A la zaga de Alberto: ofensiva legislativa de diputados contra funcionarios de Macri que tomaron deuda

El eje principal del discurso del presidente Alberto Fernández en la asamblea de inicio del año legislativo fue el anuncio de avanzar en una querella criminal contra los ex funcionarios que tomaron deuda con organismos extranjeros durante la gestión de Mauricio Macri. Dos días después, el bloque oficialista del Frente de Todos de Diputados tomó nota y ya salió a respaldar al Primer Mandatario por la vía legislativa.

El diputado nacional José Luís Gioja presentará un proyecto de resolución a la Cámara baja en el que solicita a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que instruyan los mecanismos administrativos para promover las acciones de responsabilidad patrimonial a los funcionarios que intervinieron en los acuerdos de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por los que el país tomó una deuda del orden de los 57 mil millones de dólares.

La iniciativa de Gioja, Vicepresidente de la Cámara de Dsiputados, apela a la aplicación de la Ley de Administración Financiera (24.156) y a la de Responsabilidad del Estado Nacional (26.944).
 

Macri eludió los controles parlamentarios para endeudar a la Argentina y debe responder con su patrimonio.

Presenté Proyecto de Resolución ante la HCDN solicitando a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN, para promover la responsabilidad patrimonial por el préstamo del FMI.

— José Luis Gioja (@joseluisgioja) March 3, 2021

Según fundamentó el proyecto, la Ley de Administración Financiera, en su Artículo 113, establece que “los funcionarios responderán de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia, en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.

Por otro lado, la ley 26.944 de Responsabilidad del Estado Nacional establece que: “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años”.

Gioja, presidente del Partido Justicialista nacional, que dejará este cargo en manos de Fernández, señaló en sus considerandos que la gestión del ex mandatario de Juntos por el Cambio Mauricio Macri, eludió los controles parlamentarios, dadas esas irregularidades constitucionales, legales y procedimentales, estimamos que el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación deben arbitrar medios de inmediato para que se articule la acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración del acuerdo con el FMI en 2018.

El legislador de San Juan finalizó pidiendo que, atento al plazo de prescripción fijado en el artículo 9 de la ley 26.944, solicitamos que tanto el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación se aboquen de inmediato a esta cuestión.