Funcionarios municipales, sindicatos y trabajadores buscan retrotraer la decisión de Renaul, que cerró la planta y dejó en la calle a 160 empleados. La empresa sigue tomada. Un mediático concejal presentó una cautelar por daño ambiental y para suspender la medida.

Audiencia en el Ministerio de Trabajo por el cierre de Metalúrgica Tandil

Autoridades de la empresa Renault, funcionarios del municipio, trabajadores de la empresa Metalúrgica Tandil y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), participaron de una audiencia en el Ministerio Trabajo, tras el cierre de la planta ubicada en territorio tandilense.

El organismo nacional busca un consenso entre las partes, luego del conflicto originado la semana pasada, cuando la firma de origen francés decidió el cese de actividades la metalúrgica, dejando en la calle a 160 familias.

Los trabajadores reaccionaron tomando la planta, además de organizar movilizaciones en la ciudad, que fueron acompañadas por sindicatos y fuerzas sociales de la ciudad.

La intención del gremio es gestionar la declaración de la conciliación obligatoria, que permitiría abrir una mesa de diálogo por el término de 15 días y dejaría sin efecto los despidos.

Del cónclave participaron el diputado nacional Abel Furlán (Secretario General de la Seccional Zárate de la UOM); el gerente local de Metalúrgica Tandil, Gabriel Raffa; el jefe de gabinete Julio Elichiribehety; el secretario de Desarrollo Económico Local, Raúl Moyano; el secretario de gobierno, Oscar Teruggi; el secretario legal y técnico, Andrés Curcio y Blas PUgliese, delegado del Ministerio de Trabajo.

En anto, el concejal y mediático abogado Mauricio D’Alessandro realizó una presentación judicial para pedir que se decrete una medida cautelar de no innovar prevista en los artículos 18, 63 y supletorios de la ley de procedimientos laboral de la Provincia de Buenos Aires contra Metalurgica Tandil S.A.,“ordenando en forma inmediata dejar sin efecto los despidos cursados respecto de todos los trabajadores de la planta Tandil (…) hasta tanto se ejecute el procedimiento de crisis establecido en la Ley 24013 de aplicación obligatoria en el caso”.

Según el letrado, la empresa no solicitó dicho procedimiento ni cumplió con el mismo, pese a que intenta cerrar la planta y decretar el despido de más de cien trabajadores lo que se encuentra “prohibido por la ley mencionada en tanto implica la finalización de la relación laboral del 100 % de la plantilla laboral”, indica El Eco de Tandil.

Además, solicitó “con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo”.

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