecutivo de Javier Milei es que el Congreso nacional trate la Ley Ómnibus en sesiones extraordinarias durante el mes de enero. Sin embargo, la resistencia en algunos puntos complica las gestiones del oficialismo que necesita de los aliados de Juntos por el Cambio, entre otros, para poder aprobar este paquete de reformas. En este contexto, conscientes de esta situación, los gobernadores del sur, con el chubutense Ignacio Torres al frente, consiguieron el compromiso para rediscutir los cambios que se pretendían hacer a la Ley de Pesca. Se expresaron en un duro comunicado que llevó la firma además de Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Por el momento, es una muestra de buena voluntad y habrá que esperar para ver si se cristalizan los pedidos.
Otro punto de conflicto, establecido en el DNU 70, es el que deroga la Ley N° 26.737 del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida también como la Ley de Tierras.
La norma sancionada en el año 2011 y que luego sufrió algunas flexibilizaciones durante la gestión de Mauricio Macri, establecía una serie de limitaciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La afectación en las provincias del sur tras la derogación, podría ser muy importante ya que grandes extensiones de tierras se encuentran actualmente en manos de extranjeros (compras durante el menemismo).
El 6% por ciento de las tierras del país está en manos de extranjeros. Son casi 15 millones de hectáreas en lugares estratégicos con reservorios de agua dulce, que empresarios compraron para emprendimientos mineros, forestales, turísticos y ganaderos. Ahora, tendrían nuevamente vía libre.
Estancia del británico Joe Lewis en Río Negro (Lago Escondido)
Por otra parte, se cuestiona la regresión en materia ambiental que proponen las iniciativas libertarias al derogar la ley de Protección de Glaciares y Bosques Nativos además de los cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Las modificaciones permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares.
Desde el punto de vista político también habría implicancias ya que se propone una reforma en el sistema de reparto de bancas. En el nuevo esquema las provincias del sur perderían representatividad (ver cuadro).
Otro tema de debate es la política energética planteada por el gobierno de Milei, con una total desregulación del mercado y cero intervenciones estatales.
La confluencia de los precios locales con los internacionales, la reprivatización de YPF y la exportación libre, sin necesidad de abastecimiento primero del mercado interno, son algunos cambios propuestos.
También preocupa el articulado nuevo en la Ley de Minería, que habilitaría libremente la actividad, con fuerte incidencia en Chubut y también en Río Negro. En este punto no habría una resistencia pareja, de hecho, en algunas provincias se avanza en este sentido.
El conjunto de modificaciones propuestas genera malestar en la Patagonia que apostará a mostrar una vez más su rebeldía a sabiendas que en este territorio se emplazan gran parte de los recursos naturales y energéticos del país.
IGNACIO TORRES (GOBERNADOR DE CHUBUT)
“Lo planteado para la pesca tendría consecuencias devastadoras”
En diálogo con La Tecla Patagonia el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió a las modificaciones que pidieron al Ejecutivo nacional relacionadas a los cambios en la Ley de Pesca previstos en la Ley Ómnibus. “Son tres puntos los que perjudican enormemente a las provincias del sur. Primero el tema de las licitaciones internacionales para la cuota de recurso, nosotros pedimos que sea para buques nacionales. Este es el punto más sensible porque hablamos de una cuestión de soberanía”, explicó el mandatario.
“Derogar la obligatoriedad de descargar en puertos argentinos generaría un gran perjuicio porque nos quita el control, nosotros no tenemos cámara en bodega y tampoco hay una trazabilidad digital, es decir que se pondría el riesgo la sostenibilidad del recurso”, dijo Torres.
Por último, agregó: “Lo otro que no podemos permitir como gobernadores es que las provincias no tengan una voz de peso y vinculante dentro del Consejo Federal Pesquero.
De ninguna manera vamos a avalar esto. Tuvimos reuniones con referentes del Ejecutivo nacional y planteamos estas cuestiones y nos prometieron que serían revisadas”, sentenció.
El chubutense lideró las negociaciones tanto en el ámbito legislativo como en la Rosada y tuvo el aval de sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck, de Neuquén, Rolando Figueroa y de Santa Cruz, Claudio Vidal.
A ellos se sumaron intendentes de localidades pesqueras como San Antonio Oeste (Adrián Casadei), Puerto Madryn, (Gustavo Sastre), Rawson (Damián Biss), Comodoro Rivadavia (Othar Macharashvili), entre otros.
MAGDALENA ODARDA (DIPUTADA TODOS RN – EX TITULAR DEL INAI)
“La derogación de la Ley de Tierras es solo urgente para los buitres extranjeros”
“La ley 25737, conocida como Ley contra la Extranjerización de Tierras está en la mira de las corporaciones que pretendieron ´matarla´ desde que sancionó en 2011. Prueba de ello, fue el decreto de Macri que flexibilizó los requisitos para permitir la compra de tierras”, sostuvo Madgalena Odarda en diálogo con La Tecla Patagonia. Y agregó: “De forma vergonzante, aparece su derogación en un paquete de leyes. Digo en forma vergonzante, porque ni siquiera Javier Milei se animó a advertir en sus discursos, menos estampar en su plataforma, una propuesta que consistía en retomar el camino iniciado por Carlos Menem”.
“Este DNU es inconstitucional porque pasa por encima del Congreso y considera medidas como la derogación de la ley de tierras, que solos son ´urgentes´ y ´necesarias´ para los buitres británicos y de otras nacionalidades que como aves de rapiña, hace 12 años que merodean nuestros territorios ricos en agua, minerales como el oro, la plata, el uranio, el litio además de la inconmensurable riqueza paisajística que disfrutan poniendo alambrados, candados y hasta ejércitos parapoliciales como el caso de Joseph Lewis. Esto frente a la mirada cómplice de las autoridades”.
Por último, indicó: “Esta derogación afecta a las comunidades indígenas porque al liberar el mercado de compra de tierras, se caen muchos de sus reclamos. ¿Cómo van a competir con estos capitales foráneos sin la presencia de un Estado que haga valer sus derechos constitucionales? Por otro lado, se vulneran los derechos ambientales resguardados por el art. 41 de la Constitución, Ley del Ambiente y Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a mantener la soberanía sobre sus recursos naturales. Genera un gran daño a la soberanía y a la integridad territorial ya que habilitaría además la compra de tierras en zonas de frontera”.
DARIO MARTINEZ (DIPUTADO TODOS NQN – EXSECRETARIO DE ENERGIA)
“Tiene una visión de corto plazo para una industria que venía creciendo”
“La privatización de YPF es algo en que Neuquén ya padecimos. De hecho, el mismo 10 de diciembre presenté un proyecto para blindar el porcentaje de acciones que le corresponde a Neuquén. Ya pasamos por la privatización, cae la producción porque el privado no invierte, se pierden puestos de trabajo, cierran Pymes a granel, la receta es conocida”, dijo Darío Martínez en diálogo con La Tecla Patagonia.
Por otra parte, se refirió a la liberación de los precios y sostuvo: “Como veníamos anticipando si los precios evolucionan tanto a más arriba del poder adquisitivo, el problema es que la gente no va a dejar de pagar la energía, pero va a dejar de consumir otras cosas y esto va a generar recesión.
Si bien a las arcas provinciales esto le multiplica los recursos en materia de regalías, la mayoría de los neuquinos lo va a padecer. Además, se establece un nuevo cálculo de regalías sin tener en cuenta los planes de inversión lo que resulta riesgoso. Todo este paquete es grave para la Provincia y para las Pymes locales, pero también desde el punto de vista fiscal que es de donde mira Milei las cosas. Tiene una visión de corto plazo lamentable para una industria que venía creciendo con niveles récord”.
Sobre el nuevo reparto de bancas opinó: “Es lamentable lo que proponen porque apuntan a un Congreso cada vez más unitario. Es una barbaridad, volvemos al centralismo porteño en detrimento de las provincias”.
Pérdida del federalismo y representación legislativa
El proyecto de ley ómnibus de Javier Milei incluye una controvertida reforma que modifica la cuota de representación electoral de cada una de las provincias en la Cámara de Diputados. Se reduciría la cantidad de bancas totales de 257 a 254, pero el aspecto más polémico tiene que ver con la uninominalidad de circunscripción electoral, que haría que los distritos de baja densidad poblacional pierdan bancas. Chubut pasaría de 5 a 3 bancas, Río Negro y Neuquén de 5 a 4 y Santa Cruz de 5 a 2 bancas en total.
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