Los conflictos que involucran tierras son moneda corriente en la Patagonia, son extensos km de territorio y la riqueza de recursos lo hacen aún más valiosos. Pero en este caso, lo que rodea al problema es la crisis habitacional que sufre la ciudad de Bariloche hace un largo tiempo.
La ciudad en cuestión tiene la particularidad de ser altamente turística, por lo que los privados tienen un gran caudal de propiedades y lotes dedicados a este rubro, que para nada contribuye con la situación habitacional de los vecinos que viven todo el año en Bariloche, sino que por el contrario eleva los precios de los alquileres muy por encima de lo que puede afrontar una familia local.
El reclamo hacia el gobierno por políticas públicas que busquen palear la crisis también es de larga data, desde organizaciones sociales hasta dirigentes y legisladores.
El intendente de la localidad, Gustavo Gennuso, ha declarado anteriormente que la crisis tiene que ver en parte con un conflicto a nivel país, ya que indicó que en Argentina hace 10 años que no se construye pensando en las cifras actuales, sino que son remanentes de planes pendientes de cerca del 2010, dejando por fuera al Procrear.
En el 2008 fue creado el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS)y entre sus principios plantea “propender a reducir, mediante la ejecución de políticas activas, el déficit habitacional, de tierras, de equipamiento comunitario, infraestructura y servicios, que se registran en la ciudad de San Carlos de Bariloche”, y absorbió en su creación al Banco de Tierras Municipal que fue creado por la Ordenanza 1594-CM-06, del cual ahora se encarga de gestionar.
En este sentido, durante el último mes hubo una situación tensa en el Concejo Deliberante tras la presentación de 4 proyectos desde el IMTVHS, el cual planteaba la entrega de tierras a 4 sindicatos para un loteo social. Según indican los proyectos presentados, el Sindicato de Luz y Fuerza recibiría 44 lotes, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 21, la Mutual de Transporte 18, y el Sindicato de Saneamiento 16.
Ante esta presentación los reclamos de los concejales no tardaron en llegar, por un lado, Julieta Wallace, del Frente de Todos, indicó que falta información sobre como es el convenio con los gremios, en referencia al detalle de por ejemplo cantidad de lotes, modalidad de pagos, etc.
Desde Juntos Somos Río Negro, el concejal Gerardo Ávila, dialogó con La Tecla Patagonia y expresó que el conflicto subyace en que consideran que no tienen el tiempo prudente para tratar el proyecto con la profundidad que quisieran, ya que “han entrado muy sobre la hora”, y asegura que no tiene que ver con falta de voluntad política.
Ávila hace referencia a la crisis habitacional y sostiene que, si bien es una situación real y hay necesidades, también “hay que ver que estén cumpliendo los pasos administrativos y los pasos de selección de las personas y que las parcelas tengan la viabilidad técnica”. De esta manera, remarca que esto se corresponde al armado del proyecto de parte del Ejecutivo, y que es lo que podrá o no convencer a todos los bloques del concejo para que lo aprueben.
En cuanto a los tiempos que corren antes del cambio de gestión, el concejal de JSRN señaló que “si la demanda es genuina y si realmente hay un trabajo a conciencia, seguramente la próxima gestión municipal lo tendrá en cuenta para llevarlo adelante” concluyó.
De parte del oficialismo, LTP también dialogó con el intendente, Gustavo Gennuso, quien brindó detalles sobre la iniciativa y sobre la situación habitacional que viven los barilochenses.
El mandatario aclaró ciertos puntos que hacen a la cuestión, en primer lugar, el Instituto de Tierras y Viviendas otorga tierras o hace loteos sociales en diferentes categorías, una es a personas individuales y otra es a gremios, sindicatos, cooperativas y mutuales. En lo que respecta a la entrega a los gremios, remarcó que la operatoria es diferente y en el caso puntual de Bariloche “resulta muy virtuosa” señala Gennuso, ya que existe un gran problema y es que se cuenta con pequeños lotes pero que no tienen servicios, si bien el acceso es cercano no hay conexiones ya hechas en los lotes. Por lo tanto, el convenio que se hace es beneficioso para ambas partes, ya que implica que “sean los gremios los encargados de hacer los servicios, ya sea a través de fondos gremiales o con la modalidad que arreglen ellos con los afiliados” declaró el intendente.
Dicho esto, remarca que no es que la tierra se entrega “sino que se vende a precio de terreno social”, y que no se les da a los gremios como tales, sino que los beneficiarios son “un conjunto de afiliados que están nominados en la ordenanza, es decir no puede ser cualquiera”.
Los lotes en cuestión son 100 pequeñas parcelas que, según indica Gennuso, implicaría también que 100 familias tengan su casa propia y dejen de alquilar por lo cual se liberarían propiedades para el alquiler.
Desde el entorno del ejecutivo ven estos motivos que plantea la oposición para no dar curso al proyecto como “falta de voluntad política”, y que se debe a que creen que benefician al gobierno local dando su apoyo al proyecto.
Ahora bien, desde el espacio político que estará al mando del gobierno municipal, con Walter Cortes como intendente, señalan que existe un cierto “apuro” por parte del Ejecutivo actual en la entrega de tierras, y que no tiene que ver precisamente con la emergencia de la crisis habitacional.
Tales son las dudas que presenta el próximo oficialismo que su representante en el concejo, Gerardo Del Río, habló de punteros políticos, y aseguró que revisarán los listados para ver que no se le entreguen tierras fiscales a “punteros políticos y amigos del gobierno”. También plantó sus dudas sobre el funcionamiento y transparencia del Instituto de Tierras y Viviendas en entregas que ya se completaron. Ante las acusaciones, la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Almonacid (JSRN), le respondió a Del Río aludiendo que las faltas que menciona son de una altísima gravedad, y que en todo caso “debería ir a la justicia”.
Hasta el momento el proyecto continúa en comisiones, y al gobierno de Gennuso le quedan poco menos de 10 días para tener que pasar el mandato a Cortes. Por lo tanto, es posible que, atendiendo a los tiempos burocráticos que cada proyecto conlleva y a la falta de acuerdos que este tema en particular presenta, sea una cuestión que se resuelva con la nueva conformación del Concejo.
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