La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley, en mayo pasado, el proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal y cáñamo industrial, que creará una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), para regular administrar y fiscalizar toda la cadena productiva y articular con otros organismos del Estado.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires el debate quedó congelado tiempo atrás, a pesar del impulso que el Ejecutivo intentó imprimirle a una normativa bonarense. El proyecto oficialista tuvo despacho de cuatro comisiones, pero quedó archivado y perdió estado parlamentario porque nunca llegó al recinto.
La oposición busca reflotar el tema, por el que el Frente de Todos amagó en 2020, con el objetivo de modificar la Ley 14.924 y ratificar la adhesión a la ley nacional 27.350.
Así, esta tarde tiene lugar en la Cámara de Diputados de la Provincia una jornada denominada “Cannabis medicinal y Cáñamo Industrial, desafíos y oportunidades para la salud y la producción en la provincia de Buenos Aires”, organizada por el diputado radical Emiliano Balbín, abogado y autor del proyecto Ley de Regulación del uso de Cannabis Medicinal en la Provincia.
La misma contará con la presencia de Agustina Elizalde, abogada especialista en semillas, cannabis y cáñamo; Mariela Morante, médica experta en Cannabis medicinal, tratamiento del dolor y cuidados paliativos; Diana Barreneche, abogada especialista en Derecho ambiental y presidenta del Proyecto Cáñamo Argentina y Nicolás José Rodríguez, investigador del Doctorado en Política Pública y Urbana de The New School en la ciudad de Nueva York e Ignacio Saffarano, cirujano, especialista en cirugía maxilofacial y docente del curso de endocannabinología (FEMEBA), además del propio Balbín.
En la Legislatura, la principal diferencia que esgrimen desde Juntos por el Cambio tenía que ver con la creación de la Agencia Provincial del Cannabis (APC) como entidad autárquica, que mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Gobierno, hoy en manos de Cristina Alvarez Rodríguez.
Desde el principal bloque opositor consideraban que el mencionado ente debería contar con representantes de otros espacios políticos (no sólo del oficialismo), especialistas y sectores vinculados con la temática, al igual que tienen otros organismos bonaerenses, como IOMA o el IPS.
No obstante, otros cuatro proyectos sobre cannabis fueron presentados y aún se encuentran vigentes: uno de la diputada UCR Melisa Greco que versa sobre capacitaciones a médicos; del radical Diego Rovella, pero que carece de actualidad porque pide adhesión a ley nacional que ya existe por medio de ley 13.729; de la diputada Natalia Sánchez Jáuregui, pidiendo la creación de un Consejo Cannábico en marco de la Agencia que finalmente no fue creada; y otro de Emiliano Balbín (UCR), que brinda un marco regulatorio al uso del cannabis al pedir su incorporación en sistema público de salud como parte de tratamiento terapéutico.
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