La fiscal Cecilia Corfield dialogó con Cadena Rio sobre la causa que pesa contra el titular del APre.Vi.De, quien fue denunciado por violencia de género, abuso sexual y de autoridad. Cómo sigue la causa.

Tal como informó LaTecla.info, la situación judicial del titular del A.Pre.Vi.De. Juan Manuel Lugones está más que complicada, luego de que una empleada del organismo, integrante de la Policía Bonaerense, lo denunciara por violencia de género, abuso sexual y de autoridad.

La fiscal que lleva la investigación, Cecilia Corfield, dialogó con Cadena Rio (FM 88.7) y brindó detalles de la causa, sobre la que pidió elevación a juicio. Ahora, la defensa opinará al respecto del pedido, y será decisión del juez de Garantías, Pablo Raele, determinar o no el mérito en un plazo de 15 días.

“Es una denuncia que devino en tres delitos distintos. La hace una mujer que había sido dependiente de él, donde relata una serie de circunstancias que fueron constatadas por el resto de los empleados. Dentro de esos testigos, lo bueno es que también tenemos varones. Cuando hablamos de violencia de género, imaginamos mujeres. Hubo muchos varones que manifestaron abiertamente una violación a la ley de género. Un trato distinto hacia la mujer por ser tal”, relató la titular de la UFI 15.

En este sentido, reveló que “los hechos ocurrieron a lo largo del tiempo, de un año atrás como mínimo desde la denuncia. Esta persona denunció con nombre y apellido, pero nosotros preservamos la identidad de las víctimas para no revictimizarlas. Nuestra función nos obliga a eso si es que la víctima no quiere ser dada a conocer”.

En el A.Pre.Vi.De., salvo titular que tiene rango de subsecretario, el resto es personal policial. Por eso, tanto la denunciante como el resto de las y los testigos, pertenecen a la fuerza.

En relación con los hechos denunciados, Corfield reveló que “más allá de los delitos contra su intimidad, lo que tenía que ver con la Ley Micela, era la cosificación de la mujer. De acuerdo como respondía, su estética o la intención del imputado, tenían mayores o menores beneficios económicos en función de esa circunstancia. Económicos no ilegales, sino horas Cores. La arbitrariedad del titular era mandar a hacer horas extra en función de la estética de las mujeres, de acuerdo al beneplácito de quien lo decidía”.

En esta línea, la fiscal señaló que la etapa de instrucción está terminada, pero que el rol que aún cumple Lugones sí dificultó el procedimiento. “Hubo falso testimonio, en donde intervino otro juez al respecto, pero no resultó imposible avanzar sobre la investigación”, aclaró Corfield.

En relación con la posibilidad de ser separado de su cargo, la fiscal señaló que la decisión es responsabilidad del Poder Ejecutivo, a menos que haya pedido de detención. “Sino no tenemos injerencia”, indicó.

“Los varones ratificaban la situación, y entre las mujeres había una cierta discriminación con condiciones personales. Hay muchísimos testimonios y las personas que se incorporaron como testigos también fueron víctimas”, añadió.

Por último, la fiscal reveló que al funcionario se lo escuchó en dos oportunidades y, “obviamente tratando de ajenizar todo esto. Niega tener una conducta en contra de la Ley. Son muchísimos los testimonios que se recolectaron y que acreditan que pudo ser verdad. Tenemos el mérito suficiente para mandar a juicio la instrucción”.

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