Doce días después de que la Comisión Candela pidió al Gobernador, Daniel Scioli, la exoneración de los altos jefes policiales por suponer irregularidades en la investigación del secuestro y asesinato de Candela Rodríguez, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, anunció que Asuntos Internos “intervendría”.
“Se iniciarán los sumarios e investigaciones a cada uno de los funcionarios sindicados en el informe”, afirmó el funcionario. La declaración llegó luego de que el presidente de la Suprema Corte Bonaerense, Eduardo De Lázzari, dio un aval absoluto al trabajo de la comisión. Hasta ese momento el Gobernador había ignorado, con gestos y silencios, la “recomendación” del Senado.
En el informe, los legisladores involucran (por omisión y desvío de pistas) al ex jefe de la Policía, Juan Carlos Paggi, y al actual, Hugo Matzkin. También al superintendente de Seguridad Oeste, comisario general Sergio Bianchi; al director de la DDI La Matanza, comisario mayor Marcelo Cheabriau; al director general de Investigaciones en Función Judicial, comisario general Roberto Castronuovo; al director general de Policía Científica, comisario general Pablo Vázquez; al oficial principal Mauricio Rhodas Pérez y al comisario Javier Eduardo Subira.
Todos ellos, se supone, están hoy bajo la lupa de Asuntos Internos. Incluso no se descarta que puedan ser apartados de sus funciones en tanto dure esta investigación. Sin embargo, hay un detalle que parece desarmar la credibilidad del gesto sciolista: antes de que el titular de Seguridad decidiera investigar a sus jefes policiales, ya lo había hecho. Lo que parece contradictorio, no lo es. La comisión de senadores, que a principio de año inició un proceso de seguimiento de la investigación del Caso Candela, pidió a los pocos meses de comenzada la tarea información al área de Seguridad. Dos días antes de que se presentara el informe final, en la primera semana de septiembre, la auditora general de Asuntos Internos, Viviana Arcidiácono, respondió la requisitoria.
Envió dos corpulentos expedientes, en los que daba cuenta de una investigación “de oficio” realizada por el ministerio. Sin embargo, de esta actuación administrativa, así como de la investigación judicial, “no han surgido indicios o elementos probatorios que involucren a personal de la Policía de la Provincia en el hecho”, se indica en la presentación.
Desde el ministerio afirman que esa investigación se basó en los datos suministrados por la fiscalía a cargo de Marcelo Tavolaro (hoy en proceso de jury), quien no quiso dar copia del expediente. Empero, algunos advierten que no hacía falta tener todo el expediente para observar la posibilidad de una relación entre el secuestro de la menor, las bandas de narcotraficantes de San Martín y la actuación particular de la Policía y la Justicia. La próxima semana volverá reunirse la Comisión Candela, para evaluar lo actuado por los otros dos poderes y analizar los pasos a seguir.
Algunos integrantes evalúan “observar” con mayor potencia las decisiones adoptadas por el gobierno provincial. |
