Tensión en San Pedro: una concejala denunció a un edil y la Justicia dictó una perimetral
La concejala Paola Basso, del bloque Nuevos Aires, llevó a la Justicia un conflicto con su par Martín Rivas, a quien acusó de hostigamiento, intimidación y agresiones verbales. El Juzgado de Paz dispuso restricciones de acercamiento dentro y fuera del Concejo Deliberante. El edil rechazó las acusaciones y aseguró que cumple la medida mientras busca revisarla.
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La interna que atraviesa al Concejo Deliberante de San Pedro sumó un nuevo capítulo y terminó en los tribunales. La concejala Paola Basso denunció a su par Martín Rivas por una serie de situaciones que, según su presentación, incluyeron episodios de hostigamiento, intimidación y violencia verbal.
La presentación fue realizada ante la Comisaría de la Mujer y posteriormente intervino el Juzgado de Paz, que dispuso medidas preventivas para resguardar a la edil. Entre ellas se encuentra una restricción de acercamiento que también alcanza al ámbito del Concejo Deliberante.
El conflicto tuvo uno de sus momentos más tensos durante un cuarto intermedio de la sesión realizada el 24 de septiembre en el Club Recreativo Talense de Río Tala. De acuerdo con el relato de Basso, fue ese episodio el que terminó de impulsar su decisión de recurrir a la Justicia.
La denuncia de Basso
La concejala de Nuevos Aires no circunscribió su presentación a lo ocurrido en Río Tala. Según denunció, durante los últimos meses se habrían producido distintos cruces y situaciones de tensión dentro del cuerpo legislativo.
Entre los episodios que describió, Basso sostuvo que Rivas se habría acercado a pocos centímetros de su rostro mientras la filmaba con un teléfono celular y la increpaba durante reuniones de comisión. También afirmó que el edil le habría dirigido expresiones como “inmoral”, “ridícula” y “estúpida”.
La concejala también relató situaciones ocurridas en sectores comunes del Concejo, donde, según su denuncia, Rivas habría realizado expresiones a los gritos y referencias a cuestiones personales y familiares.
En declaraciones posteriores a la presentación, Basso sostuvo que la situación habría ido aumentando de intensidad con el paso de las semanas y que el episodio ocurrido durante el cuarto intermedio de la sesión en Río Tala marcó un límite para ella.
Qué resolvió la Justicia
Ante la denuncia, el Juzgado de Paz estableció una serie de medidas preventivas. La principal dispone que Rivas debe mantener una distancia mínima de cinco metros respecto de Basso dentro del Concejo Deliberante, con el objetivo de garantizar que la concejala pueda continuar desempeñando su función legislativa.
Fuera del ámbito legislativo, la restricción se extiende a 200 metros respecto del domicilio de Basso y de los lugares públicos o privados que frecuente.
La resolución también ordena al concejal abstenerse de realizar actos que puedan ser considerados perturbatorios o intimidatorios hacia la edil, tanto de manera presencial como mediante teléfonos o redes sociales.
La medida tiene carácter preventivo y una vigencia inicial de dos meses, hasta el 29 de noviembre. Además, el juez notificó al presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, para que adopte las medidas necesarias dentro del cuerpo para garantizar su cumplimiento.
El descargo del concejal
Luego de conocerse la acusación, el concejal Rivas expresó: "Rechazo totalmente haber ejercido violencia física o violencia motivada por razones de género contra la concejal Paola Basso. Las diferencias y discusiones que hemos mantenido tuvieron lugar en el marco de nuestra actividad como concejales y estuvieron vinculadas a cuestiones legislativas, proyectos, procedimientos, intervenciones en sesiones y al funcionamiento del propio Concejo Deliberante".
"No se trata solamente de una afirmación de mi parte. Existe una secuencia administrativa previa y documentada dentro del HCD. El Expediente N.º 5796/2026 fue iniciado para solicitar la preservación y entrega de las videograbaciones oficiales de las sesiones involucradas. Esos registros fueron entregados por Secretaría Legislativa el 18 de septiembre, dejándose constancia de que se trataba de copias “sin cortes ni ediciones de ningún tipo”, añadió el edil.
También remarcó que "estas actuaciones institucionales comenzaron antes de que yo conociera la existencia de la denuncia judicial. Respecto de esa denuncia, existe actualmente una medida preventiva que estoy cumpliendo estrictamente. Al mismo tiempo, con patrocinio letrado, ejercí mi derecho de defensa, acompañé antecedentes, ofrecí prueba y solicité judicialmente su revisión por las vías correspondientes".
"No pretendo resolver una cuestión judicial a través de los medios ni de las redes sociales. Sí considero necesario que, ante la difusión pública de acusaciones de esta gravedad, también puedan conocerse los antecedentes, los documentos y mi posición. Voy a continuar ejerciendo mi función como concejal, respetando las decisiones judiciales vigentes y utilizando los mecanismos institucionales para plantear y resolver las diferencias. Los hechos deben esclarecerse con pruebas, garantizando el derecho de defensa de todos y dentro de las instituciones",cerró.
