Con la apertura de sesiones arrancó el 2021 político, arrancó la rosca. Y no solo con la mira en este año legislativo, sino también en 2023. A esos comicios apunta un supuesto acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio que tendría como principal protagonista al Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.
El ex diputado provincial permanecerá en su cargo hasta diciembre de este año, puesto al que llegó en medio de las negociaciones por el presupuesto y el endeudamiento 2018. Su principal impulsor, el mandamás de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Claro, en ese momento, gobernaba María Eugenia Vidal.
Pero todo lo que empieza se termina. Y la política no es la excepción. Sin embargo, la idea de Lorenzino es continuar al frente de la Defensoría, y con ese propósito es que estaría trabajando de la mano de un acuerdo al que habrían arribado las bancadas de senadores del oficialismo y de la oposición. Aunque desde ambos lados lo nieguen.
Quizá los hayan pasado por arriba. Puede ser. Quizá quien maneje por el lado de JxC sea la mismísima Vidal y por el lado del FdT los intendentes de la Primera y la Tercera. Todo puede ser. Lo cierto es que a cambio de la continuidad de Lorenzino (necesita el ok del Senado), este tendría que encargarse de liderar la presentación judicial que le ponga fin al límite de las reelecciones indefinidas.
"No estoy al tanto de esa negociación, a priori me parece raro el razonamiento: qué gana Cambiemos? Las reelecciones? Guido se pasó con ellos?", reflexiona un asesor del bloque kirchnerista en la Cámara alta; aunque como se mencionó antes, no descarta que las negociaciones se estén manejando "más arriba".
Los cambiemitas se expresaron en igual sentido. "A mi nadie me dijo, nada y la verdad que me parece que no son cosas que vayan juntas", se expresó la fuente, en referencia a la eventual presentación judicial que "baje" el límite a las re y la continuidad o no de Guido Lorenzino como Defensor del Pueblo.
Niegan de un lado, niegan del otro. Pero en el medio, desde la Defensoría una persona allegada a Lorenzino, en estricto off y sin más detalles, asegura que "es así, el acuerdo avanza", y resalta a su vez que "incluso ya están trabajando en la redacción del escrito judicial", cerraron.
Con el correr de los días habrá más novedades seguramente, pero los tiempos apremian. Y no son pocos los que "presionan" (la mayoría en voz baja) para poder volver a presentarse en 2023 (incluso algunos en 2021), ya que tal como se dijo antes, hoy por hoy la ley no lo permite. ¿Será esta la salida? Todo puede ser.
Vale recordar que en diciembre del año pasado, después de la declaración de Alberto Fernández sobre su rechazo al límite de las re, tal como informó la Tecla, los intendentes del peronismo aceleraban en la búsqueda del resquicio que les permita ser nuevamente candidatos en el pago chico en 2023. También algunos de los jefes comunales de Juntos por el Cambio se mostraban interesados, pero con absoluto silencio.
Incluso, alcaldes del Frente de Todos sondearon a María Eugenia Vidal para ver si se podía avanzar por la vía legislativa y dar marcha atrás con la ley 14.836, pero la exgobernadora les respondió que no iba a borrar con el codo lo que había escrito con la mano y que estaba de acuerdo en cómo se había legislado al respecto. De todos modos, Vidal no condicionó a sus jefes comunales y los dejó jugar libremente si querían acompañar a sus pares peronistas.
Con la vía legislativa prácticamente cerrada, quedaba la judicial, con la esperanza de que la Justicia interprete que como la ley se votó en 2016, cuando el primer período estaba ya en marcha, no pueda aplicarse con retroactividad. Es decir que el período 2015-2019 no cuente para la restricción y que la normativa comience a regir desde las elecciones de 2019.
En ese sentido, los alcaldes del Frente de Todos, soterradamente, sondeaban la posibilidad de hacer la presentación judicial correspondiente en un juzgado que pueda fallar en el sentido que buscan. Esto, claro, antes del rumor que involucra la continuidad o no de Guido Lorenzino.
Según pudo saber La Tecla en su momento, el Departamento Judicial de San Martín es donde se tramitaría la causa. Allí hay dos juzgados en lo Contencioso Administrativo, el 1 a cargo del juez Jorge Aníbal Ocampo y el 2 conducido por la jueza María Cristina Fernández. En tanto, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, que seguramente también intervendría tras el fallo de primera instancia, está presidida por el magistrado Jorge Augusto Saulquín.
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