La situación en Guernica se torna cada vez más caliente. La fecha prevista para el desalojo se acerca y la solución por la vía "pacífica" no llega. Desde el gobierno provincial y desde el municipio de Presidente Perón le apuntan directamente a las organixaciones sociales y políticas.
"No hablaría de negociación, porque creo que lo que el Gobierno está haciendo es intentar que el desalojo, que fue ordenado por la Justicia, se desarrolle en paz, señaló en declaraciones a FM La Patriada la jefa comunal de Presidente Perón, Blanca Cantero, preocupada por la situación presente y futura.
"Hay gente que le está impidiendo al Estado enterarse mano a mano con quien supuestamente tiene el problema, cuál es y cómo es el abordaje que se le puede dar; el Estado está intentando ayudar, pero si no nos dejan la cosa se complica", agregó la referente del Frente de Todos.
Y le apuntó directamente a los que están al frente de la movida. "Hay gente que está ahí y que son organizadores, a los que políticamente no les conviene, porque lo que quieren es la tierra", subrayó Cantero, y completó: "Ayer fueron doscientas personas del ministerio de Desarrollo Social y no pudieron cumplir con su cometido; no se pudo dialogar con las organizaciones".
Blanca Cantero
Por su parte, Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del ministerio de Justicia de la Provincia, comentó ante Radio Continental que "el juez ordenó una orden de desalojo y nosotros ofrecimos un plan para evitar una desocupación violenta y encontrar soluciones habitacionales".
"Estamos trabajando para conocer las realidades de las personas en la toma del predio. Las soluciones para estos problemas no serán inmediatas, no hay soluciones mágicas", completó el funcionario, apuntando más allá del desalojo que tendría que llevarse a cabo el próximo jueves.
Vale recotrdar que ayer, desde la cartera que conduce Andrés Larroque, denunciaron a través de un comunicado que "asistimos a una situación grave e inédita, cuando un grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio".
El esquema implicaba la instalación de oficinas móviles de atención y contó con la participación de 150 trabajadores y trabajadoras de los ministerios intervinientes que se hicieron presentes para asistir a las familias la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos; a la vez que distribuir viandas de comida caliente luego del temporal.
A su vez, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual visitaría personalmente a las mujeres víctimas de violencia de género a las que ya se encuentra asistiendo; y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia buscaba constatar la situación de las y los menores que se encuentran en el predio. Ésta actividad no se pudo llevar a cabo por la decisión de un sector de organizaciones.
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