El Senado de la Nación avanzó este lunes en comisión el proceso para nombrar al juez Alejo Ramos Padilla al frente del juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, al que fue propuesto por el Ejecutivo.
Al responder a las impugnaciones que se le efectuaron desde la Coalición Cívica, Ramos Padilla -actual juez federal de Dolores- aseguró hoy ante los senadores que las objeciones en su contra "no son más que cuestiones que han salido en los medios" y que "han resuelto en profundidad los organismos pertinentes".
"Es necesario que los jueces no sean oportunistas y que no piensen en función de las conveniencias del momento", dijo ante los senadores durante la videoconferencia ante la comisión de Acuerdos.
El juez que la semana pasada procesó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia por la causa del espionaje ilegal respondió así las impugnaciones que diputados de la Coalición Cívica formularon para impedir su traslado por considerarlo "un juez militante" cercano al oficialismo.
Sin embargo, durante la reunión de hoy, ninguno de los senadores de la oposición pidió la palabra para ratificar los cuestionamientos, por lo que el tratamiento del pliego del magistrado seguirá su curso y recibiría aprobación en una futura sesión, junto a los otros 14 pliegos enviados en los últimos días por el Gobierno al Senado.
Ramos Padilla hizo un repaso de su carrera judicial, contó que tuvo anteriormente "una activa militancia universitaria" más ligada a la agrupación radical Franja Morada, habló de su participación en causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y refutó las críticas de parcialidad que se le dirigieron desde la Coalición Cívica.
Entre las causas de las que participó, mencionó la del robo de bebés durante la última dictadura militar en la que logró que se acusara a Jorge Rafael Videla, quien había sido excluido de ese delito, y el expediente para el reconocimiento de 123 tumbas de ex combatientes de Malvinas que figuraban como NN en el cementerio de Darwin de las islas Malvinas.
El juez aclaró que no tuvo ninguna participación en la causa Noble, como se le endilgó desde la oposición (la investigación de la adopción de los hijos de la fundadora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble), y aseguró que sólo acompañó a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María "Chicha" Mariani.
Tal como publicó LaTecla.Info, el juzgado federal de La Plata tiene potestad para intervenir ante posibles controversias electorales en la Provincia. Tiene decisión ante temas tan candentes como la presentación de listas electorales, impugnaciones, financiamiento de los partidos políticos y hasta denuncias por presunto fraude o alteración de resultados en comicios.
El ambicionado sillón viene siendo subrogado desde 2014, cuando se produjo la muerte del juez Manuel Humberto Blanco, sitio que fue ocupado en forma provisoria por María Servini de Cubría.
Posteriormente actuaron como subrogantes otros magistrados, como el juez de La Plata Adolfo Ziulu (subroga en estos momentos) y, durante las últimas elecciones, por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, hoy a cargo de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura y quien llevó adelante el proceso electoral de 2017.
En estos momentos, dos magistrados se reparten las competencias subrogadas del anhelado juzgado: Ernesto Kreplak en cuanto a lo penal, y Ziulu en el aspecto electoral.
Tras el fallecimiento de Blanco se abrió el procedimiento constitucional previsto para el reemplazo, un camino que no estuvo exento de polémicas, especialmente tras la designación de Laureano Durán para dicha subrogancia, ya que en ese momento se desempeñaba como secretario contratado y tenía el cargo de escribiente en la Sala I de la Cámara Federal platense, por lo que fue cuestionado por diversos sectores, entre ellos la UCR.
Lo cierto es que Durán fue apartado luego de que la Corte Suprema ratificara un fallo en primera instancia declarando ilegal la Ley de Subrogancias, con lo que Servini tomó el lugar del joven juez, hijo del excamarista Alberto Ramón Durán.
Con el correr del tiempo, los mecanismos se aceitaron y el Consejo de la Magistratura comenzó a cumplir los pasos pertinentes para elegir a la terna que elevaría al Ejecutivo para, por fin, designar un juez natural en la capital provincial tras el visto bueno del Senado.
Así, la Comisión de Selección de Magistrados definió la terna propuesta para quedarse con el estratégico juzgado, según el orden de méritos.
La grilla estuvo encabezada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, seguido por Jorge Eduardo Di Lorenzo y Laureano Durán, en los puestos 2 y 3. Y aunque sea una práctica que el Ejecutivo elija el nombre del primero de los postulantes para remitirlo, no tiene obligación legal de hacerlo, tanto que Mauricio Macri pidió la designación del platense Durán.
Además de los tres integrantes de la terna, fueron entrevistados otros seis competidores por el cargo federal que está vacante desde 2014: Domingo Esteban Montanaro, Roberto José Boico, Diego Isasa, Andrés Salazar Lea Plaza, Matías Alejandro Latino y Juan Martín Nogueira.
Por orden de méritos, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, encabezó las postulaciones, seguido por Jorge Eduardo Di Lorenzo y Laureano Durán, en los puestos 2 y 3.
La puja por quedarse con el juzgado clave en la Provincia dividió aguas en su momento, incluso dentro del propio espacio que conforma el Frente de Todos.
Ramos Padilla contaba con el beneplácito de sectores claramente kirchneristas, especialmente del grupo jurídico del Instituto Patria. Por su parte, el “albertismo” no veía con desagrado a Durán, quien contó luego con el visto bueno del macrismo, a pesar de que muchos lo vincularon a la órbita del peronismo por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima.
Con el tiempo, el perfil de Ramos Padilla fue en franco crecimiento, especialmente por encabezar la investigación sobre la presunta existencia de una red de espionaje ilegal.
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