Alex Williams, uno de los fiscales de causa, destacó que no existen antecedentes donde se haya encontrado culpables a autores de delitos de lavado de activos provenientes del erario público. Ayer el Tribunal dictaminó la culpabilidad de diez de los doce imputados, entre ellos determinó que Diego Correa, ex mano derecha de Das Neves, era el jefe de la asociación ilícita

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Vía La Tecla Patagonia (www.lateclapatagonia.com.ar)

El fiscal general Alex Williams destacó que no conoce antecedentes en la Argentina en donde se haya encontrado culpable a autores de delitos de lavado de activos provenientes del erario público. Lo manifestó tras conocerse el fallo de los jueces de la causa “Embrujo” que por unanimidad halló culpables a diez de las 12 personas imputadas de ese delito además de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación a la administración pública, con distintos grados de responsabilidad.

“Junto al fiscal Omar Rodríguez y todo el equipo de trabajo que nos acompañó en estos casi dos años de investigación, estamos muy satisfechos”, dijo Williams para agregar luego que “el veredicto abarca a todas las hipótesis de investigación que hemos traído al juicio, salvo algunas cuestiones menores que no son centrales”.

Respecto del delito de lavado de dinero probado por los jueces Marcela Pérez, Alejandro Soñis y Ricardo Rolón, el fiscal general expresó que “no encontramos ningún antecedente en la Argentina y por eso, desde el punto de vista institucional, el fallo es muy importante para el Poder Judicial del Chubut. Quedó ratificado que el dinero espurio del erario público, fue investigado por la misma Justicia provincial, con el resultado de este fallo condenatorio”.

Como informó La Tecla Patagoni, la investigación de la causa “Embrujo” se inició a fines del año 2017 en medio de duras restricciones presupuestarias para el Poder Judicial no obstante los reclamos y gestiones realizadas en contrario. Sobre este aspecto Williams dijo que “el veredicto debe marcar un punto de inflexión. La falta de recursos fue una dificultad para la investigación. La temática de la corrupción ya está instalada y bienvenido que exista una oficina especializada que los investiga”, expresó en alusión a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración pública creada por decisión del procurador general Jorge Miquelarena.

“Los recursos fueron muy escasos y a pesar de esas dificultades se ha logrado un veredicto condenatorio. Los recursos humanos están y los recursos materiales han sido nulos. Esto tiene que ser un punto de inflexión, por lo tanto en el futuro hay que mejorar lo material y ampliar el recurso humano. Si la expectativa de la gente va a depender solo de dos personas, no vamos a tener los resultados que demandan los ciudadanos”, expresó.

También el fiscal general se refirió a las penas que se comenzarán a debatir el próximo jueves en la llamada audiencia de cesura de pena. Allí con las tipificaciones legales ya firmes tras el veredicto, defensores y fiscales fundamentarán la pena para cada uno de los imputados.

A la “luz de lo que pasó en el debate, la expectativa de pena que vamos a pedir lógicamente va a ser superior a los mínimos que fijamos. Pediremos penas de efectivo cumplimiento porque no son todos los delitos iguales, tienen particularidades y además todos los delitos son defraudaciones al Estado”.

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