28 de septiembre de 2010
VICENTE LÓPEZ
No hablan japonés y derriban el cerco del Vial
Miles de vecinos se reunieron nuevamente en repudio del megaproyecto que impulsa el Intendente Enrique García. Como método de acción que legitime de su protesta, voltearon el cerco de 300 metros erigido como vallado del vial. La lucha no cesa y la gestión se mantiene minada
El proyecto del Vial Costero continúa sumando rechazos entre los vecinos de Vicente López. El último acto más reciente de repudio a la megaobra fue la eliminación del vallado perimetral de alambre que encerraba al Centro Cultural y la plaza de artesanos, impidiendo el acceso a un nuevo sector del Paseo de la Costa.
Progresivamente, el grupo de vecinos que se fue aglomerando en la zona buscó el método más preciso para derribar el alambrado. Las horas fueron transcurriendo y el movimiento comenzó a sumar adeptos hasta que procedieron a desmontar los postes de cemento y el predio quedó liberado para la circulación.
De esta manera, un importante sector de la localidad de la primera sección exhibió su firme de postura de mantener la lucha en contra el Vial Costero, que ya lleva meses a pesar de los apremios evidenciados por parte de la gestión del “japonés” García.
Cabe recordar que el intendente, con seis períodos ininterrumpidos, hace frente a diversas acusaciones por presunta malversación de fondos públicos, defraudación al Estado, la discutida obra del vial y supuestos hechos de corrupción.
Uno de los más resonantes refiere a, según lo que marca la denuncia, la realización de contrataciones “fantasmas” de otra empresa que debería brindar cursos de capacitación para los empleados municipales y que nunca se efectuaron, por el que la Municipalidad de Vicente Lopez pagó la suma de 3 millones de dólares. En un estado procesal avanzado y luego de nueve años de iniciado, se condenó a Dora Zorrilla (ex Secretaria de Hacienda) a la pena de dos años y nueve meses de prisión preventiva.
La otra denuncia más cercana que enfrenta Enrique García es “por abuso de autoridad”, en el controvertido proyecto del Vial Costero, cuando, según indica la imputación, ejerció un abusivo poder de policía, ordenando el desalojo de un barrio y un club deportivo para avanzar con las obras.
Por otra parte, desde la agrupación Unidos por el Río apuntaron que "se sigue esperando que el Municipio haga una consulta popular o un plebiscito sobre la preservación del Paseo de la Costa".