Al ratificar la denuncia penal contra el gobernador Daniel Scioli por la presunta comisión de delitos en la extensión de licencias de las salas de juego, el presidente del bloque de diputados Coalición Cívica-Ari, Walter Martello solicitó, también, que se investigue al vicepresidente Amado Boudou.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI, Walter Martello, ratificó esta mañana la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de La Plata (UFIC) contra el gobernador Daniel Scioli y el titular del Instituto de Lotería y Casinos, Jorge Rodríguez, por irregularidades en la renovación automática –por decreto y sin llamado a licitación- de las licencias de 14 bingos en la Provincia. Solicitó, también, al titular de la UFIC, Jorge Paolini, que cite a declarar al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
El pasado 5 de abril, el vicepresidente, al defenderse de las acusaciones que lo vinculaban con la compra de la imprenta de la empresa Ciccone Calcográfica, manifestó públicamente que habría que preguntarse porque no se puede fumar en los bingos de la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Si tiran del hilo encontrarán la madeja".
“Creemos que el vicepresidente Boudou tiene información que, como funcionario público, tiene la obligación de aportar en la causa para poder ir a fondo en la trama de complicidades y corrupción que existe en el negocio del juego en la Provincia”, dijo Martello.
Como se sabe, Boudou lanzó duras acusaciones contra los dueños de la firma Boldt. A partir de esta situación, se sancionó una ley, que entró en vigencia esta semana, que eliminó la escandalosa excepción que gozaban las salas de juego de azar en la Ley Antitabaco aprobada en el año 2008.
Pese a las denuncias que salieron desde el seno del propio oficialismo contra Boldt, acaba de conocerse que el gobernador Scioli le prorrogó de forma automática por un año (hasta octubre de 2013), con un decreto y sin llamado a licitación, la licencia para explotar el casino de Tandil a esta compañía.
Una maniobra similar tuvo lugar en 2009, cuando de forma automática, el mandatario provincial le prorrogó por tres años a Boldt Gaming SA el millonario contrato de provisión de máquinas de captación de apuestas on line. Como si fuera poco, un año más tarde, en 2010, luego de recibir en su despacho a representantes de esta corporación, Scioli firmó el decreto 830 extendiendo a Boldt la concesión del Casino Trilenium de Tigre hasta como mínimo el 1º de diciembre de 2013.
La denuncia contra Scioli y Rodríguez es por "violación de los deberes de funcionario público" (Artículo 174 C.P.), que contempla de dos a seis años de prisión; "abuso de autoridad" (Artículo 248, 249 C.P.), que establece de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación especial por doble tiempo; y “error e ignorancia atendible” que reprime con multa e inhabilitación especial de un mes a un año al funcionario público que “ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
Asimismo, se denuncia el delito de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (Artículo 265 C.P.), que instituye penas de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua.
