Argentina
Miércoles, 17 agosto 2022
DESAFIO
5 de marzo de 2020

Mar del Plata: La municipalización de Punta Mogotes

Desde hace 36 años el complejo está bajo jurisdicción provincial. El Concejo aprobó iniciativas para que la ciudad lo recupere, pero la inacción persistió. Un desafío para Guillermo Montenegro.

Mar del Plata: La municipalización de Punta Mogotes - La Tecla

La situación llamaría la atención a cualquier turista y vecino sin el contexto histórico: el principal complejo playero de la ciudad balnearia más importante del país es en realidad un enclave provincial sobre el cual, más allá de las formas, la administración comunal no tiene poder de decisión alguna.

Con sus 2,5 kilómetros de playas, una superficie de 930 mil metros cuadrados y sus 24 balnearios, Punta Mogotes permanece desde 1984 bajo la órbita provincial, en un cambio de jurisdicción que sirvió para salir de la crisis económica en que se encontraba el ente municipal que administraba la zona, pero que significó la pérdida de soberanía de la Municipalidad sobre ese frente costero.

Más allá del reclamo por la municipalización que unificó en varios momentos al conjunto de la política marplatense, en concreto las respuestas y los protagonistas con poder de decisión nunca estuvieron a la altura de las circunstancia. Y la pregunta sobre el futuro de Mogotes se vuelve a instalar con la renovación de las administraciones: ¿qué harán Guillermo Montenegro y Axel Kicillof?

En mayo de 2015 fue aprobada la ordenanza 22.232, mediante la cual se facultó al Departamento Ejecutivo, conducido en aquel entonces por Gustavo Pulti, a que denuncie el convenio suscripto por la Provincia el 31 de agosto de 1984, en función de lo dispuesto por el artículo 17 del convenio ratificado por la ley 10.233. Es que el acuerdo firmado por el intendente Angel Roig (UCR) planteaba la caducidad del acuerdo “una vez extinguidas las deudas que Proyectos Especiales de Mar del Plata -el ente que administraba Mogotes- contrajera con el Banco de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de las obligaciones que le correspondan a la Administración de Punta Mogotes (APM)”.

La salida jurisdiccional fue la solución al conflicto financiero que atravesaba en aquel entonces la  nombrada entidad municipal, que adeudaba unos 50 millones de dólares, según detalló en 2015 el concejal José Cano, quien en 1984 se desempeñaba como Secretario de Hacienda.

Entre los argumentos a favor de la municipalización vertidos en la norma, se destaca: “La administración, conservación, explotación y disposición del complejo Punta Mogotes corresponde a principios de justicia, antecedentes históricos, políticos, legales y jurídicos al pueblo del Partido de General Pueyrredón”. Y agrega: “La moderna visión jurídica del derecho municipal tiende a la autonomía de las municipalidades”.

Ante la falta de avances significativos, en octubre de 2016 el Concejo Deliberante volvió con otro pronunciamiento, en esta oportunidad en base a una iniciativa de Mario Rodríguez (UCR). Allí se  instrumentó un pedido de informes al intendente Carlos Arroyo, para que diera cuenta de las gestiones llevadas adelante, y una comunicación a la gobernadora Vidal para que, en tanto se  inicie el proceso de municipalización, se designe al frente de la APM a un representante municipal.

Es que si bien General Pueyrredón cuenta con el 30% de la titularidad del Complejo de Punta Mogotes y un representante en el Consejo de Administración, integrado por otros dos miembros designados por Buenos Aires, en rigor las decisiones son tomadas por la gestión bonaerense. La presencia del delegado municipal, se creía, sería un paso hacia la restitución.

No sólo no hubo respuestas de parte de la Provincia, sino que tampoco hubo eco en el Palacio Municipal. Recién en 2017 hubo una mención de Arroyo. “Hasta la fecha no se cuenta con antecedentes de ninguna causa judicial que involucre a la Administración relacionada con la municipalización de la APM”, dijo por un lado. “Del dictamen de la Dirección de Dictámenes de la subsecretaría Legal y Técnica surge que no ha tomado intervención administrativa alguna sobre el tema cuestionado”, completó por el otro, confirmando que no se realizaron gestiones en los 180 días que había fijado la ordenanza. En 2018, el entonces jefe comunal amagó con confirmar una comisión para evaluar la iniciativa, pero nunca avanzó.

La llegada de Guillermo Montenegro a la intendencia y de Axel Kicillof a la Gobernación, por el propio impulso del cambio de aire, pueden generar un nuevo clima para que el reclamo encuentre eco en quienes tienen poder de decisión.

En definitiva, están en disputa unos 2,5 kilómetros de playa, con todo el poder territorial que ello implica, y el manejo de recursos, con una caja multimillonaria. Por lo pronto, la demanda, como hace 36 años, aún sigue vigente.

“Hay una postura en común”

La flamante representante de la ciudad en la APM y referente de Crear, Stella Mary Leguizamón, destacó que “la política marplatense ha ido llegando a una postura común a favor de la  municipalización”, y recordó que desde su espacio, cuando Fiorini presidía la comisión de Turismo del HCD, “dio impulso a la ordenanza que planteaba que Punta Mogotes debía pasar al municipio”.

Igualmente, mostró cautela: “Represento al Municipio y, más allá de mi posición, voy a darle impulso a las políticas que determine el intendente”. También puntualizó que cualquier decisión debe ser “con el consenso de todos los protagonistas”.

Finalmente, sostuvo que “más que plantear municipalización sí o no, hay que ver qué se quiere  hacer con este lugar tan emblemático. Nos preocupa y ocupa cómo darle vuelo al complejo, cómo ampliar su objeto para que se trabaje durante todo el año con más ofertas e inversiones”.

 “No hubo voluntad política”

El ex edil Mario Rodríguez (UCR) aseguró que “jurídicamente está todo dado para avanzar rápido”, aunque explicó las demoras en que “no hubo voluntad política ni de Arroyo ni de gobiernos anteriores”. Tampoco ve un horizonte favorable a futuro, porque “ni para Montenegro ni para Kicillof es prioridad”.

“Es una decisión política y la decisión es del gobierno provincial. Los legisladores provinciales de Mar del Plata deberían haber monitoreado para que esto caminara. Pero ninguno mueve, de  ningún partido”, aseguró.

“El Municipio se conforma con poner un funcionario ahí, pero está pintado, no tiene ninguna posibilidad de influir en nada. Lo único que hace es legitimar decisiones que se toman en otro lado”, concluyó.