El Procurador bonaerense, además de exfuncionarios de Cambiemos y un fiscal, fueron denunciados por la diputada provincial Susana González (FdT), por encubrir delitos de corrupción por US$ 95 millones.
La legisladora peronista pidió ante la justicia penal que investigue al funcionario y otras seis personas por la posible comisión de los delitos de malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública, con fondos “destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”.
Además, la demanda apunta al fiscal Juan Cruz Condomí; el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; a los exfuncionarios de Procuración, Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y al excoordinador de Seguridad y Jefe de RRHH del astillero, Ricardo René López.
De acuerdo con la diputada kirchnerista, la presentación “apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal".
En tal sentido, acusa a los mencionados por "exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita".
La legisladora sostiene que dichos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, evidenciando “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.
González, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, sostuvo que los hechos denunciados se enmarcan en el entramado de persecución política y judicial conocido como “mesa judicial” o “Gestapo antisindical”, al que calificó como “un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.
En referencia al hecho concreto que se menciona, lo definió como “un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.
Al detallar la participación del fiscal Condomí Alcorta, González sostiene que “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, considerando que se trata de “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”.
En su denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, la diputada ensenadense afirmó que la pericia “demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas".
En la denuncia, se aporta el informe técnico de la Prefectura Naval Argentina, además del informe de los contadores en la visita a las instalaciones del Astillero Río Santiago, en 2019.
Dichas pericias, sostiene, se manifiesta en un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares”.
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