21 de octubre de 2011
EN TIERRAS DEL BARBA
Barrio Nuevo Quilmes: una trampa millonaria
Importantes irregularidades tensan la cuerda de un negocio millonario que puede llegar a atrapar a cientos de quilmeños. Tierras en juicio, propietarios que no pueden escriturar sus bienes, riesgos de inundaciones y funcionarios que dejan hacer
Dichosos quienes pueden disfrutar de una vista al lago, espacios verdes para recrearse y dejar a sus niños correr, respirar el aire puro que viene desde el Río de la Plata. Bienaventurados quienes pueden estar alejados del mundanal ruido de Capital Federal pero a tan sólo 15 minutos para llegar al trabajo.
Esa vida de ensueño se podría dar con el acceso a una de las viviendas o lotes del barrio cerrado Nuevo Quilmes. Pero la realidad a veces golpea la cara de quienes menos lo esperan. Ciudadanos categoría ABC1 y jóvenes profesionales podrían quedar literalmente en la calle y sus sueños, tan sólo dibujados en el folleto de la empresa.
Los compradores de propiedades y terrenos en el country Nuevo Quilmes corren el riesgo de perder su inversión. Planos sin aprobar por parte del municipio y la Provincia, tierra en litigio judicial, contratos fiduciarios de alto riesgo, funcionarios comprometidos, problemas ambientales provocados por movimientos de tierra, son algunos de los inconvenientes que presenta el emprendimiento instalado desde hace tres años en las tierras administradas por Francisco “El Barba” Gutiérrez.
Los responsables del negocio inmobiliario son “amigos” del actual Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri: Claudio Grasso -responsable público del proyecto-, su hermano Gustavo (ex funcionario macrista) y Nicolás “Nicky” Caputo. Estos tres nombres propios conforman URBANIZADORA DEL SUR SA, De Ingra SA, Caputo SAyCIF, LandMark SUR SRL y la Asociación sin fines de lucro “Nuevo Quilmes”, creada para comprar las tierras.
El barrio, que está valuado en U$S 25 millones, cuenta con 100 has, 650 lotes para viviendas unifamiliares y cinco condominios (estructuras multifamiliares) denominados Aquavento, es una caja de Pandora llena de sorpresas y trampas.
Para acceder a los preciados bienes, los interesados pagan, por un departamento de dos ambientes en un condominio, entre 105 y 120 mil dólares. En tanto, por los lotes, se han desembolsado entre 170 y 175 dólares el m2. Pero, quienes hayan accedido a una propiedad del barrio cerrado, o lo estén haciendo actualmente, corren serios riesgos de no poder escriturar nunca.
Por un lado, el contrato que se firma es un fideicomiso. Lo preocupante en este caso es que, en un proyecto que hace agua por todos lados, los inversionistas acceden a un porcentaje del total, cuando todavía no están aprobados los planos de mensura. Y, por otra parte, el predio ubicado en el km 14 de la Autopista La Plata - Bs As está en medio de un litigio.
La Justicia aún no se ha expedido sobre si el origen de las tierras es estatal o la transacción que hizo Telefónica con “Nuevo Quilmes” es válida. “Si se han hecho escrituras, pueden ser apócrifas, ya que si el origen de la tierra es público, eso es imprescriptible, no se puede disponer”, comenta la abogada Mónica Frade a Desafío Económico.
Recientemente, los concejales Roberto Gaudio y Diego Iglesias -que se opusieron a la aprobación del proyecto del barrio en 2008-, están pidiendo que se les remita el expediente del quinto condominio, ya que en principio, iban a ser sólo cuatro. Gaudio dijo a Desafío que “en 2008 no sabíamos cuáles eran finalmente las obras de infraestructuras que se iban a hacer para mejorar el lugar y no complicarle la vida a los vecinos, porque esa es una zona que tiene problemas hidráulicos y de napas”.
También Gaudio e Iglesias presentaron un pedido de informes al municipio por el incumplimiento con la ley 8.912/77, referida a la cesión de espacios verdes y libres públicos y reservas para equipamiento comunitario.
Muchos vecinos temen que se trate de un caso similar al del country Puerto Trinidad, donde los desarrolladores entraron en cesación de pagos, y los compradores tuvieron que hacerse cargo del proyecto.
El concejal Gaudio sentencia: “Van a llover las denuncias penales para los funcionarios que deberían haber controlado porque el poder económico no puede estar manejando los destinos del municipio como lo hace”.
Según el portal Quilmesahora, “el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes, Raúl ‘Ronco’ Méndez, no dudó en comentar ante algunos miembros de la comisión directiva sobre la última inversión que ha realizado junto a su ‘club de amigos’ (…). Parece ser que Méndez, el intendente Gutiérrez, el diputado Carlos Kunkel y el secretario de Gabinete, Walter Di Giuseppe, adquirieron cada uno de ellos una parcela en el country Nuevo Quilmes”.
En tanto, la abogada Mónica Frade, quien trabaja sobre las problemáticas legales y ambientales de este barrio, dijo a este medio que ratifica su desafío público a que el intendente Gutiérrez desmienta la información que afirma que él y otros funcionarios poseen un predio y/o intereses en el flamante barrio.
La trampa del fideicomiso
Una de las patas más graves del problema es que, como los propietarios rubrican un contrato por fideicomiso al costo, les pertenece un mínimo porcentaje del total. A partir de este modo de financiación, se abona el 35% en febrero, y el otro 65% se divide en 20 cuotas, se pesifica, pero el total puede llegar a variar adecuándose al costo real de la obra. Supongamos que hasta acá está todo en regla, ya que puede estipularse cuál es la vivienda o parcela que le tocará a cada inversor.
Pero los compradores desconocen un dato. Desafío consultó a la empresa y desde allí se informó que faltan los planos de subdivisión de las parcelas, y que el trámite está todavía en el municipio. Lo mismo confirmó una fuente de la dirección de Catastro de la Comuna quilmeña. Pero no sólo eso, sino que en el caso hipotético de que se logre pasar este obstáculo, dicho trámite también necesitaría la aprobación de Provincia.
Si esta documentación es rechazada por alguno de los organismos de control, los propietarios no podrán escriturar de ninguna forma.
Desafío le preguntó al presidente del Colegio de Martilleros de La Plata, Aníbal Fortuna, si es habitual que una empresa venda bienes inmuebles sin tener aprobados los planos de mensura. La respuesta fue “yo no me animaría a comprar si no tengo los planos de agrimensura aprobados”.
Aunque desde la empresa le dicen a Desafío que es cierto, que aún no se pueden escriturar las propiedades, también dicen, sin ponerse colorados, que ya se vendieron las propiedades de los cinco condominios, y que hay otros más en construcción, a estrenar en 2013.
A meses de que los inversores puedan trasladarse a sus flamantes propiedades -desde la empresa anunciaron que prevén la ocupación para marzo de 2012-, es posible que tampoco puedan solicitar los servicios básicos como agua, luz y gas, al no contar con la titularización.
La trampa de las tierras
Otro de los motivos por los cuales los empresarios amigos de Macri están jugando a la ruleta rusa con los inversionistas es porque las tierras que fueron adquiridas el 29 de abril de 2008 por un monto de 8 millones de dólares, están empantanadas en un litigio judicial. Algunos de los personajes en escena son la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, y el ex presidente de ENTEL, Guillermo Fox.
Las tierras pertenecieron hasta 1990 a la empresa estatal de comunicación ENTEL. Un día antes de firmarse el contrato de transferencia hacia Telefónica y Telecom, el presidente de ENTEL, Fox, firmó un “acta modificatoria” que habilitó el traspaso de los terrenos en conjunto con el resto de los bienes.
Al día de hoy, está vigente el juicio contra María Julia Alsogaray en el juzgado Nº 7, secretaría Nº 14. El 22 de marzo del año pasado, la oficina Anticorrupción debía fijar una nueva fecha. Sin embargo, el tema todavía no se resolvió.
Los últimos movimientos
En 2009 el geólogo y economista Enrique Bifano y el presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Alcira, Pascual D’Arpino presentaron su reclamo ante la Defensoría del Pueblo de Quilmes por el daño ambiental del emprendimiento. En abril del mismo año, la Autoridad del Agua dijo que “las obras de movimientos de suelo para extracción de áridos (tosca) y conformación de espejos de agua y relleno de sectores bajos no se encuentran autoriza-das, revistiendo las mismas el carácter de clandestinas, correspondiendo la paralización de las obras”.
A fines de 2009, el juez federal Luis Armella dispuso, mediante un amparo judicial, la clausura preventiva de una parte del proyecto. Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares, afirmó que la empresa “cumple con todos los requisitos”.
Un año después, los vecinos de Villa Alcira informaron y pidieron ante el juez que “se respeta la clausura impuesta por la Justicia”. Sin embargo, el 31 de mayo del año pasado, Luis Armella se declaró incompetente en la causa en la que investiga la construcción del barrio privado Nuevo Quilmes. Se giró el expediente al Juzgado de Garantías Nº 3 de Quilmes, a cargo de Marcelo Goldberg y éste decidió no hacer lugar a la solicitud de sobreseimiento planteada al máximo respon-sable del proyecto, Claudio Grasso.
Hasta el día de hoy, la empresa de los amigos de Macri sigue facturando por las ventas de lotes y condominios. Qué sucederá con el destino de los comprado-res, el tiempo, la Justicia, cuando no el Río de la Plata, lo dirán. Por lo pronto, hay unos pocos que se están llenando los bolsillos de dinero, y hay un Estado que actúa al estilo laissez faire, con funcionarios comprometidos en la causa.
LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION Nº 40 DE DESAFIO ECONOMICO