"Luciano Bugallo en días te demando por 10 millones de pesos (que donaré al hospital) por daños y perjuicios por todas las mentiras y agresiones que dijiste sobre mí. Están todas las pruebas. Por lengua larga. A esos en el campo se les dice atorrantes. Sos diputado, no troll de Peña", se descargó el joven intendente, que ya instrumenta los mecanismos para la cobranza del impuesto especial al agro, justamente el disparador de la disputa.
Tal como publicó LaTecla.Info en su momento, el diputado lilito presentó una denuncia en la Comisión Federal de Impuestos contra el Municipio de Castelli y su intendente por la aplicación de un "impuesto encubierto" a los productores rurales del Partido, en el marco de una "contribución especial" por la pandemia por el Covid-19.
El legislador bonaerense sostuvo que "se trata de una doble imposición tributaria dado que utiliza la misma base imponible que el Impuesto a los Bienes Personales que cobra la Nación, al tiempo que se superpone también con el Impuesto Inmobiliario Rural provincial y a las tasas por servicios que cobra la municipalidad a los productores".
"Es claramente ilegal e inconstitucional que un municipio cree un tributo, dado que solo puede aplicar tasas que deben estar justificadas con la prestación de un servicio, cuestión que aquí no existe. Se cobra a todos los productores que tengan más de 50 hectáreas y hay facturas que superan los 100 mil pesos, cuando se estipuló en un segundo decreto modificatorio sacado entre gallos y medias noches un tope absurdo de $44.000 por partida, que de por sí ya era un disparate", expreaba el dirigente de la CC.
Y luego de unos días, llegó el fallo. El juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores rechazó de manera contundente la medida cautelar solicitada por el legislador que responde a Carrió, destacando por ejemplo que "en la tensión entre el derecho a la vida y la salud, y la eventual igualdad ante las cargas públicas, ha de prevalecer la solidaridad de aquellos que pueden contribuir".
“El cuadro actual de la situación epidemiológica nos lleva a valorar circunstancias que otrora ni siquiera habrían sido consideradas, pues en la tensión entre el derecho a la vida y la salud, y la eventual igualdad ante las cargas públicas, ha de prevalecer la solidaridad de aquellos que pueden contribuir, sin que ello denote un riesgo a su supervivencia económica. Ello, claro está, en un marco de razonabilidad en la imposición de ciertas cargas a punto de que no implique la supresión al derecho a la propiedad”, señalaron los magistrados Antonio Escobar y Pablo Hankovits.
Luciano Bugallo
Y añadieron: “Hay que considerar también que el principio de igualdad ante las cargas públicas no debe quedar reducido a un concepto gramatical de alcances matemáticos, es igualdad frente a los que están en iguales condiciones, y tampoco debe interpretarse como ajeno o desvinculado del principio de equidad en atención a las circunstancias históricas que se desarrollen”.
Enterado de las buenas nuevas, Echarren no se bquedó callado: “La justicia acaba de rechazar tu demanda y el juez te trata de ignorante. El tributo esta firme y mañana se cobra. Y con lo que nos pagues de honorarios vamos a comprar insumos. Es de mala persona hacer política con la salud”, publicó y agregó el hasthag “atorrante”, obviamente, dirigiéndose a Bugallo.
Más tarde, a través de su cuenta de Facebook, por si fuera poco, Echarren informó sobre otra decisión judicial a su favor: "Hace minutos, la Justicia también acaba de rechazar el pedido de suspensión general del tributo rural que plantearon los productores Oscar Correa, Florencia Carosillo, De Nobile y Escalante. Segunda sentencia a favor del Municipio de Castelli. Creo que el tema esta terminado, es legal lo que planteamos", cerró.
Vale recordar que en los fundamentos expuestos por el Ejecutvo castellense se señala que la creación por decreto del fondo solidario al que los productores rurales del distrito deberán aportar, tiene por objetivo contribuir al sistema sanitario local ante el Covid-19.
El aporte, que oscilará entre 9 mil y 36 mil pesos, se cobrará de acuerdo a la extensión del campo que posean. Así, los productores con establecimientos de entre 200 y 300 hectáreas aportarán el valor de medio ternero, mientras que los propietarios de campos de hasta 1000 hectáreas deberá poner el equivalente a un ternero entero. Finalmente, tendrán que abonar el valor de dos terneros quienes tengan extensiones de más de 1.000 hectáreas.
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