Le dio un plazo mínimo de cinco días para hacerlo. Fue denunciado de realizar supuestas maniobras que obligarían a distintas autoridades a contratar a empresas vinculadas a él para realizar distintas tareas ordenadas el propio juez ordenó
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Trascendió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigió al juez federal de Quilmes, Luis Armella, que, en un plazo mínimo de cinco días, explique el mecanismo que viene aplicando para ejecutar las obras complejas y la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha derivado en contrataciones millonarias sin licitación en beneficio de empresas cercanas al propio magistrado.
La Corte se basó en denuncia publicada en el matutino porteño Página 12, el domingo, cuando se desplegó cómo Armella intima a la Autoridad de Cuenca a realizar proyectos y obras en plazos perentorios, bajo apercibimiento de recibir sanciones graves. Ante la premura, Acumar (de la que participan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma junto con catorce municipios) obvia la licitación y adjudica la realización de las obras a empresas cercanas, especialmente por lazos de parentesco, al mismo juez.
Trascendió que la Corte analiza desplazar a Armella de la gran causa de saneamiento del Riachuelo y, si la investigación comprueba las irregularidades denunciadas, la Corte debería formular una denuncia penal.
Asimismo, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga su propia evaluación sobre los procedimientos utilizados y las firmas beneficiadas, y entregue un informe en el plazo “más breve posible”.
Armella fue designado por la propia Corte Suprema para que se ocupara de la ejecución del plan de limpieza del Riachuelo derivado de una serie de sentencias que dictó a partir de 2006 (ver nota aparte).
Las resoluciones supremas dispusieron medidas protectoras y se le encomendaron a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) los objetivos de mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir daños.
