Audiencia por AySA: dirigentes bonaerenses criticaron el tarifazo y la privatización
El intendente Fernando Gray y el ministro de Infraestructura bonaerense participaron de manera virtual en la audiencia luego de que el gobierno nacional anuncie su privatización.
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La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y el aumento de las tarifas volvieron a generar cuestionamientos desde la provincia de Buenos Aires. Durante una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, rechazaron el rumbo de la empresa y alertaron sobre las consecuencias que podría tener para millones de usuarios.
El encuentro tuvo como eje la propuesta de modificar los coeficientes zonales utilizados para calcular las tarifas de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, las exposiciones de ambos funcionarios también estuvieron atravesadas por las críticas a la privatización y la preocupación por la falta de inversiones para ampliar la cobertura de los servicios.
Gray puso el foco en las obras estratégicas que necesita el sur del conurbano bonaerense y advirtió que el traspaso de AySA a manos privadas podría comprometer proyectos fundamentales. Entre ellos, destacó el río subterráneo Sur, una infraestructura que permitiría garantizar el abastecimiento de agua potable a millones de vecinos de Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Florencio Varela. Según detalló, la obra demanda una inversión superior a los 340 millones de dólares.
AySA: UN NEGOCIO INMENSO PARA LOS VIVOS DE SIEMPRE Participé de la audiencia pública por las tarifas de @AySA_Oficial para defender el acceso al agua potable y las cloacas. El Gobierno nacional está regalando la empresa y pone en riesgo obras esenciales para nuestra región y el futuro de un servicio fundamental. Las familias del conurbano hacen un gran esfuerzo para llegar a fin de mes. El agua y las cloacas son derechos que debemos proteger, no una carga imposible de afrontar.
En ese sentido, el jefe comunal puso en duda que una futura concesionaria privada esté dispuesta a afrontar desembolsos de semejante magnitud, especialmente cuando se trata de intervenciones que no necesariamente ofrecen una rentabilidad inmediata. Para Gray, el Estado debe garantizar la continuidad de esos proyectos y priorizar el acceso al agua y al saneamiento en los barrios que todavía presentan déficits de infraestructura.
El intendente también recordó que recurrió a la Justicia en dos oportunidades para cuestionar distintos aspectos del proceso de licitación. Una de sus presentaciones buscó habilitar la participación de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), mientras que otra apuntó contra la exclusión de las empresas estatales provinciales de la competencia. Además, promovió un amparo contra cláusulas del pliego que, según advirtió, permitirían interrumpir los servicios por falta de pago y contemplarían hasta diez años con niveles reducidos de inversión.
En su exposición, Gray sostuvo que el esquema representa “un negocio inmenso para los vivos de siempre y un enorme perjuicio para millones de bonaerenses”. En consecuencia, reclamó que el Gobierno nacional frene la privatización, ponga límites a las subas tarifarias y garantice un programa sostenido de obras públicas.
Por su parte, Katopodis participó de la audiencia en representación del gobernador Axel Kicillof y apuntó contra los incrementos en las facturas y la reducción de las inversiones en infraestructura. “Por indicación del Gobernador Kicillof, y en representación de todos y todas las bonaerenses nos presentamos en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización”, expresó.
El ministro también cuestionó la decisión de avanzar con la venta de una empresa que, según señaló, había logrado equilibrar sus cuentas. “¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado”, planteó.
En otro tramo de su intervención, Katopodis afirmó que el Gobierno nacional resolvió avanzar con la privatización y trasladar sus consecuencias a los usuarios de los 26 municipios bonaerenses alcanzados por el servicio y de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, sostuvo que las tarifas acumularon un aumento nominal del 555%, por encima de la inflación del período que tomó como referencia, mientras que numerosas obras permanecen paralizadas.
En representación de todos y todas las bonaerenses, por indicación de @Kicillofok, me presenté en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización. ¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado. El gobierno nacional decidió rematar AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y CABA quienes paguen las consecuencias. Estas tarifas ya sufrieron un incremento del 555%, muy por encima del 300% de inflación, y encima paralizaron casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023. Como pasó ayer en Brasil, estas políticas van a tener un freno. No vamos a permitir que dejen a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años.
De acuerdo con los datos expuestos durante el debate, entre 2019 y 2023 AySA terminó 1.307 obras destinadas a mejorar y extender las redes de agua y cloacas. Sin embargo, de los 273 proyectos que se encontraban en ejecución en diciembre de 2023, ninguno registraba avances físicos a mayo de 2026, mientras que tampoco se habían iniciado nuevas intervenciones, según el planteo presentado.
La discusión tarifaria suma otro foco de preocupación. La propuesta de la empresa contempla una suba promedio del 22,6% para el 60% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. De aplicarse sobre los valores de septiembre de 2026, la factura mensual promedio de los hogares alcanzados pasaría de $29.116 a $35.710, sin incluir las actualizaciones posteriores por inflación.
A la par de los aumentos, la inversión destinada a obras de agua y saneamiento habría caído un 75% en términos reales, pese a que la recaudación por el cobro del servicio creció un 135% en el mismo indicador, según las cifras difundidas durante la exposición.
El impacto de la falta de infraestructura también quedó reflejado en los niveles de cobertura del AMBA: alrededor de 3,7 millones de personas, equivalentes al 24,5% de la población, no cuentan con acceso a la red de agua potable, mientras que unos 5,5 millones, el 36,4%, carecen de conexión a las cloacas.