Quedan apenas 48 horas para que se cumpla el plazo para desalojar a las familias que ocupan más de 100 hectáreas en Guernica, distrito de Presidente Perón. Desde hace varias semanas, funcionarios de distintos ministerios de la Provincia trabajan contrarreloj para llegar a un acuerdo con los vecinos y así poder avanzar en la resolución judicial.
Pero, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Eventualmente, será la Policía Bonaerense la que deberá acatar la órden del juez de Garantías Martín Rizzo de desocupar los terrenos este jueves 1 de octubre, resolución que fue ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal.
Según pudo saber LaTecla.Info, desde Gobernación esperan poder ganar más tiempo y que el desalojo finalmente se concrete unas horas después. Por ahora, manejan varias alternativas. Podría ser el 2 de octubre o, con mucha suerte, el lunes 5. De esta manera, tendrían todo un fin de semana más para negociar.
“Eso lo va a determinar el juez, vamos viendo minuto a minuto. Nosotros somos optimistas respecto del diálogo que se va dando con las familias, pero también es cierto que algunas organizaciones políticas que están ahí están obstaculizando el diálogo. De hecho, tenemos reportes de amenazas a algunas familias, lo que nos tiene preocupados”, dijeron a este medio desde el entorno del ministro de de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, uno de los que se encuentra en la primera línea de la trinchera.
Hasta ahora, identificaron a varias organizaciones que están detrás del conflicto: el Polo Obrero, que es el frente territorial del PO; la línea interna de Humberto Tumini, de Libres del Sur; y el ala de La Dignidad, que responde a Rafael Klejzer de la CTEP.
Cuando la problemática comenzó a sumar protagonismo en los medios de comunicación, el Ejecutivo salió de manera unánime a asegurar que la toma de tierras "no es la salida" al déficit habitacional, que a esta altura es uno de los tantos problemas estructurales que tiene tanto la Provincia, como el país.
Ante las tomas de tierras actuales, Larroque sostuvo que se trabaja "en un plan en la emergencia, ver de qué manera se evitan situaciones de toma, y cómo se administran las tomas preexistentes, que vienen de años anteriores, y que se consolidan ya como barrios informales".
Según pudo saber LaTecla.Info, desde la subsecretaría de Obras Públicas ya trabajan para que se reanuden obras en 6 mil viviendas que están paradas, de las cuales, 2 mil están financiadas por el FONAVI y 4 mil con transferencias del Ministerio de Hábitat.
“Esas obras están en una situación irregular. Ahora que tenemos un decreto que nos permite renegociar los contratos vamos a relanzar los trabajos. Estamos esperando desembolsos de la Nación para acelerar ese proceso”, señaló el subsecretario Selzer.
Asimismo, se utilizarán créditos preaprobados durante el gobierno de María Eugenia Vidal con el Banco Mundial para proyectar 3 mil viviendas. Las obras se iniciarán cuando se otorgue el crédito, antes de fin de año, y el plan es proyectar 20 mil viviendas en los cuatro años de mandato de Axel Kicillof.
Por su parte, la Federación Argentina de Agrimensores (FADA) propuso “activar de inmediato y con agresivas acciones la generación de un banco de tierras fiscales en los municipios” con mayor población urbana en un principio y luego al resto, y también promover la creación de “barrios pueblos” alrededor de focos productivos subsidiados “con el fin de lograr, entre todos los sectores y el estado, una política para crear y gestionar suelo urbanizable, previendo cubrir la demanda de lotes a corto, mediano y largo plazo”.
“Es clave también generar rápidamente lotes de bajo costo, sólo con apertura y acondicionamiento de calles, red de agua corriente y red energía eléctrica en los municipios que se corresponden con grandes aglomeraciones humanas, buscando articular y desarrollar acciones entre mano de obra local y actualmente desocupada, empresas y servicios locales, con asignación de fondos específicos creados por Ley y/o subsidios direccionales del Estado, en un principio y, con el transcurso del tiempo, copiar esas iniciativas en el resto de los municipios del país”, dijo el presidente de la entidad, Marcelo Lupiano.
En este sentido, la entidad propuso que, en los sectores urbanos consolidados se permitan la creación de lotes de menores dimensiones al lote tipo actual, en general de 10 m de frente x 25 ó 30 m de fondo, llevando las mismas a la mitad, manejando la densidad poblacional potencial en función de los factores de edificación permitidos.
Volviendo al desalojo, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Lisandro Pellegrini, reiteró que el Gobierno bonaerense quiere "evitar el uso de la fuerza" en el predio de Guernica.
"Estamos trabajando de manera denodada para evitar un desalojo forzoso, queremos evitar el uso de la fuerza porque creemos que podemos llevar una alternativa, una solución pacífica para un desalojo voluntario y una solución para las familias que llegaron en situación vulnerable", expresó Pellegrini.
El funcionario se refirió a la decisión del juez de la causa, Martín Rizzo, de desalojar el predio de 100 hectáreas que ocupan familias en la localidad de Guernica, el 1 de octubre próximo, y destacó que "desde el 15 de septiembre" están "realizando una intervención interministerial" para que el desalojo sea ordenado y "no violento".
Recordó que "la fecha de desalojo era el 23" de septiembre y que a pedido del Gobierno provincial, el juez lo postergó para el 1 de octubre para permitir que se pudiera "seguir trabajando sobre la situación" en el predio ocupado.
"Ayer era el inicio de la segunda etapa. Después del censo que hicimos, pretendíamos hacer un despliegue en busca de la información que nos falta para atender las diferentes realidades que hay dentro de la toma", relató el funcionario en declaraciones a radio Provincia.
Pellegrini lamentó que en ese marco "ayer hubo un rechazo muy contundente" al ingreso de los funcionarios del Gobierno bonaerense en el predio.
Cabe recordar que el 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras, ocupadas en julio pasado. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo, quien posteriormente postergó la desocupación de los terrenos hasta el 1 de octubre próximo.
Según la resolución judicial, "se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública", que deberá realizar el procedimiento "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes" y recurrir "al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible".
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