El campo bonaerense presiona para que Nación declare la emergencia agropecuaria

A través de un comunicado, las 114 Asociaciones Rurales nucleadas en Carbap reclamaron “que se declaren con celeridad” las emergencias nacionales para la provincia de Buenos Aires tras los informes presentados a la Comisión Nacional.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales, Buenos Aires y La Pampa concentran más del 65% de las hectáreas de cultivos de soja y maíz afectadas por la sequía. A lo largo del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, encabezado por Javier Rodríguez, declaró la emergencia agropecuaria en más de 50 distritos.

Sin embargo, desde distintas entidades rurales reclamaron también el acompañamiento por parte de Nación. “Desde la Secretaría de Agricultura Nacional se ha retaceado de manera preocupante el acompañamiento a los productores bonaerenses, habiéndose demorado la declaración de emergencia nacional por sequía a más de diez millones de hectáreas bonaerenses en emergencia, habiéndose concluido la cosecha de trigo con resultados catastróficos”, expuso Carbap en el comunicado difundido este jueves.

“De la misma manera, desde la provincia de Buenos Aires no solo se impidió acercar en tiempo y forma las homologaciones de las emergencias provinciales a la Nación, sino que además las emergencias vencidas en diciembre del 2022 fueron prorrogadas solo por 3 meses, como si en ese tiempo se solucionase la situación productiva”, añadieron.

En este marco, y considerando que el país atraviesa la peor sequía del siglo, desde el organismo presidido por Horacio Salaverri manifestaron su descontento con la “actitud del secretario de Agricultura Juan José Bahillo de permanecer sentado sobre los miles de millones de pesos que dispone el presupuesto nacional (más de 17 mil millones de pesos) para dar respuesta y paliar situaciones de emergencia que viven los productores”.

“Su inacción frente a esta crisis desnuda la falta de conocimiento sectorial y de ejecutividad ante un sector productivo que se ve asfixiado por la presión impositiva nacional sin poder producir, y preso de una burocracia que impide acceder a los beneficios que otorga la ley de emergencia y/o desastre”, concluyeron, a la vez que notificaron que el Consejo Directivo se dará cita la próxima semana “para analizar las acciones a seguir”.