Tras ser aprobado en octubre pasado por el Senado, el Frente de Todos convocó para este martes a tratar en comisiones conjuntas de la Cámara baja provincial el proyecto de ley que busca crear el Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores de aplicaciones.
Sin embargo, y con un sector de los trabajadores en las puertas, los grupos parlamentarios decidieron postergar el debate para dentro de unos días, con la idea de escuchar a todas las partes involucradas.
La medida fue impulsada por el senador del Frente de Todos (FdT) y secretario general de Canillitas, Omar Plaini, quien señaló que "estamos ante una nueva realidad y un nuevo concepto de trabajo; hay un cambio en el mundo".
El proyecto indica que el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense y que "deberán registrarse las actividades que comprendan a todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias, elementos varios, correctamente embalados y sellados, hacia terceros realizadas en moto vehículo y/o bicicleta rodada, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires".
Alcanzará a quienes "ejecutan personalmente estas actividades a tiempo y jornada total o parcial, ya sea por cuenta propia o ajena, o bajo cualquier otra forma que haga presumir la existencia de una relación laboral dependiente".
Además, el texto especifica que "las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), tendrán la obligación de inscribir a sus trabajadores/as, así como los vehículos utilizados a tal fin", y añade que el registro "extenderá un certificado habilitante personal e intransferible al titular de la aplicación para cada trabajador/a y vehículo afectado a esta actividad".
Entre sus argumentaciones al momento de su presentación, Plaini destacó que es necesario que "la Provincia cuente con un Registro Único y Obligatorio para saber de quiénes estamos hablando cuando hablamos de trabajadores que usan estas aplicaciones".
En otro orden, la iniciativa contempla que los trabajadores del sector se encuentran dentro del colectivo de los vulnerables, víctimas de la flexibilización y la precariedad laboral. "Los trabajadores de las APP no poseen cobertura ante accidentes de trabajo, ni compensaciones, ni licencias, ni límite a la jornada laboral, ni aguinaldo, ni vacaciones, es decir ningún derecho ni protección conforme lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, la Constitución Nacional, los Convenios Colectivos y demás legislación laboral, encontrándose en un estado de desprotección y vulnerabilidad total", señaló el senador.
El llamado para debatir la normativa fue a última hora del viernes, cuando la Cámara Baja convocó a cuatro comisiones en conjunto para este martes. Son Presupuesto, Trabajo, Asuntos Constitucionales, y Legislación General, aunque no será definitoria.
El oficialismo había aclarado que no se buscaría sacar un despacho favorable, y que solo debatirían sobre la iniciativa, cuestionada por sectores del PRO y los libertarios. Además, los trabajadores plantearon sus temores por los efectos negativos que pueda generar la aprobación del proyecto.
 "Apoyamos totalmente a los repartidores. La ley que quieren aprobar y tratar es completamente delirante, dejaría a más de 20 mil personas sin trabajo", señaló el diputado Nahuel Sotelo, quien responde a Javier Milei.
En la misma sintonía se manifestó Guillermo Castello, quien consideró que "el proyecto es un ejemplo de odio a la libertad y amor a la burocracia. Extermina los deliverys y va a dejar 25 mil pibes sin trabajo".
Antecedentes de un vínculo tenso
En 2021, el gobierno bonaerense impuso multas millonarias a Rappi, Pedidos Ya y Glovo por irregularidades laborales. Tras la realización de un mega operatuivo en 24 municipios la entonces ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, encontró que el 90% de los repartidores trabajaba más de 7 horas y que la mitad superaba las 9. Además, la mayoría lo hacía los siete días de la semana.
En esa oportunidad, la cartera ahora comandada por Walter Correa impuso a Pedidos Ya una multa de 17.690.400 pesos; a Rappi, 16.426.800 pesos; y a Glovo, 6.318.000 pesos.
“Descubrimos que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos: si no los hacen, tiene consecuencias en la asignación de nuevos pedidos. Hay una relación de dependencia, entonces, deben estar registrados”, explicó Ruiz Malec.
Sumado a eso, días atrás, el Gobierno denunció a Rappi y Pedidos Ya por un "gasto oculto" que esas dos empresas cobran a sus clientes, que se traslada a los consumidores y que viola la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Se trata de la "tarifa de servicio", que suele ser menor a $100, pero que se suma al precio del producto solicitado por el cliente, como también al costo de envío. Desde el Ministerio de Producción sostuvieron que ese cobro adicional resulta una "práctica abusiva por parte de ambas empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a los consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios".
Además de una presentación judicial, la cartera les impuso una multa de $400 millones en territorio bonaerense.
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