Política Provincial
19 de septiembre de 2012
ESTA TARDE
Senadores llevaron informe Candela a la Corte
La presidenta del Bloque de Senadores del FpV-PJ, Cristina Fioramonti y el senador Jorge Ruesga entregaron hoy al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Néstor de Lazzari, el informe final que produjo la Comisión especial de Acompañamiento para el esclarecimiento del asesinato de Candela Sol Rodríguez.
La presidenta del Bloque de Senadores del FpV-PJ, Cristina Fioramonti y su par Jorge Ruesga, entregaron al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Néstor de Lazzari, el informe final que produjo la Comisión Especial de Acompañamiento para el esclarecimiento del asesinato de Candela Sol Rodríguez. “La Comisión hizo un trabajo que no es propio de los legisladores durante seis meses, y lo hizo por el ánimo que tiene de que se esclarezca este tema”, dijo la legisladora.
Señaló, además que “el informe se basa en todo lo que se logró recabar en estos meses y formula recomendaciones en el sentido de encarar investigaciones administrativas, de sumarios y de jurys a jueces y fiscales” y agregó “Vamos a mirar cómo cada poder (del Estado) actúa en razón del trabajo que hicimos con rigurosidad y seriedad”.
Fioramonti anticipó que el informe será presentado "ante la procuradora María del Carmen Falbo; el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González; ante el gobernador Daniel Scioli y ante la Cámara Federal”.
Dictamen
Con la firma de los legisladores del FpV Jorge Ruesga- presidente de la Comisión-, Jorge D’Onofrio, Cecilia Comerio, Emilio López Montaner y Diana Larraburu y la de sus pares del GEN-FAP, Omar Foglia y de la CC-ARI, María Isabel Gainza, el escrito presentado resalta: “Esta Comisión recomienda al Poder Ejecutivo exonerar al entonces Jefe de Policía Juan Carlos Paggi y proceder a la inmediata separación del cargo y exonerar al Comisario General Hugo Matzkin, al Director General de Policía Científica Comisario General Pablo Vázquez, al Comisario General Sergio René Bianchi, al Director de la DDI La Matanza Comisario Mayor Marcelo Chebriau, y al Comisario General Roberto Castronuovo", señala el dictamen de mayoría de la Comisión Especial por el caso Candela Rodríguez.
Además denuncian al abogado Oscar Rombolá, defensor oficial del departamento Judicial Morón, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y a la Dra. Guillermina Rapazzo, auxiliar letrada de la UFI interviniente.
Además, tal como adelantó La Tecla.info el pasado jueves, el informe apuntaría, también, contra el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Al funcionario sciolista le cuestionan “la falta de conducción de las fuerzas a su cargo” en el caso y también las “negligencias ante las gravísimas faltas cometidas por la Cúpula Policial y por las Irregularidades y faltas graves cometidas por el personal de la Investigación”.
Otros de los puntos al que el dictamen de mayoría apunta es a la “grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la Policía a los medios de comunicación, que malograron la investigación, y pusieron en riesgo la vida de candela”.
Por otra parte, el senador sciolista Alberto De Fazio, señaló que "esta comisión no tiene el objeto ni las facultades de juzgar" al tiempo que defendió a la administración bonaerense: “No tengo dudas que el caso está bien dirigido, está bien orientado y pronto va a tener algún grado de satisfacción”.
Y añadió: "He visto en estos días las imputaciones genéricas. Nosotros somos senadores. Y tenemos fueros para poder decir todo lo que creamos, pero cuando se hace una imputación en esta casa tiene que ser con nombre y apellido. Estoy absolutamente convencido de que nos encontramos prontos a la resolución de este caso. Hay un fallo judicial y procesal" resaltó De Fazio.
Por su parte, su par Aníbal Aseff (Pro peronismo) consideró que “esclarecer este crimen es una obligación del Estado. En este caso se observa como actuaron las instituciones del estado provincial, sus funcionarios y responsables políticos" y agregó: "es lamentable y preocupante la corrupción policial y la complicidad con sectores vinculados al delito, que ponen en duda a esta institución en detrimento de aquellos hombres de la policía que trabajaron con eficiencia y convicción para esclarecer este crimen y cotidianamente protegen la seguridad ciudadana".
En tanto, el senador del GEN-FAP, Omar Foglia, señaló durante la fundamentación del informe final del Caso Candela que “para terminar con el negocio de la inseguridad, hay que terminar con los circuitos de financiamiento ilegal de la política y la Policía”.
Por último, el legislador apuntó a las responsabilidades compartidas tanto “del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como del Poder Ejecutivo Nacional. Avanzar en un camino común de construcción de políticas de estado para erradicar las causas y condiciones que favorecen el delito y la violencia es hoy la responsabilidad primaria que tenemos como legisladores, para brindar la mejor respuesta a la memoria de la menor, a su familia y a la sociedad en su conjunto. Y, sin duda, la mejor respuesta es la justicia”.
El dictamen de la mayoría solicita remitir las actuaciones a la Procuradora General de la Provincia, Dra. María del Carmen Falbo para establecer las responsabilidades de los fiscales Federico Nieva Woodgate, Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa, y del Juez de Garantías Alfredo Meade, por entender que incurrieron en mal desempeño de sus funciones. La información será aportada al Jury de enjuiciamiento.
Según describió Ruesga, durante los cinco meses de trabajo, la Comisión encontró un expediente judicial caótico en el que se observa que durante la primera etapa de la causa centrada en la averiguación del paradero de Candela, “el espectacular accionar policial tuvo como objetivo dar respuesta a las demandas de los medios de comunicación y de la sociedad, lo que atentó contra la integridad de la niña”.
La Comisión nutrió su trabajo con tres tipos de fuentes. Información extrajudicial, constituida por 2.500 carillas de investigaciones periodísticas; información judicial proveniente de copias certificadas de la causa judicial, legajos judiciales y legajos reservados que suman 18.600 fojas; e información proveniente de los testimonios de 55 protagonistas de los hechos, entre los que hay abogados, funcionarios policiales y judiciales, peritos, periodistas, familiares y referentes comunitarios.
El trabajo de los legisladores estableció que durante las primeras horas de la pesquisa, la “Mesa de crisis”, constituida con las más altas autoridades de la Policía de la Provincia, realizó operaciones de prensa y actuó en forma paralela al expediente. Asimismo el informe consigna que el Fiscal a cargo dejó en manos de la policía la conducción de la investigación y el armado de la causa.
El dictamen de mayoría consideró que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia no ejerció una real conducción de la Policía y que la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio actuó de manera deficiente.
Para consolidar instrumentos que permitan evitar la repetición de estas experiencias, la Comisión recomendó a los senadores abocarse al tratamiento de los proyectos de Ley de Creación de la Policía Judicial , de reforma del Consejo de la Magistratura de la Provincia, de reorganización del Ministerio Público Fiscal, donde se trata la Autonomía de la Defensa, la del Nuevo Régimen de ética en el ejercicio de la Función Pública, la Creación del Observatorio Judicial y de sistemas de alerta a utilizar cuando se denuncie la desaparición de niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, se recomendó trabajar en la elaboración de “un protocolo para averiguación de paradero de niñas, niños y adolescentes, como así también un protocolo a ser suscripto por los medios de comunicación, tendiente a ordenar su actuación responsable en el tratamiento de la información para este tipo de casos”.