31 de julio de 2012
DENUNCIA
Van a la justicia por los presos en actos K
La Coalición Cívica presentó en la Justicia Federal una denuncia para que se investigue la responsabilidad del titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel y de los Jueces en las salidas irregulares para participar en actos políticos realizadas por personas privadas de la libertad
El fin de semana tomó estado público imágenes de presos participando en actos políticos del kirchnerismo. Esto provocó que, pese a las explicaciones que dio CFK y parte de sus soldados de primera fila, la Coalición Cívica haga una presentación judicial.
Fue el diputado Nacional Carlos Comi quien impulsó la denuncia en la que pidió que “de curso a la investigación judicial pertinente a los efectos de verificar la veracidad de los hechos denunciados periodísticamente y en consecuencia a determinar la probable comisión de algún delito de acción pública por parte de los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, y demás funcionarios públicos que resulten involucrados en función de las irregularidades y demás conductas reñidas con la legalidad”.
El diputado de la CC calificó a las salidas de detenidos como “gravísimos”, sostuvo que se habrían realizado “sin el cumplimiento previo de las previsiones que a tal efecto dispone taxativamente la ley Nacional Nº 24.660″ y que se habrían hecho “para participar de eventos políticos que son disimulados o encubiertos como actividades “culturales”.
“Agrava el cuadro general el serio indicio que señala en algunos casos concretos, que el beneficio se otorga a estos internos, sin mediar las rigurosas condiciones que al efecto establece la ley Nº 24.660. La cuestión debe analizarse e investigarse a la luz del caso testigo del Sr. Eduardo Arturo Vasquez”, añadió Comi.
El diputado manifestó que “deberá tenerse presente en todo momento que los arts. 16 y 17 de la ley 24.660 son los que establecen los taxativos requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento de las salidas transitorias. Debemos inclusive sostener que ninguno de los supuestos tratados legalmente parecen habilitar salidas transitorias para fines de proselitismo político. En tal sentido equiparar las actividades políticas con actividades “culturales” parece en el mejor de los casos un error de concepto” y consideró “Por otra parte el art. 17 inc. I ap. A. requiere –para el caso aplicable al Sr. Eduardo Vásquez- que se haya cumplido por lo menos la mitad de la condena privativa de libertad”.
A su vez, resaltó que “a poco más de un mes de condenado el Sr. Vásquez a una larga pena privativa de libertad –que hasta inclusive puede resultar mayor pues se encuentra apelada por la fiscalía- es a todas luces imposible justificar estas salidas transitorias pretendiendo ligarla bajo el argumento de una reinserción paulatina del reo a la vida en libertad”, planteó Comi a la Justicia y agregó “Precisamente porque Vásquez ha cumplido hasta el momento una mínima parte de la condena que le fuera impuesta, con lo cual se encuentra evidentemente muy lejana la posibilidad material y legal de poder obtener en términos de relativa proximidad su pleno estado de libertad”.
En la denuncia sostuvo “Decimos que es doblemente grave. Y lo es porque es obligación de la Dirección del establecimiento penitenciario velar por la efectiva reinserción social de los reos bajo su custodia mediante el estricto cumplimiento de las condiciones legales creadas al efecto”.
“Solicitar salidas sin adecuados fundamentos o con fundamentos improcedentes y ajenos a la finalidad misma que persigue el instituto de las salidas transitorias, es todo un exceso que derrama sus nocivos efectos tanto sobre el mismo reo que pretende beneficiar, como sobre la misma sociedad que observa impávida el bochornoso ejemplo del modo con el cual se cumplen las penas impuestas por los tribunales del país”, concluyó.