Prisma y funcionarios bonaerenses, detrás del negocio del estacionamiento medido

Con la excusa de las graves realidades financieras que atraviesan las comunas bonaerenses, varios gobiernos municipales decidieron echar mano a medidas más que llamativas como establecer una tarifa para el estacionamiento. El famoso “estacionamiento medido”.

Claro está, la medida de cepa recaudatoria nunca es reconocida de esta manera, sino como un ordenamiento vial. Grandes ciudades de la Provincia se suman al sistema, pero también distritos medianos a chicos.

Uno de los casos llamativos es Berisso, que bajo la conducción del radical Jorge Nedela, aprobó la moción para sumarse al estacionamiento medido hace algunas semanas y todavía no fue implementado.

Una vez más, el objetivo expresado por el alcalde del distrito con cerca de 100 mil habitantes es el ordenamiento vial, a pesar de que está prohibido el estacionamiento sobre la avenida principal que nuclea la mayoría del tránsito de la ciudad. Claro está, la mayoría de los que se suman forman parte del oficialismo y todo indica que detrás de la medida hay funcionarios bonaerenses.

En ese sentido, La Tecla Mar del Plata (www.lateclamardelplata.com.ar) desnudó el entramado del Estacionamiento Medido en la ciudad balnearia y el paso de manos a la firma Prisma.

Desde 2012 La Feliz se zambulló en un sistema de tormentosa implementación pero con jugosos dividendos de libre disponibilidad y de compleja fiscalización para los órganos de control. El continuismo bajo el gobierno de Carlos Arroyo trajo algunas novedades, pero con la misma estructura de gestión que llegó para quedarse y promete seguir generando polémicas.

Hasta mayo de 2018 el sistema fue operado por la firma Plus Mobile, que sólo en los últimos siete meses se llevó $2.370.213,25. Los pagos más recientes fueron girados en agosto de este año, por medio de las ordenanzas 23.791 y 23.792 del Concejo Deliberante.

En septiembre de 2017 se había realizado el llamado a licitación 12/17. Se presentaron dos empresas: Plus Mobile ofertó $5.122.099 y ATX SA $5.824.287. Pero ninguna fue aceptada. En enero se realizó el segundo llamado, resultando vacante. El mecanismo licitatorio fue desechado por la Municipalidad y de esta manera Todo Pago, perteneciente a Prisma y sin estar inscripta en el Registro de Proveedores, se hizo cargo del servicio sin pasar por un proceso transparente. “Es muy usual que se hagan contrataciones directas”, sostuvieron voces que patean los pasillos del Palacio Municipal. Las evasivas son moneda corriente en las oficinas municipales cuando se piden los números del contrato.

La situación se mantiene tan encriptada que hasta el último boletín oficial, del 18/10, no hay constancia de los pagos a la empresa, que ya cumplió cinco meses. Al ocultamiento del Ejecutivo, se suma la inacción de la oposición en el Concejo Deliberante, que salvo excepciones nada dice sobre el negociado que se desarrolla ante sus narices.

Según la subsecretaría de Tránsito, en los primeros nueve meses de 2018 el sistema generó ingresos por $47 millones, totalizando $133.428.988 en la gestión Arroyo. Por fuera de esa ganancia queda el jugoso canon del 12% que se llevan los puntos de venta en la vía pública.

El gigante de los pagos electrónicos

La marca Todo Pago es propiedad de Prisma Medios de Pago S.A. “Somos una empresa dedicada a desarrollar y comercializar soluciones multimarca y multiplataforma de procesamiento y medios de pago”, se presenta en su web. En realidad es mucho más que eso.

La firma opera Visa, Banelco, Lapos, Pago mis Cuentas y Monedero, que junto a Todo Pago conforman un monopolio en el sector. Su presidente es Diego Martín Maffeo, contador público de  49 años, graduado de la UBA.

Sin respaldo fiscal

Tras la modificación del servicio en mayo, son cuatro las modalidades de uso. La más popular es la app; la segunda, la carga de horas de estacionamiento al número de patente en los kioscos; la tercera, la carga de saldo al número de celular; y la cuarta, con tarjeta de crédito a través de Todo Pago.

Según fuentes de ARBA consultadas por La Tecla, en ninguna de las formas se entregan comprobantes con validez fiscal, lo que constituye una violación a la ley 24.769 del Régimen Penal Tributario. La AFIP establece que todos los contribuyentes están obligados a utilizar controladores fiscales, que son dispositivos que sirven para expedir los comprobantes de venta.

No obstante, en los 98 puntos de ventas se entrega un papel emitido por el POS sin valor fiscal, donde no consta el controlador. En el caso de las transacciones por internet, no se emite factura electrónica, sino que el comprobante es una imagen de pantalla. Los recibos también carecen de información, como responsabilidad frente al IVA, la clave única de identificación tributaria y el número identificatorio del punto de venta.

A fin de año, el Ejecutivo deberá elevar la ordenanza fiscal donde constará el aumento del valor hora para 2019. Mientras tanto, se sigue profundizando un sistema con oscuros manejos de sus fondos, con empresas que participan del juego sin pasar por las correspondientes licitaciones, con una nula fiscalización de los órganos de control y con un movimiento de millones de pesos que no tributan al fisco. 

El antecedente de Plus Mobile

La polémica se instaló en 2013, cuando el por entonces intendente, Gustavo Pulti, firmó el decreto 3038, por el que Plus Mobile Communications S.A. intervino como gerenciadora entre el Municipio y las empresas telefónicas, cobrando un cash inicial de $975.732. La decisión causó la reacción de la UCR, que en el Concejo Deliberante reclamó un proceso de licitación pública.

Allí comenzaron a salir a la luz los oscuros antecedentes de Plus Mobile, con presencia en La Plata, Pilar y Chivilcoy, y luego extendida a Córdoba y Gualeguay. Precisamente, en la capital bonaerense se denunció a la firma por una millonaria evasión fiscal. El titular es el empresario Carlos Ernesto Zipilivan, un abogado de 63 años que en los registros de la AFIP figuraba como monotributista categoría B, es decir, con una facturación de hasta 48 mil pesos por año. Plus Mobile siguió manejando el sistema bajo la gestión Arroyo hasta mayo de 2018.

“Nunca se pidió la ampliación”

El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, descartó una futura ampliación de la zona afectada al sistema. “Nunca se pretendió la ampliación del radio del estacionamiento medido. Hubo un rumor creado por algún medio periodístico de la ciudad”, dijo a La Tecla. Asimismo aseguró que aún deben determinar el aumento que presentarán al Concejo Deliberante para el próximo ejercicio económico.

Respecto de las irregularidades en la emisión de los comprobantes desestimó la relevancia al asegurar que es una cuestión técnica que compete a la Dirección del Estacionamiento Medido. Sin embargo, fuentes de la misma secretaría reconocieron a este medio que el tema de los tickets “es algo donde tenemos controversias”.

Alerta por el uso de los datos

El adecuado uso de la tecnología para el procesamiento de datos de los clientes es una herramienta estratégica para la competitividad de las empresas. Precisamente, gracias al convenio con la Municipalidad, Todo Pago tiene acceso a una nutrida base de datos con nombres, teléfonos, números de tarjetas, patentes y modelos de autos de miles de marplatenses y batanenses, sin que estos hayan prestado algún tipo de conformidad.

Desde la empresa sostienen que “las bases de datos se encuentran inscriptas ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y no tienen finalidades contrarias a las leyes”. Pero la pregunta sobre su uso y destino en manos de una firma con su expansión y su particular composición accionaria es un cuestionamiento que retumba en los pasillos del Palacio Municipal.

“El sistema tiene por finalidad la recaudación”

Balut Tarifa Arenas, concejal de Unidad Ciudadana, consideró que antes que una política de organización de la circulación vehicular, el estacionamiento medido “tiene por finalidad la recaudación”. Asimismo recordó a La Tecla que en 2017 “quisieron incorporar un artículo donde el intendente tenía la facultad de modificar discrecionalmente un porcentaje del estacionamiento” con la intención de ampliarlo a la zona de San Juan y Güemes. Finalmente, la moción fue rechazada por el Concejo Deliberante, aunque se habilitó un aumento del 25%.

Por posición monopólica, Prisma está en proceso de desinversión

La posición dominante de Prisma en el mercado viene siendo objeto de tensiones. Actualmente es propiedad de Visa Internacional y 14 bancos: Galicia, Santander Río, BBVA Francés, Citi, Patagonia, Macro, Provincia, Nación, Itaú, Comafi, HSBC, ICBC, Santa Fe y Credicoop. En septiembre de 2017, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia resolvió su desinversión por abuso de posición dominante. Prisma se comprometió a vender el total del paquete accionario y a que el comprador no pueda ser un grupo de bancos locales, para evitar que no compitan entre ellos. En el acuerdo se estableció un plazo para la concreción de la desinversión, pero la fecha es confidencial, a pedido de los dueños, para no forzar las negociaciones de venta.

La valuación que le dio Goldman Sach está entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Sin embargo, en junio de este año se realizó el proceso de ofertas no vinculantes, donde se presentaron siete empresas –incluida Visa Internacional- y se llegó a ofrecer 2.800 millones de dólares.

Mientras el proceso está abierto, Prisma sigue acumulando ganancias, sobre todo a partir de la disposición de la AFIP que obligó a los comercios a poder realizar transacciones con débito y crédito. Es que Prisma también opera LaPos, que junto con Posnet son las dos principales marcas de POS en el país. Durante el primer mes de la implementación de la ley 27.253 se incrementó 55% la venta de los aparatos electrónicos.