LEGISLATURA
29/11/2020
Ficha limpia, un debate con zonas oscuras
Proyectos para inhabilitar a candidatos por condenas judiciales reabren la polémica. Sentencia firme o en instancias anteriores pareciera ser el centro de interrogantes y rechazos
Buena parte de la sociedad argentina pareciera tener la sensación de que los ejes sobre los que el consenso de los diferentes sectores transitó esta etapa democrática, iniciada en 1983, siguen teniendo algunos déficits importantes. Uno de ellos, y así lo marcan las encuestas, es la calidad de los representantes, entre ellos, los políticos.

Basados en la experiencia de países vecinos como Brasil, el Congreso de la Nación fue escenario de batallas dialécticas cuando se debatieron proyectos que buscaban limitar el acceso de candidatos o servidores públicos con antecedentes penales, en algunos casos denominados de “ficha limpia”.

La ofensiva “honestista” fue encabezada por legisladores de Cambiemos (hoy, Juntos por el Cambio), siendo los del PRO y la Coalición Cívica quienes esgrimieron discursos más radicalizados, vinculando, disimuladamente o no tanto, las cualidades éticas de los políticos con las causas de corrupción que afrontan exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas.

Así, algunos proyectos tuvieron su ré- plica en la Legislatura bonaerense. Uno de ellos forma parte de una estrategia nacida de la Unión Cívica Radical, presentada por el senador provincial Leandro Blanco y acompañada por otros cinco legisladores boinas blancas: Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, David Hirtz, Agustín Máspoli y Emiliano Reparaz.

Propone inhabilitar por sentencia en segunda instancia a quienes tengan condena por delitos en contra de la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, asociación ilícita, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento). También por delitos contra el orden económico y financiero, delitos contra la vida, contra la integridad sexual, contra el estado civil, y aquellos considerados que atentan contra la libertad.



“Apuntamos a que sean los propios partidos, agrupaciones o alianzas las que modifiquen sus cartas orgánicas o actas constitutivas para incorporar esta prohibición”, señaló el autor de la iniciativa, y añadió: “En el caso de que una candidatura no cumpla con estas condiciones podría ser observada por la Junta Electoral de la Provincia”.

Anteriormente, otra propuesta, del diputado Fernando Pérez (bloque Cambio Federal), propugnaba inhabilitar a candidatos electivos (en principio, concejales y consejeros escolares) y funcionarios, además de cargos partidarios, con sentencia en primera instancia.

El legislador quilmeño incluye entre las causales de inhabilitación a delitos de similares características que los que se expresan en el proyecto de Blanco.

Pérez comentó que “en el caso de los cargos provinciales, el poder d policía o de contralor, según la ley vigente, lo especifica, en todos los casos, la Ley Electoral. Así es con la edad, el domicilio y el resto de requisitos, y la encargada es la Junta Electoral de cada partido. Después de la PASO, la que toma intervención es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que es la que hace el control de constitucionalidad, por llamarlo así, de cada ciudadano que pretende ser candidato”.

El tema incomoda especialmente al kirchnerismo, que se debate entre la necesidad de no quedar ante la sociedad como reticente a profundizar el control sobre las cualidades morales de los políticos y funcionarios y su batalla contra lo que denomina el lawfare. Esa palabra tan usada por la expresidenta Cristina Fernández y que define una campaña, con la Justicia como ariete, para desprestigiar a un candidato o un sector de la vida política. 



Brasil
Lula, de precursor a primera víctima

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue pionero en impulsar iniciativas que bloqueaesen la posibilidad de que personas condenadas por diversos delitos accedan a cargos públicos y electivos. La ley promovida por el líder del PT fue aprobada en mayo de 2010 e impide que un condenado en dos instancias se presente como candidato. Lo mismo ocurre con la postulación para cargos públicos a personas que hayan atravesado un proceso de destitución -como ocurrió con Lula o Dilma Rousseff, su sucesora- o renunciado para evitar un juicio político. La ley, impulsada por el juez Marlon Reis, se transformó en un proyecto legislativo con el apoyo de 1.3 millones de firmas. En febrero de 2012, la Corte Suprema Federal consideró que la ley era constitucional y válida para las siguientes elecciones en Brasil, y fue el propio Da Silva quien sufrió la prohibición impulsada por él tras varias causas en su contra.




Leandro Blanco, senador Juntos por el Cambio
La doble instancia penal y los derechos políticos y humanos

El senador Leandro Blanco, de la bancada de Juntos por el Cambio, presentó días atrás una iniciativa de ficha limpia. La misma, aseguró el legislador a La Tecla, “tiene como objetivo modificar el artículo 30 de la Ley Orgánica de los partidos políticos y agrupaciones municipales para incorporar la prohibición de acceder a cargos electivos y partidarios a las personas condenadas, que cuenten con sentencia en segunda instancia, aunque la misma esté recurrida o con cumplimiento de la pena”. En cuanto al señalamiento de que una iniciativa de este tipo podría violar derechos políticos, y hasta humanos, Blanco sostuvo: “Los derechos políticos están consagrados constitucionalmente, pero admiten una reglamentación, como marca el propio artículo 37 de la Constitución Nacional. Y eso se tiene que armonizar con lo que es la idoneidad que se requiere para desempeñar los cargos públicos y el propio principio de la representatividad”. Acerca de la doble instancia señaló que “es razonable, porque una condena confirmada por un tribunal de alzada debe ser un elemento más que suficiente para impedir una candidatura, incluso cuando el condenado tenga interpuesto algún recurso judicial”. Por último, Blanco explicó que “no es inconstitucional. Algunos apuntan al Pacto Internacional de San José de Costa Rica o a la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de la reglamentación del derecho al voto por condena emitida por juez competente. Pero no hace mención alguna a que tenga que ser condena firme, y hay muchos pactos y tratados que hablan de la doble instancia que está contemplada en este proyecto”.

Susana González, diputada bloque FdT
“Algunos hablan de moral, pero moral con la bragueta abierta”

Desde el sector del Frente de Todos, la diputada provincial Susana González, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara Baja, en referencia al proyecto de Fernando Pérez aseguró que (“no leí el de Blanco, todavía”, manifestó) “en principio es lógico, podríamos analizarlo”. “Hay determinados delitos que para mí entran en la categoría de aberrantes y por los cuales no tendrían que ocupar cargos electivos ni ejecutivos, como los delitos contra la identidad sexual”, expresó. La legisladora añadió que “si una persona tiene sentencia firme y ha cumplido su condena, ya ha pagado a la sociedad por el daño que ha hecho. Sin embargo se refirió al período de condena. “En una época hubo proyectos de Cambiemos, que también se llamaron de ficha limpia, donde ellos decían que con sentencia de segunda instancia era suficiente, y para mí, eso es violatorio del principio de inocencia, porque la Constituciòn habla de sentencia firme, y eso se logra cuando uno alcanza el máximo tribunal”. Por otra parte, la ensenadense disparó sobre la oposición al expresar que “algunos proyectos, como el que propuso el diputado nacional (Pablo) Tonelli, de Juntos por el Cambio, que decía que la segunda instancia era suficiente, y muchos otros, digo que son vendedores de humo. Sobre todo en un país como el nuestro, en el que algunas personas tienen una doble moral, pero moral con la bragueta abierta. Que hablan de corrupción y asumen con 200 causas o procesos pendientes, pero solo se fijan en los procesamientos del otro”.




Fernando Pérez, diputado Cambio Federal
“Lo que pido es sentencia de primera instancia”

Un proyecto de ficha limpia ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense poco tiempo atrás, con la firma del legislador quilmeño Fernando Pérez, del bloque Cambio Federal. El diputado explicó a La Tecla: “Lo que yo presenté es un conjunto de iniciativas que tienen como objetivo modificar la legislación que regula los partidos políticos y la elección de cargos partidarios. En el caso de la Provincia, para que las autoridades provinciales tengan la obligatoriedad de presentar la ficha limpia para ejercer esos cargos de conducción”. Añadió el parlamentario: “Un segundo elemento tiene como objetivo que los funcionarios de la provincia de Buenos Aires con cargo de director hacia arriba tengan la misma obligatoriedad, con fallo de primera instancia definitivo”. Además refirió: “Hay un tercer elemento, que presenté después, porque hay una discusión no saldada en temas de técnica legislativa, sobre si podemos los legisladores regular por ley cuestiones que, en principio, están reservadas a la Constitución provincial, como son las condiciones que debe tener una persona para ser elegida. Por eso lo presenté para concejales y consejeros escolares, porque ellos están regulados por la Ley Orgánica de las Municipalidades. En cuanto al polémico tema de la etapa del proceso judicial en que se aplica la ficha limpia, Pérez explicó: “Lo lo que pido es sentencia de primera instancia, para delitos que están tipificados en el Código Penal”. En el caso de que no cumplan con estos parámetros, el legislador del Conurbano propone que “el castigo o la limitación sea de ocho años después de cumplido el tiempo dispuesto por la sentencia condenatoria”.

Avances territoriales
Chubut y Salta lo aprobaron; en Neuquén dijeron NO a la norma

Sumida desde hace tiempo en una profunda crisis económica y social, Chubut se convirtió horas atrás en la primera provincia en aprobar por ley la “ficha limpia”. Así, quienes tengan condena en segunda instancia serán inhabilitados para presentarse a cargos electivos. La iniciativa fue presentada por el bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura chubutense, y aprobada de forma unánime por las otras tres bancadas: Cambiemos Chubut, Chubut al Frente y Frente de Todos, este último, tras mostrar algunas disidensias. El autor del proyecto es el radical Miguel Pagliarioli, quien sostuvo que “se habla de que no se estaría respetando la presunción de inocencia, pero no estamos hablando de una instancia legal, sino de los derechos electorales respecto de ser candidato. Desde nuestro punto de vista, no tiene justificación. Si fue revisada su condena, no se le puede dar el beneficio de la duda. No se lo puede tener en un lugar de toma de decisiones”. Finalmente, el FdT accedió y votó favorablemente a la iniciativa del diputado boina blanca. En línea con la argumentación de sectores del kirchnerismo a nivel nacional, la legisladora provincial Mónica Saso dijo que “aplicar restricciones a derechos electorales violentando garantías constitucionales atenta directamente contra el Estado de derecho y los principios básicos de nuestra Constitución Nacional”. La norma sancionada incorpora el artículo 66 bis a la Ley de Partidos Políticos provincial, definiendo que, de ahora en más, quedan inhabilitadas las personas para presentarse a precandidaturas, así como para ejercer cargos partidarios, en los casos que tengan condenas en segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos y otros delitos dolosos contra la Administración Pública. También la provincia de Salta aprobó una propuesta similar, con el visto bueno de 53 de los 54 legisladores (el único voto negativo fue el de Claudio del Plá, representante del Partido Obrero, tío de Romina, diputada nacional trotskista). Sin embargo, un proyecto con las mismas intenciones no contó con el apoyo de los legisladores en Neuquén. Allí, la mayoría de representantes provinciales rechazó la propuesta en la comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia.